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Sobre un sistema global basado en reglas, concertinas, muros y muertes en el mar.

Europa está orgullosa de ser el producto político y cultural de una civilización milenaria, en cuyas raíces históricas se encuentra la idea de progreso y una visión universalista de la humanidad que ha dado lugar al nacimiento de las doctrinas de los derechos humanos y de la democracia parlamentaria moderna. Europa es la patria de la filosofía griega, de la ilustración francesa, de la dialéctica alemana. Es el hogar de tradición jurídica romana, de la ciencia de la modernidad y de la separación entre Iglesia y Estado.

El Reino Unido de Gran Bretaña es el alma máter del liberalismo, el lugar donde el utilitarismo humanista reemplazó a la teocracia. Dinamarca es un espacio idílico donde el sueño de la socialdemocracia se hace carne en barrios majestuosos alimentados por un fecundo Estado del Bienestar. España, partera del “derecho de gentes” (precedente inmediato de la doctrina de los Derechos Humanos), iluminador faro del catolicismo social que evangelizó varios continentes es la tierra insigne de Cervantes, Carlos III y Ramón y Cajal.

El Reino Unido de la Gran Bretaña ha aprobado, recientemente, una normativa que permite que los solicitantes de asilo en el país sean enviados a Ruanda mientras se sustancia el expediente. Una idea que está siendo estudiada por otros países europeos. El gobierno socialdemócrata de Dinamarca ha establecido una legislación que implica el traslado de población de los barrios donde hay una mayoría de habitantes “de origen no danés”, aun cuando estos habitantes tengan la nacionalidad del país, para salvaguardar la homogeneidad étnica y cultural de la sociedad. El ministro del Interior del Gobierno progresista español mantiene abiertamente la necesidad de las “devoluciones en caliente” mientras los cadáveres se amontonan en sus fronteras. Justifica la violencia contra solicitantes de asilo que saltan las vallas de Ceuta y Melilla porque no tienen ninguna opción real de hacer sus solicitudes en los consulados españoles de sus países de origen.

Realmente, Europa nunca fue el ilustrado paraíso del humanismo universalista que nos han contado. Los discursos sobre los derechos humanos y la abolición de la esclavitud vinieron acompañados, ya desde su mismo origen, de la violencia del colonialismo y de las teorías del paternalismo civilizador de la “raza blanca”. Europa externalizó la violencia y los procesos de “acumulación por desposesión”, que dieron origen al capitalismo, tan pronto como su clase dirigente se vio incapaz de disciplinar a la clase obrera europea sin garantizarle una capacidad de consumo mínima.

Los discursos sobre los derechos humanos y la abolición de la esclavitud vinieron acompañados, ya desde su mismo origen, de la violencia del colonialismo y de las teorías del paternalismo civilizador de la “raza blanca”.

Europa inventó el racismo como categoría política e intelectual para desplegar su violencia en las colonias. SI bien griegos y romanos convivieron con negros, semitas y orientales, el origen racial nunca fue una categoría con un contenido social concreto en los textos de la antigüedad. Normalmente ni se menciona, y nunca se le presupone un valor social negativo. El racismo es una herramienta intelectual desarrollada para justificar la barbarie de las plantaciones coloniales, en las que la esclavitud garantizó la materia prima necesaria para el desarrollo industrial europeo, en los inicios del modo de producción capitalista. Sin el algodón barato manchado de la sangre esclava en las colonias, la industria textil inglesa nunca hubiera sido capaz de batir a la de la India. La estabilidad europea se sustentó sobre el despojo de los pueblos colonizados y sobre las redes transatlánticas de tráfico de personas.

Ese proceso no finalizó con el fin del colonialismo. Simplemente, ha adoptado otra fisonomía, otra forma de articulación. El señoreaje financiero del dólar o del franco CFA, y la operatoria de los organismos multilaterales hegemonizados por Occidente (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial… etc.) garantizan que los mercados globales estén construidos alrededor de una dinámica de intercambio desigual que implica que la producción industrial del Norte global obtenga mejores precios que las materias primas provenientes del Sur. A esto le acompaña la posibilidad de manipular los intereses de la deuda pública de los estados del Sur mediante las políticas monetarias de los Bancos Centrales de Occidente, y la implementación de los planes de ajuste estructural del FMI que implican la venta, a precios de saldo, del tejido empresarial y los servicios públicos de los países del Sur a los fondos de inversión y a las empresas transnacionales del Norte. El colonialismo ha mutado en un imperialismo ubicuo, persistente, sistémico, que habla de “sistema global basado en reglas” cuando quiere decir “despojo global garantizado por las reglas del Norte”.

La relación de dependencia que ata a los países del Sur y del Norte articula gran parte de las dinámicas sociales y económicas entrelazadas de ambos espacios, aunque gran parte de la población europea la vea como algo ignoto y un tanto lejano. La mayor parte de la huella ecológica de la sociedad europea está en África. Allí están las minas de litio o de cobalto, los caladeros de pesca, la agroindustria que surte los mercados de frutas y hortalizas de Europa sin tener que cumplir la normativa fitosanitaria o ecológica comunitaria. Más allá de la contaminación del aire en Chamberí, la huella ecológica de Madrid está también en las minas del Congo, en el campo marroquí, en las plantaciones de soja de Argentina o Paraguay, en los pozos petrolíferos de Nigeria.

El derecho de asilo, según la visión jurídica occidental, es una obligación humanitaria de todos los Estados de la que no se puede abstraer ninguna democracia digna de este nombre.

Y con el despojo y la huella ecológica viene la huella social: guerras, represión, miseria, feminicidios, inestabilidad política crónica. Tropas francesas que salvaguardan a “gobiernos amigos” en África o marines norteamericanos que desembarcan en Panamá o la isla de Granada. “Vuelos de la muerte” que llevan a desconocidos militantes árabes a centros clandestinos de torturas y golpes de Estado recurrentes animados por agencias de mercenarios y embajadas. El humanismo idealista del derecho internacional no puede negar la ubicuidad de la indignidad y la violencia como sustrato fundamental de nuestro modo de vida.

El derecho de asilo y refugio es una vieja creación jurídica europea, en su versión actualmente difundida. Gracias al derecho de asilo, los revolucionarios liberales pudieron escapar de los gobiernos absolutistas del Antiguo Régimen, en los siglos XIX y XX, e implantar las democracias modernas de las que se enorgullece Europa. El derecho de asilo, según la visión jurídica occidental, es una obligación humanitaria de todos los Estados de la que no se puede abstraer ninguna democracia digna de este nombre.

Sin embargo, Europa está mutando. La fortaleza construida en el continente para limitar la migración de las multitudes desposeídas del Sur global, hecha de fronteras plagadas de concertinas y vigilancia represiva contra migrantes económicos y solicitantes de asilo, está experimentando una transformación brutal, un cambio cualitativo hacia la indignidad.

La expansión de las organizaciones políticas de ultraderecha en Europa y la diseminación de las teorías contrarias a la inmigración ha transformado la legislación europea de una manera que hace treinta años hubiese sido vista como impensable.

Podríamos hablar, de nuevo, de las políticas destinadas a enviar a quien solicita asilo en países europeos a lugares como Ruanda o Albania. De la intervención de Frontex (la autodenominada “policía de fronteras” de la Unión Europea), que ha sido acusada de numerosas “devoluciones en caliente” que han acabado en muertes de decenas de migrantes en el mar Mediterráneo, y de ser un caladero de una extensa trama de corrupción institucional. De la “Ley Mordaza” española y su jurisprudencia derivada, que ha admitido las “devoluciones en caliente” de solicitantes de asilo, si estos alcanzan el territorio español sin haber hecho su solicitud en los consulados de los países de origen, a los que, por otra parte, se hace imposible el acceso de los migrantes. De la nueva legislación del gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, que obliga a los barcos de salvamento de las ONG que trabajan en el Mediterráneo a dirigirse a puertos a miles de millas náuticas del lugar de recogida de los migrantes para, simple y llanamente, dificultar todo lo posible que sigan salvando vidas.

La expansión de las organizaciones políticas de ultraderecha en Europa y la diseminación de las teorías contrarias a la inmigración ha transformado la legislación europea de una manera que hace treinta años hubiese sido vista como impensable.

Europa necesita el cobalto africano para su transición ecológica. Nuestros rutilantes coches eléctricos están regados de sangre y sufrimiento a miles de kilómetros de las electrolineras que pagamos los contribuyentes para hacernos la idea de que salvaremos el mundo con nuestra buena voluntad, mientras Iberdrola hace pingües negocios

Europa necesita el trabajo migrante. Sustenta nuestro sistema de Seguridad Social, la limpieza de nuestras casas, la producción de nuestros invernaderos de frutas y hortalizas, el cuidado de nuestros mayores. Europa necesita recursos mudos, pero vienen personas trabajadoras, creativas, esforzadas, valientes.

La oligarquía europea necesita migrantes. Pero les necesita mudos, “ilegales”, subordinados, en aislamiento. Un ejército industrial sin derechos que se pueda utilizar como la “cabeza de turco” (reveladora expresión) de los problemas y las ansiedades de la clase obrera autóctona. Necesita que la multitud migrante sea vista como un elemento de fragmentación de las clases populares, como un cuerpo extraño, como una competencia ilegítima. No necesita a migrantes que operen como una ventana abierta al infierno del Sur del mundo o como un puente a las luchas de sus poblaciones. No necesita migrantes insurgentes.

La oligarquía que habla de “un sistema global basado en reglas” ha llegado a la conclusión de que el derecho de asilo es un lujo que no puede permitirse, y de que su único futuro posible pasa por enfrentar a las clases populares entre sí, por difundir la doctrina de la confusión y el caos racista, por buscar una “guerra civil larvada” en las barriadas proletarias entre distintos tonos de la piel y distintas tonalidades del habla. La ultraderecha, que cada vez tiene más predicamento en los despachos institucionales, busca el caos social para reinar sobre él en base a la corrupción y la represión.

Europa está en trance de convertirse en una hidra autoritaria. La doctrina de los derechos humanos y el universalismo está en crisis porque ya nadie quiere tomársela en serio. No es operativa para el dominio en un contexto de guerra global en ciernes y crisis permanente. La guerra que se anuncia contra las potencias emergentes precisa el abandono del sueño humanista europeo y la reactualización de las dinámicas del control de las poblaciones mediante la jerarquización de sus diferencias (machismo, racismo, clasismo…).

La clase trabajadora, hoy, no tiene nada que ver con el canónico cartel del tipo musculoso manejando un martillo, bañado en sudor. Pero todos los referentes culturales de nuestra sociedad interpelan a esa imagen como si siguiera estando viva, ya sea para idealizarla, criticarla, cancelarla o negar que nunca hubiera existido.

La clase obrera, hoy, es plural, mestiza, diversa. Hay quien quiere convertir esa abigarrada multitud de variaciones sobre el tema de la precariedad y la explotación en fragmentación y conflicto, en una caótica guerra de razas, géneros, edades o estatus profesionales.

El sueño humanista de Europa, el proyecto histórico de su clase obrera será diverso y saltará sobre las fronteras. O no será.

La acción del sindicalismo combativo precisa de un discurso de la totalidad, dirigido a todas las variantes del trabajo. Un discurso que haga aliarse a las fuerzas dispersas de la mayoría social, más allá de sus diferencias, pero sin negar la legítima existencia de su pluralidad y la imperiosidad de sus necesidades asociadas. Pero esa totalidad es, ahora, de una multiplicidad anonadante.

No debemos olvidar que en nuestra sociedad hay riqueza para todas las formas del trabajo. Producimos la abundancia y esa misma abundancia, regida por los criterios de la sostenibilidad ecológica y la justicia social, podría garantizar una vida digna para todas. Pero esa misma abundancia es producida por la abundancia vital, el excedente creativo, de una clase obrera proliferante, plural, diversa, múltiple.

El sueño humanista de Europa, el proyecto histórico de su clase obrera será diverso y saltará sobre las fronteras. O no será.

Este artículo se publicó originalmente en la revista Libre Pensamiento nº 115, otoño 2023

El Código penal de la cancelación

Desde hace unos días, se habla en los medios hispanohablantes –y mucho– del enésimo fenómeno observado en EEUU, la llamada cultura de la cancelación. Como las gentes provincianas y acomplejadas que somos, estamos importando el término y lo que haga falta. La idea es que determinadas acciones y actitudes son sumariamente consideradas intolerables y llevan a que, a continuación, personas y medios asociadas a tales cosas intolerables sean, a su vez, vetadas («canceladas»).

A principios de mes, un manifiesto firmado por, entre otras muchas, Margaret Atwood, Salman Rushdie y Noam Chomsky señalaba la amenaza que para el debate público supone el iliberalismo, encarnado en parte por la «derecha radical» y con un «poderoso aliado» en Donald Trump. Esa carta abierta probablemente tenga muchas trampas en cuanto a quienes la firman y sus intenciones, como comenta Jonathan Cooke. Lo interesante, visto desde los movimientos transformadores del estado español, es que podemos estar de acuerdo en alguna medida: sabemos estar de acuerdo entre nosotras y sabemos vetarnos, acusarnos, etc., pero no se nos da tan bien convivir en disenso en cuanto este es un poco fuerte. A menudo tenemos miedo al conflicto cuando no es con las del otro lado de la barricada, sino con nuestra propia gente, y, si hay un conflicto de visiones más fuerte, pasamos del remanso de paz a la bronca, el insulto, la falacia y, según el caso, la difamación. En ese sentido sí parece saludable ese toque de atención y uno pensaba –ingenuo– que la cosa quedaría ahí.

Sin embargo, este domingo pasado nos encontramos con una carta de apoyo a la carta estadounidense desde el estado español. La firman desde Fernando Savater a Elvira Roca Barea, pasando por Juan Luis Cebrián, Jorge Bustos o Mario Vargas Llosa; sólo faltan José Luis Moreno y la cabra de la Legión. También la firman, por incomprensibles motivos, Patricia López (Público) y Guillem Martínez (Ctxt).
A esta buena gente también le preocupa que se empobrezca el debate público y se estreche la libertad de expresión, así que sobre los MCs empujados al exilio (Valtònyc) o sentenciados a prisión (La insurgencia y Pablo Hasel, que quizá tenga que entrar próximamente a cumplir tiempo de condena) dicen… nada. Sobre las usuarias de Twitter perseguidas por chistes y comentarios sobre ETA y/o los GRAPO, nada. Sobre la cancelación del cineasta Nacho Vigalondo por sus chistes en 2011 en Twitter o la de Guillermo Zapata como concejal en 2015 por haberse solidarizado con él (permitida, si no alentada, por el resto de Ahora Madrid, empezando por la alcaldesa), ni una palabra. ¿Algo sobre cómo un juez ex-policía franquista la emprendió contra dos titiriteros (y Ahora Madrid les dejó a los pies de esos caballos, también a ellos)? Nah. Sobre la caza de brujas que lleva a cabo la Asociación de Abogados Fariseos Cristianos contra la Cofradía del coño insumiso, Willy Toledo, Netflix (por la película La primera tentación de Cristo) y el artista Abel Azcona, o la del propio ministerio fiscal contra el bertsolari Xabier Silveira también por blasfemar (de momento, todas las sentencias han sido de absolución), tampoco hay palabra. ¿Quizá algo sobre la exposición de Santiago Sierra Presos políticos en la España contemporánea, retirada por ARCO? Pues tampoco.
Entonces ¿qué preocupa a estas intelectuales, que miran a Washington DC mientras se sientan sobre los siniestros calabozos de la Audiencia Nacional? A diario oímos comentarios sobre las feministas o las personas inmigrantes, particularmente sobre los varones y/o musulmanes, comentarios que son objetivamente falsos, intencionadamente difamatorios o ambas cosas sin que haya problema legal, ¿eso no les preocupa? ¿Qué debate va a quedar si las propias categorías de verdad y mentira son negadas? Y a la vez ¿en qué estado de derecho creen que vivimos si persisten los delitos de odio y se insiste en usarlos no para proteger a minorías desfavorecidas, sino a la población católica o a los policías (¿¡!?), qué ley, si se mantienen los delitos de enaltecimiento, contra los sentimientos religiosos y de humillación a las víctimas del terrorismo? ¿Cómo pueden apoyar en cuestión de libertad de expresión a yanquis, si allí al menos tienen reconocido el derecho a quemar su bandera por sentencia del Tribunal Constitucional, mientras que aquí constituye un delito de ultraje a la bandera?

Al final, está claro que tenemos que seguir debatiendo e intentando evitar los conflictos de opinión con delitos de opinión. También que estos últimos son invisibles, al igual que la degradación de la idea misma de verdad, para quienes viven más o menos cómodamente en el tinglado actual porque tienen una columna de opinión o una cátedra.

La otra cara del «espíritu de Ermua»

El 13 de julio de 1997 se confirmaba la anunciada muerte de Miguel Ángel Blanco. Este desconocido y joven concejal de una localidad vizcaína no mucho más conocida, Ermua (aproximadamente 16.000 habitantes), aparecía moribundo por dos disparos tras dos días de secuestro por parte de ETA, que había exigido el acercamiento de sus presos al País Vasco como condición para liberar a Blanco sano y salvo. Era la culminación de la campaña, empezada dos años antes, de atentados contra alcaldes y concejales del PSOE y, sobre todo, del PP. Decimos que era su culminación no porque la campaña terminara ahí, sino porque este asesinato fue percibido como el más gratuito y cruel y suscitó, por todas sus características, la mayor indignación. El público había seguido sus dos días de desaparición sabiendo que su superviviencia estaba prácticamente descartada y, en cuestión de horas, conocía su hallazgo –herido de muerte– y seguía, con el dramatismo de la información en tiempo real, su traslado al hospital y su muerte, horas después.

Las movilizaciones siguientes fueron de las mayores que se habían visto en la historia del estado español y se habló de un cambio de ciclo con respecto a la normalidad de la presencia de ETA en la vida política vasca. Se habló de un «espíritu de Ermua» basado, por un lado, en una idea de superioridad moral –de ahí el símbolo de las manos blancas frente a las manos «manchadas de sangre»– de las «demócratas» (categoría laxísima que aglutinaba de hecho a todas las personas que se opusieran a ETA) y, por otro, en la lógica del cordón sanitario: el rechazo de la actividad y existencia de ETA exigía su condena, la falta de condena por parte de algunas organizaciones (todas las del bloque KAS, empezando por la coalición Herri Batasuna) exigía el aislamiento institucional y social de estas por parte de las demás, el incumplimiento de esta exigencia de aislamiento implicaba el rechazo de otras (EA, EB, EAJ-PNV) y la aparición, fuera de ellas, de voces partidarias del diálogo (como la organización Elkarri o algunos miembros del PSE-PSOE como Gemma Zabaleta) llevaba hasta estas el escarnio público.
Esta nueva vuelta de tuerca en el antiterrorismo omnipresente tendría episodios menos trágicos, como el esperpento del concejal jiennense Bartolín, que fingió haber sido secuestrado por ETA diez meses después de que lo fuera M. A. Blanco y se convirtió sucesivamente en mártir, héroe y vergüenza de ilustres peperos como Carlos Iturgaiz, o la cruzada judicial de la «doctrina Garzón» que, a lo largo de los últimos diecinueve años, ha acrecentado la inseguridad jurídica en el estado español al ampliar los delitos de terrorismo (ya antes laxos) a cualquier cosa que un tribunal considere inserta en el plan de una organización previamente considerada terrorista, lo que ha llevado a la clausura de dos periódicos, una revista, una emisora de radio, tres páginas web, once partidos y candidaturas políticas y seis organizaciones de otros tipos (juveniles, antirrepresivas, etc.), además de una serie de operaciones policiales contra otras.
Un antiterrorismo omnipresente sobre el que volveremos más adelante y que, pese a tener parte de especificidad española, se integraría sin muchos problemas en el ámbito internacional y más con la elección de Ariel Sharon como jefe de gobierno israelí (febrero de 2001) y la cruzada antiterrorista global lanzada por EEUU tras el 11-IX-01.

No obstante, volviendo al ámbito estatal, algo poco recordado de aquellos días de espíritu de Ermua es la violencia que surgió inmediatamente al margen de lo institucional, si bien jaleada desde PP, PSOE  y medios de comunicación afines («¡A por ellos!», jaleó la periodista Victoria Prego en el masivo acto de homenaje a Blanco). El año pasado, un medio reaccionario recordaba con cierto orgullo cómo el 13 y el 14 de julio del 97 se asaltaron herriko tabernas y locales de HB (en algunos casos, para incendiarlos a continuación) y cómo las manifestantes imbuidas de ese espíritu enviaron al hospital a no pocas independentistas.

El ambiente de todo-vale-contra-el-terrorismo dio cierta cobertura moral y política a todo lo que se percibiera como contrario a ETA y, hubiera mayor dosis de casualidad o de causalidad, el reguero de sangre siguió en el otro lado. Si el 12 de julio hallaban a Miguel Ángel Blanco tiroteado por un comando Vizcaya y el 13 moría, el día 20, Juan Carlos Hernando, Peli, colaborador de otro comando Vizcaya anterior de ETA, aparecía ahorcado en las duchas de la prisión de Albacete a unos meses de obtener la libertad condicional; el 4 de agosto desaparecía en su exilio mexicano de Irapuato (Guanajuato) el ex-miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas José Luis Salegi, Txipi, señalado durante años en los medios como líder de un sector de autónomas que se acercaba a ETA, para ser hallado muerto dos días después (de un infarto de miocardio, determinaron las cuatro autopsias realizadas) y con un grupo de desconocidas con acento español interesándose por sus restos, y el 24 de septiembre, dos supuestos miembros de otro comando Vizcaya de ETA, José Miguel Bustinza y Gaizka Gaztelumendi, morían por disparos de la Guardia Civil en pleno centro de Bilbao, sin que se llegara a aclarar nunca si aquellos habían hecho o no uso de sus armas.
Puede sorprender que en esa lista no se encuentre ninguna de las miembros del comando acusado de matar a Blanco, pero aún falta por recordar el epílogo. El 20 de marzo de 1999 aparecía muerto en Orereta José Luis Geresta, considerado el segundo responsable directo del asesinato de M. A. Blanco, en circunstancias muy extrañas (como había ocurrido con otro miembro de un comando Vizcaya, Josu Zabala, en marzo del 97). Once días antes, precisamente en una operación garzoniana, Nekane Txapartegi, concejal de HB y pareja o amiga de Geresta, según la fuente, había sido detenida acusada de ser parte del supuesto «aparato internacional» de ETA. No estamos en condiciones de acusar a nadie de las muertes de J. C. Hernando ni de J. L. Salegi, por lo que no lo haremos. No obstante, no pueden dejar de resultarnos sospechosas, por quiénes eran y por el momento en que ocurrieron, así como por las circunstancias que las rodearon. Los casos de Bustinza, Gaztelumendi y Geresta nos parecen claramente más sospechosos y, si bien no podemos achacar responsabilidades personales ni institucionales concretas, nos parecen claras las responsabilidades sociales y políticas por las que estas muertes fueron generalmente acogidas entre el silencio, la indiferencia y el placer.

Ese espíritu, sin el empuje inicial pero con la inercia de tiempos previos fortalecida, es el que permanece hoy día. Sin tiroteos –sospechosos o no–, sin más desaparecidos que los pendientes desde la etapa 1973-1980, el furor antiterrorista resulta ser mucho más persistente que el propio terrorismo. Permite que aumente la lucha contra supuestos enaltecimientos del terrorismo cuando no existe terrorismo, busca comandos anarquistas donde hay anarquistas sin comandos y busca gravísimos linchamientos terroristas donde sólo hay una pelea de bar. Una diferencia semántica que puede costar a ocho jóvenes entre 12 y 62 años de cárcel.

Esquiroles

Una huelga, como todas sabemos, es un método de presión y lucha en defensa de unos intereses comunes. Como tal, una huelga es una ruptura a la rutina impuesta a través del paro de la producción o la(s) jornada(s) de clase en el caso de ser estudiantil. No obstante, una huelga no siempre es apoyada totalmente y hay quienes estando en el mismo barco, es decir, estando en el mismo centro de trabajo o de estudio se ponen en contra de ella. La más famosa excusa que se escucha es la del derecho a ir a clase/al trabajo. Por lo visto, la mayoría de las personas han interiorizado el egocentrismo propio de las sociedades occidentales. Se olvidan de que todos los derechos sociales que hoy están siendo recortados han supuesto en el pasado luchas que costaron sangre para hacerlos efectivos.

Un esquirol es aquella persona que, en una(s) jornada(s) de huelga, se escuda en que existe un derecho que le otorga potestad para ir a clase o al trabajo a recibir sus días de salario y las palmaditas de «buen chico» del empresario. Un día de huelga significa un día de lucha en defensa de nuestros intereses de clase, en defensa de los derechos sociales conquistados y tratar de frenar medidas que van en contra nuestra y a favor de los intereses capitalistas. Es curioso que los esquiroles se acuerden del derecho a ir a clase/al trabajo cuando hay huelga pero se olviden de ello el resto de los días en que no hay huelga. ¿Dónde está esa gente que tanto se revuelve para no ir a una huelga cuando vemos cómo se destruye el empleo cada día y cómo los y las estudiantes cuyas economías no le permiten pagar las elevadas tasas de un grado universitario tienen que dejar la carrera? ¿Se acuerdan de los casi 6 millones de parados y paradas, de esas estudiantes expulsadas de la Universidad y de las que acabaron la carrera y no encontraron empleo acorde a su cualificación? Pues quienes hacemos huelga sí nos acordamos de todo lo anteriormente mencionado y es a través de ella por la cual lo defendemos. Un ejemplo de ello —y bastante conocido ya— es la jornada de 8h, conquistada a través de huelgas generales y no solo en el Estado español. Aunque a primera vista pueda parecer irónico el dejar el puesto de trabajo para defenderlo, en realidad es todo lo contrario. Las huelgas llevan el conflicto a otro nivel, paralizando la producción y generando pérdidas a la empresa como método para hacer valer nuestras reivindicaciones, como por ejemplo frenar un ERE. A través de ellas, se consiguieron echarlos atrás, como pasó por ejemplo, con la de los barrenderos de Madrid hace un tiempo.

Entonces, ¿qué es eso del derecho a ir a clase/al trabajo en las jornadas de huelga? Nada más ni nada menos que justificar el esquirolaje, ¡a eso no se le puede llamar derecho, sino más bien privilegio porque supone dificultar la conquista de otros derechos y reivindicaciones!. Asistir al trabajo por tener un día más de salario solo es pan para hoy y hambre para mañana porque en el día que le despidan, de nada le servirá ese día de salario, y aún peor, practicando el esquirolaje solo hará que perder apoyos de cara a hacer frente a un abuso patronal. En cuanto al esquirolaje en el ámbito estudiantil, quienes lo practican casi siempre son personas que disfrutan de privilegios y no tienen problemas económicos ni nada parecido, quienes no son de familias trabajadoras y pueden costeárselo todo. Hay que ver lo profundamente hipócritas que son estos estudiantes que reivindican su privilegio a ir a clase en días de huelga, pero les importan bien poco picarse clases enteras por resacas, para salir de fiesta o simplemente porque no tienen ganas. Ya no nos creemos vuestros lloriqueos para ir a clase, miserables esquiroles.

El esquirolaje beneficia a la clase dominante al dividir a las clases explotadas, es una vieja y conocida táctica de la patronal para romper huelgas y neutralizar nuestras reivindicaciones e intereses de clase. Practicar el esquirolaje es hacerle el juego a quienes nos explotan por costumbre para satisfacer egos personales y anteponer ese ego a lo que pueda ocurrirle al resto. Eso sí, los esquiroles callan cuando disfrutan de los derechos conquistados por quienes hacemos huelga. ¿Por qué no renuncian también a ellos?

El PP pretende modificar la ley que regula el derecho de manifestación

Que nuestro estimado gobierno del Partido Popular no es muy amigo de la gente que se manifiesta es algo conocido por todes nosotres. Que la señora delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tiene una opinión peculiar sobre los derechos civiles también lo sabemos. Así que, por desafortunado que sea, que ahora intenten limitar el derecho de manifestación no nos sorprende. Pero sí que nos entristece.

Según comentan en Público, la señora Cifuentes hace poco que ha afirmado que la ley que regula el derecho de manifestación es muy permisiva (sic) y que debería ser modulada para racionalizar mejor el uso del espacio público. ¿Su argumento? Pues que en Madrid hay demasiadas manifestaciones (casi 2.200 en lo que va de año). Pero yo me pregunto: ¿se puede hablar de demasiadas manifestaciones? ¿No es acaso un derecho que tenemos les ciudadanes del Estado español? Nos manifestaremos cuando queramos y cuantas veces creamos convenientes, digo yo.

Pero ni el PP ni la señora Cifuentes parecen pensar de este modo. Para la señora delegada del Gobierno, el derecho a manifestarse ha de respetar el derecho que tiene el resto de ciudadanes a pasear tranquilamente por la calle (como si ahora ella fuera la defensora del pueblo, o  mejor dicho, la defensora de les viandantes). Pero va más allá, porque también aseguró que la ley que regula el derecho es muy vieja por ser de 1983 (y yo me pregunto, entonces, cómo de vieja es nuestra Constitución que permite la existencia de la Casa Real).

Eso sí, la señora Cifuentes se ha esmerado en dejar claro que su intención no es la de recortar los derechos civiles, sino modular un derecho que necesita ser racionalizado. Ella misma afirmó que el tema requerirá de un amplio consenso, aunque lo cierto y verdad es que para el Partido Popular la palabra consenso se limita a un color: el azul.