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Pandemia y capital

[Este artículo es un capítulo de Anarquismos por venir. Balance de década para una política anarquista. de G. Juncales y editado por 17Delicias y Grupo anarquista Cencellada.

El libro ha salido en septiembre de este año.]

Escribir sobre política tras 2020 hace imposible no referirse a lo ocurrido tras la irrupción de la pandemia global por el virus COVID-19. El balance para el anarquismo es una muestra palmaria de incapacidad política bordeada por otros aciertos que a la vez son bastante relevantes. El siguiente apartado pretende hacer un balance crítico de la actividad del anarquismo ante la pandemia, centrado fundamentalmente en Castilla y el resto de las Españas, pero bastante generalizable al resto del anarquismo mundial.

El presente balance requiere de distinguir tres coyunturas superpuestas de mayor a menor generalidad: la primera es la restructuración capitalista global en curso y su relación con la pandemia, la segunda la coyuntura el espacio político antagonista respecto de la pandemia y la tercera la apertura de nuevas líneas de conflicto internas del anarquismo.

En primer lugar, contextualizar la pandemia con la restructuración del capitalismo global es “poner la pandemia en su contexto”, tal y como hace Corsino Vela (1). Esto nos pone sobre la pista de dos cuestiones: cómo la pandemia ha beneficiado a algunos sectores del capitalismo global y cómo la pandemia ha afectado de forma diferente a las distintas clases sociales e incluso de forma diferente a distintos segmentos de las clases. El principal motor de la reconversión por la que apuestan los sectores más punteros del capitalismo global es la digitalización y la apuesta por la desmaterialización de gran parte de los circuitos de valor. Esta apuesta es básicamente una profundización de la estrategia de financiarización + informatización de las últimas décadas apoyadas en una mayor penetración de tecnologías digitales en la esfera social a través de redes sociales. La pandemia aquí ha venido a acelerar el proceso, provocando una profunda crisis económica que permita la reestructuración y, ya de paso, moviendo las posiciones en política económica de las principales potencias (EEUU-UE) hacía un mayor intervencionismo de mercado precisamente para acelerar las inversiones necesarias para esa digitalización (redes de telecomunicaciones de alta capacidad 5G, generación energética distribuida para un mayor consumo eléctrico, administraciones digitalizadas para una mejor integración público-privada).

La pandemia, por su parte, no sólo ha desencadenado una crisis económica sino que también ha sido el contexto en el que se han puesto en marcha una serie de medidas de excepción bajo justificación epidemiológica que ha supuesto una profundización de la desigualdad social en prácticamente todo el mundo. Si a ello le sumamos el colapso temporal de un sistema sanitario orientado a la productividad económica y no a la salud de la población, nos encontramos con una clase obrera expuesta a unas cifras de muertes completamente evitables no ya con una revolución social, sino con medidas sanitarias de contención, tratamiento y seguimiento coherentes. En particular, los países del centro global han sido los más golpeados por una gestión interesada y mezquina de la pandemia, preservando en todo momento la circulación de capitales, lo que se ha traducido en unas cifras de muertes insólitas.
Esta coyuntura general nos lleva a analizar cuáles han sido las posiciones políticas radicales, anticapitalistas y, como término general, antagonistas. Está claro que la pandemia ha sido un impacto repentino que nadie se esperaba, a pesar de tener numerosos avisos. Eso se ha hecho notar en un espacio político que vivió desde la parálisis los primeros momentos de la pandemia, obsesionados por el día a día militante. Febrero de 2020 terminó a las puertas de un 8 de marzo en el que preocupaba más la fractura en torno al asunto trans que el confinamiento que ya se perfilaba. Así fue que cuando a mediados de marzo toda Europa recluyó a sus poblaciones en sus viviendas con los ejércitos en las calles, la mayor respuesta por parte del espacio antagonista fue la solidaridad semi-espontánea a través de redes de distribución de alimentos que facilitaran el confinamiento a los sectores más vulnerables sanitaria y económicamente. Esta situación se alargó más de lo esperado y no faltaron los comunicados que se perdían en unas semanas en las que la única forma de relación social fue digital. Tras este primer impacto, vino una primera reacción ante el confinamiento espoleada por la ultraderecha europea que destilaba un aroma a negacionismo (en distintos grados: desde negar la existencia del virus a negar su importancia). En las Españas esto se tradujo en las caceroladas de abril y mayo que ahogaron los aplausos de las 20h. Esas primeras caceroladas y espectáculos callejeros de la derecha se amplificaron lo suficiente para inducir la idea de que “la derecha se ha quedado las calles”. Sin entrar a valorar la justicia de esta afirmación, lo indiscutible es que inmediatamente empezaron a emerger “paseos populares” a modo de contra-manifestación antifascista. Al rebufo de los acontecimientos y con complejo de inferioridad, el espacio antagonista ha estado dando cada paso básicamente con miedo al siguiente.

Estos complejos han sido generosamente alimentados por parte de una corriente interna de opinión que considera que no se ha reaccionado lo suficiente al despliegue autoritario de los Estados ante la pandemia. Incluso, quienes afirman que el confinamiento fue excesivo, injustificado e ineficaz para evitar muertes; y cargan sobre la izquierda política y social su irresponsabilidad por permitirlo.

Estas críticas son injustas con la izquierda social en general y con los espacios políticos antagonistas en particular -anarquismo, comunismo, independentismo… -. La progresión hacia estados más autoritarios no es una novedad de 2020 ni de la pandemia. La pasada década se conjuran tres elementos que fomentan el aumento del autoritarismo estatal y el refuerzo de la legislación y la práctica represiva estatal:

1- El cierre del ciclo global de movilizaciones de 2011 con una nueva estrategia de contrainsurgencia y represión social. El caso español es especialmente representativo a este respecto: en 2014 tras el colapso de las movilizaciones rupturistas con las marchas de la dignidad y la respuesta a la abdicación del Rey, se pone en marcha la Ley Mordaza y diversos operativos “antiterroristas” contra anarquistas (operaciones pandora, piñata), independentistas y otros militantes sociales. Sin este antecedente, la salida militar con la que el estado respondió en 2017 al referéndum catalán no puede entenderse, pero tampoco la pasividad de la población general ante los excesos autoritarios posteriores, incluidos los de la pandemia. Pero por supuesto el caso español no es único ni especial: Francia ha respondido con un estado de excepción casi permanente a sus revueltas internas, Italia y Grecia mantienen una guerra sucia antianarquista y en EEUU las revueltas contra la violencia policial han sido respaldadas por grupos parapoliciales sin consecuencias hasta llegar a los sucesos extremos de 2020.

2- El reverso de las revueltas árabes de 2011 se acabó traduciendo en una crisis de terrorismo ultraderechista global, desde Raqqa a Christchurch y con actores distintos: desde una organización semi-estatal como el Daesh al enjambre caótico de QAnon. Ante esta ofensiva y sus efectos, especialmente en Europa, los estados han adoptado estrategias antiterroristas especialmente duras y hasta hace poco exclusivas de determinadas zonas vascas e irlandesas. Controles masivos e indiscriminados, vigilancia preventiva de comunicaciones, sitio de barrios…

3- Por último, pero no menos importante, la coyuntura geopolítica apunta en la dirección del autoritarismo. Estados especialmente autoritarios como Rusia o China emergen y su modelo de “gobernanza” interna se vuelve más atractivo para sus zonas de influencia. Turquía, Hungría o Polonia avanzan hacia modelos de estado autoritario a semejanza del modelo Ruso, con las miras puestas en la transformación de Ucrania. Y la legitimación de estas formas de gobierno va en aumento frente a unas democracias liberales incapaces de proveer derechos básicos para la subsistencia a la población. El giro autoritario empieza por los sectores más excluidos: las personas migrantes. Así se explica el tratamiento a la crisis de los refugiados en el este de Europa y de las migraciones en el contexto global (EEUU, España…): un primer paso en una desuniversalización de los derechos humanos.

Con estos mimbres, que la respuesta de los estados occidentales a la pandemia haya sido principalmente represiva no debe sorprender a nadie. Pero lo que es más importante: no permite achacar a la coyuntura sanitaria el autoritarismo estatal. Si a esta tendencia le sumamos el marcado carácter de clase de nuestras sociedades, queda completo el cuadro de por qué se tomaron medidas excepcionalísimas contra gran parte de la población sin más criterio que, supuestamente, el sanitario. La principal novedad es que ha habido un aumento del autoritarismo, sí, pero de clase. Las contradicciones y el cinismo institucional a la hora de aplicar medidas durísimas contra sectores precarios pero mucho más suaves contra empresas e instituciones evidencian esta situación. Especialmente tras la primavera de 2020 se despliega un doble juego por el cual las empresas han operado con casi total normalidad mientras la vida social se laminaba a través de toques de queda y restricciones a la reunión.

Con apenas excepciones, la gran mayoría del espacio antagonista ha respondido a este cierre autoritario reclamando, ante todo, medidas que -con el conocimiento disponible- podrían acabar con la pandemia (inversión en sanidad, paralización total de la economía…) pero que frenaban el componente clasista del confinamiento. Los meses que median entre mayo de 2020 y el presente han sido un goteo de movilizaciones tímidas pero dignas, entre las que hay que destacar Vallekas, de defensa de la sanidad o el estallido en torno a Hasel.

En el invierno de 2021 se produce un estallido debido al encarcelamiento de Pablo Hasel que es caricaturizado por la derecha como una pataleta infantil por un rapero, cuando lo que evidencian es todo lo contrario: se trata de una respuesta a un contexto represivo asfixiante que es estructural al Estado Español y no coyuntural de la pandemia.

Solo desde la miopía o la mezquindad se puede pretender defender que “la izquierda ha perdido la calle”, como gustosamente se prestan a oír los sectores derechistas que en mayo de 2020 o en el primer sábado se toque de queda promovieron disturbios y guarimbas. Salvo algún caso puntual y localizado, no se han dado verdaderos estallidos sociales, tan sólo putsch orquestados desde el mundo ultra. Desde luego no existe un contrapoder popular con una agenda nítida que esté avanzando posiciones sociales y políticas, pero de ahí a certificar una derrota va un trecho.

En este sentido, las críticas a la izquierda por no “haber respondido” al autoritarismo estatal son, de nuevo miopes o mezquinas. Miopes si no contemplan que la lucha antirrepresiva lleva acumulando derrotas bastantes años ante una ofensiva estatal que además viene reforzada por un movimiento social reaccionario con el que convivimos (campañas por la cadena perpetua, empresas de desokupación con buena prensa, movilizaciones policiales –jusapol-…). Mezquinas si caen allanar el camino a una reacción que pretende eliminar todo el espacio antagonista existente y reemplazarlo por una izquierda exclusivamente rojiparda (españolista, obrerista, antifeminista y productivista).

Sobre esta segunda coyuntura se abren otras contradicciones ya en el campo del anarquismo que abren viejos debates en contextos nuevos. Destacamos aquí, por su relevancia, la polémica en torno a “la ciencia” a cuento de la vacuna. La vacuna ha revelado las tensiones que venían acumulándose entre tecno-optimismo ciego y primitivismo, soterradas bajo muchos matices. El descrédito al que se ha visto sometida toda la esfera pública de opinión e información ha hecho mucha mella en los consensos mínimos en torno al conocimiento válido. La desconfianza en una política de masas encarnada en políticos profesionales falsos y corruptos ha ido permeando la confianza en otras instituciones y en particular la ciencia y la sanidad. El caso de la vacuna ha sido paradigmático porque los habituales bulos y conspiraciones propias de lo más profundo de internet han ocupado titulares de telediarios: desde teorías de control mental con chips inoculados a la imantación de personas vacunadas. En la dimensión política, la vacuna ha revelado lo delicado de no contemplar el contexto social en que nos movemos.

El anarquismo ha asumido alegremente que la sana desconfianza a la clase política podía alimentarse también contra los monopolios farmacéuticos y sus productos. Lo que a priori parece un consenso anticapitalista -criticar a las multinacionales -, se convierte en una maniobra torpe sin tener en cuenta a dónde apunta el contenido de la crítica, ya que inducir la desconfianza en la seguridad de las vacunas por ser de empresas es abundar en la veta de irracionalidad que padecemos. Criticar las vacunas contra la pandemia por desconfianza en su calidad científica sin cuidado ha sido pegarse un tiro en el pie que se traduce en incómodas situaciones en nuestros espacios militantes al descubrir a mucha de nuestra gente consumiendo discursos sobre manipulación genética y transhumanismo en una vacuna. Todo esto, a la vez que la vacuna y su naturaleza mercantil sí son un objeto para la polémica y la movilización política: por la supresión de patentes, por la prioridad de la clase trabajadora en protegerse, por la redistribución global, por la socialización de los medios de producción de vacunas… Que además es ampliable a otros aspectos como la ausencia de inversión en tratamientos tempranos alternativos y complementarios a la vacunación.

Esta cuestión pone de relieve en primer lugar la ausencia de espacios propios para el debate ni para la información, reemplazadas por una miríada de grupos de mensajería. En segundo lugar, la falta de mecanismos críticos para depurar nuestros discursos, para elaborar estrategias claras de comunicación e intervención política. Y, en tercer lugar, la madurez política “espontánea” de la mayoría de nuestro espacio político, que sin lo anterior ha sido capaz de optar por los discursos más sensatos y cerrar el paso a la peor propaganda conspirativa e irracionalista.

La pandemia nos deja al descubierto las limitaciones políticas del anarquismo para clarificar sus propias estrategias, para intervenir en una coyuntura política derechizada y para responder a un reconversión económica en marcha. Pero también nos deja enseñanzas positivas a un nivel sindical y auto-organizativo.

1. Vela, C. (2021). Capitalismo patológico. Ed. Kaxilda

Razones contra el ecoleninismo de Andreas Malm

La literatura climática tiene una nueva estrella: el sueco Andreas Malm. El pasado otoño se publicó El murciélago y el capital, un muy buen ensayo para explicar el origen del virus SARS-CoV-2 y para introducir la crisis ambiental generalizada provocada por el capitalismo, de la cual el coronavirus es solo una de sus manifestaciones. Como indica Malm, el coronavirus es una bala y el cambio climático es como una guerra. Lo que deja entrever su dialéctica del desastre es que efectivamente detrás de esa guerra y estas balas, hay un general ordenando el ataque y ese no es otro que el capitalismo.

Pero por desgracia, el libro no se limita a esta parte brillante e indiscutible, sino que se sumerge en proponer inventos del TBO político-sociales, como se refirió un compañero a las distintas alternativas que alegremente suelen circular por los espacios ecologistas en una charla inefable que fue un ejemplo palmario de estas ideas: la exposición de Nate Hagens en Valladolid en un lejano 2019.

En primer lugar, el autor acierta en situar el capitalismo como agente promotor de la crisis ambiental, para después descartar tanto el colapso fortuito del capitalismo, como su reforma en clave socialdemócrata como su superación en clave anarquista -aboliendo el estado-.

La propuesta de Malm se reduce a la necesidad de dirigir desde el estado la caída del capitalismo fosilista. Partiendo de la necesidad compartida de transitar a una nueva civilización que elimine el capital como origen de la crisis ambiental, vamos a señalar los puntos ciegos del comunismo de guerra que Malm propone contra la crisis climática.

1 El fetiche del estado ecologista.

Malm plantea una defensa cerrada de la necesidad de dirigir la necesaria transición ecosocial desde el Estado. El problema es que el concepto de Estado que maneja Malm es una suerte de administración de las cosas, una estructura administrativa que gestiona los recursos y media entre los intereses contrapuestos. Siendo así, se entiende la necesidad de poner a este superadministrador a trabajar por un buen capitaloceno.

Malm propone, claro, una toma del Estado que habilitaría tomar las posiciones de fuerza suficientes para hacer descarrilar al capital fosilista y forzar una economía política sostenible. Todo esto además en el tiempo récord al que obliga la emergencia climática en la que estamos por haber agotado el tiempo que quedaba antes de desencadenar los peores efectos sobre nuestra civilización.

El problema es que esta concepción del estado es falsa, tramposa y posiblemente negligente. El Estado no es esa administración de las cosas, no es un órgano neutral de mediación entre particulares. El Estado es la estructura social que permite el gobierno de las personas, y más en concreto, de sus voluntades. De ahí que el estado como agente ante la crisis climática puede ser un aliado tremendamente eficaz. Lo que se omite es que esta apuesta nos dirige a los escenarios que habitualmente conocemos con el neologismo de ecofascismo, lo que sería el Behemoth climático de G. Mann y J. Wainwright. La idea de que el Estado es una máquina, una cosa que se puede poner bajo el control de un programa internacional de mitigación de emisiones y transición ecológica es un auténtico idealismo enmascarado en el peor de los oportunismos. La existencia de Estados nacionales por todo el globo parece ofrecer la oportunidad perfecta para disponer de ellos al antojo que se considere.

Para Malm el ejemplo claro de esta posibilidad es la revolución bolchevique, en la que un reducido grupo de militantes revolucionarios tomaron un Estado mastodóntico, pararon la guerra imperialista e iniciaron una titánica reconversión económica y política desde ese estado. Ese ejemplo sirve a Malm para proponer que necesitamos un periodo similar a ese comunismo de guerra, un estado de movilización permanente con el que vencer al capital fósil y sentar las bases de una NEP ecológica. No es el objetivo de estas líneas cerrar el balance que el movimiento socialista internacional tiene que hacer de la experiencia soviética, pero desde luego proponer la etapa del comunismo de guerra como objetivo político del ecologismo es un despropósito inexplicable teniendo en cuenta que dicha fase fue una salida coyuntural e improvisada para encauzar una revolución en medio de una crisis global interimperialista.

Existe una mitificación del asalto bolchevique al Imperio Ruso que centra su atención en la relevancia del Estado en el proceso y obvia que dicho Estado fue una pieza entre otras que los bolcheviques tuvieron que cooptar para abrir camino a la revolución, pero que ni la revolución fue el Estado ni posiblemente el Estado fuera la pieza clave del proceso. La conquista de la consciencia de obreros y soldados, de las estructuras del movimiento popular cristalizadas en los soviets, de las innovaciones técnicas que permitieron poner las industrias a su servicio…La propuesta de la toma del Estado sería más creíble si no tuviésemos en la historia otras tomas de estados menos idealizables: desde Burkina Faso al socialismo del siglo XXI.

2 La absurda critica del anarquismo antisemáforos.

La banalización del Estado pasa por una previa crítica al anarquismo que resulta inexplicable. Malm apunta contra el anarquismo posterior a la caída del muro de Berlín, a “cambiar el mundo sin tomar el poder” de J. Holloway. En realidad, Malm no está apuntando contra el anarquismo sino contra el movimiento antiglobalización muerto y enterrado tras la época de las grandes cumbres de finales de los años 90. Malm sitúa como icono del anarquismo a James Scott, al que postula como teórico de un anarquismo que propone la desaparición del Estado y la autorregulación popular, que centra en el ejemplo de “la desaparición de los semáforos”.

El anarquismo, para bien o para mal, no es esto que nos critica Malm. El anarquismo no postula la desaparición del Estado sino su abolición, una destrucción activa y que necesariamente implica la sustitución por otra estructura que sea, efectivamente, un superadministrador de las cosas y no un gobierno de las personas. El anarquismo que Malm desconoce es el de otro antropólogo: David Graeber. Un anarquismo pragmático, concreto, militante y revolucionario -aunque políticamente endeble desde hace décadas. Este anarquismo nos acerca más a Rojava que a Chiapas, lo que implica tener que acercarse a situaciones mucho más complejas y que tienen más que ver con ejercer el poder que con tomarlo.

Malm señala cómo durante la pandemia ha sido el lugar tanto de experiencias de apoyo mutuo como de la aparición de mafias y cárteles que han aparecido allí donde el Estado ha perdido el control, como prueba de la necesidad de un Estado en nuestra época. Pero lo cierto es que de nuevo se idealiza el Estado como puesto de mando de nuestras sociedades, y aquí es donde el anarquismo tiene mucho que decir. El Estado es el producto de unas determinadas relaciones sociales, las cuales están mediadas por la mercancía, el espectáculo y el poder. La transformación social que necesitamos para destruir al capital fosilista pasa, necesariamente, por la destrucción del Estado que le acompaña. Eso no significa apagar los semáforos y cerrar los edificios de la administración tributaria y el ejército. Destruir el Estado fosilista significa reemplazar la actividad del Estado por formas de administración populares que nazcan de otro tipo de relaciones sociales. Para el anarquismo, estas relaciones están definidas por la reciprocidad y la libertad, ahí está el núcleo de su cultura política. Lo que no es definitorio del anarquismo es cómo deben ser las formas de administración que permitan desarrollar esas relaciones sociales sin dominación. Más o menos centralizadas, más o menos globales, más o menos militarizadas. En cualquier caso, la propuesta anarquista pasa por la eliminación del Estado por ser, precisamente, el corsé que impide que los problemas sociales tengan soluciones autónomas. El caso del cambio climático es palmario, pero no es el único.

Las limitaciones del Estado para la gestión de los eventos que nos depara la crisis ambiental han quedado bastante patentes en el macabro fracaso de los Estados del primer mundo en la gestión de la pandemia de 2020. Las mayores cifras de enfermos y muertes han acompañado a las medidas más duras de confinamiento y represión social. A diferencia de las sociedades asiáticas, sudamericanas o africanas, en las que una mayor autonomía técnica y social han permitido el uso de una suma de remedios independientes del capital farmacológico y de las instituciones interestatales como la OMS. El caso Chino puede ser el más paradigmático, dado que el Estado Chino no es precisamente una institución poco dominante y, sin embargo, las medidas más efectivas respecto a confinamientos y control de la pandemia han emergido de las estructuras con mayor participación popular y más localizadas.

3 Narrativas para un mal relato.

El comunismo de guerra de Malm más que una propuesta teórica cerrada, siendo honestos, hay que entenderlo como un recurso retórico. De hecho, como la respuesta al recurso retórico dominante en la escena ecologista que vino desde EEUU: el Green New Deal. Frente al relato del pacto social verde y generador de riqueza que nos propone el Partido Demócrata de EEUU, Malm contrapropone una narrativa revolucionaria y de confrontación. Una narrativa que justifique hacer sacrificios por la causa, que nos movilice en términos militarizados y no tanto económicos.

Pero también en el campo de las narrativas la propuesta del comunismo de guerra es como poco, conflictiva. La primera etapa de la Unión Soviética no se recuerda con especial cariño por ninguna sociedad ni se la tiene especial estima en ningún movimiento político, precisamente, por ser una etapa de esfuerzos y contradicciones difíciles de justificar. El comunismo de guerra fue posible por un empuje popular que miraba más allá, empujado por la mitología socialista cultivada durante décadas, por el tecno-optimismo industrial y por la convicción de que cualquier futuro era mejor que la guerra y el hambre. Malm comete un auténtico despropósito pretendiendo movilizar con la promesa de tiempos duros y decisiones complicadas, del mismo modo que el ecologismo decrecentista suele cometer el error de invocar una Icaria feliz de tintes medievales como algo deseable. La estrategia comunicativa que tiene que acompañarnos no está clara y definida y parece claro que quién dé con ella tendrá un activo político de primer orden. En general en el movimiento ecologista existe una amplia discusión por las narrativas y los imaginarios que se discuten, conscientes de que el cambio ecosocial pasa necesariamente por tener el empuje popular que nace del deseo de mundos mejores.

Febrero de 2021

G. Juncales

Militante del Grupo Anarquista Cencellada

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El frente al que vamos a morir sin darle mayor importancia

No es la crisis económica, la falta de inversión en I + D, ni la fuga de cerebros. Aunque tenga que ver con eso, el meollo del asunto no está ahí. Algo se está tragando los mejores años de nuestra vida (eso nos dijeron que serían) y no son sólo los recortes presupuestarios o la derecha.
Sintiéndolo mucho, ese desagüe traga y traga y seguirá haciéndolo aunque se acaben la crisis, los recortes y demás. Hay que ganarse la vida, he ahí el problema. Literalmente: nuestras vidas no son nuestras ni nosotr@s dign@s de ellas, vivimos en un sistema socioeconómico donde da igual que haya de sobra para tod@s porque el número de sillas es el que es y, cuando se pare la música, alguien tendrá que quedarse de pie hasta la próxima partida. O la siguiente. O hasta que en vez de la partida, sea la vida la que se le acabe, o lo haga su interés por semejante «vida».

La competencia y la angustia por ganarse la vida, por buscarse la vida en vez de vivir, componen el matadero al que entramos sin resistencia, sin siquiera una bandera blanca porque a esta guerra que declaró la economía a la vida ni se la menciona. Nos cuesta hasta usar la palabra «capitalismo»… va a ser cierto que «el mejor truco del Diablo fue convencer al mundo de que no existe».

Estudia una carrera o un ciclo formativo; después ¿por qué no otra carrera o ciclo? y después, ¿por qué no un máster? ¿El antiguo CAP? ¿Mejor unas oposiciones, para mayor estabilidad? No basta con ser buen@; buen@s, hay much@s, ¿eres el mejor? ¿De l@s mejores, al menos? Y prácticas, ¿has hecho prácticas? ¿Has hecho suficientes prácticas? ¿Lo bastante mal remuneradas? ¿Tanto que hayas tenido que repetirte «Es para hacer curriculum» como una letanía? Y el trabajo en sí, ¿cuánto has trabajado? Piensa en todo el tiempo que no lo hayas hecho: a menos que hayas estado estudiando algo productivo, serán «lagunas» en tu CV.
Piensa que todo el tiempo que sí lo hayas hecho es tiempo que no recuperarás jamás… ¿lo echarás de menos? Piensa en la gente mayor que tú conoces, en la edad a la que se han jubilado –l@s que se han jubilado– y la edad a que han muerto, l@s que ya han muerto. ¿No echarás de menos todas esas horas si mueres a los 90? Y ¿a los 76? ¿A los 65, a los 59, a los 46? Todo lo que has hecho para «desconectar», para no pensar en esos trabajos (o esas prácticas, o esos estudios) que devoraban tu tiempo o, simplemente, para descansar de un cansancio que no habías deseado, ¿echarás de menos el tiempo consumido?

* Este texto se publicó originalmente en el blog personal del autor el 13-V-14, pero, por desgracia, sigue de actualidad.

[Reseña] El cost de la fruita

La primavera va llegando a su final y con ella, la maduración de muchos frutos. Incluso las personas más urbanitas sabemos que esas plantas –melocotoneros y manzanos en Lleida y en el oriente aragonés, fresones y otros frutos rojos en Huelva, etc.– no están ahí por azar. Han sido sembradas, abonadas, regadas y cuidadas para llegar en las mejores condiciones posibles a este momento. Las personas que trabajan en su recolección, en cambio, parecen haber aparecido de la nada: ¿dónde estaban el pasado invierno, dónde estarán el próximo? Si viven unas en albergues, otras repartidas entre edificios abandonados y chabolas, y a las pocas semanas desaparecen, ¿son vecinas? Observaciones de este tipo dieron origen al libro de Francesc Serés La pell de la frontera (2014) y ahora lo han hecho Clara Barbal y Pablo Rogero con el documental El cost de la fruita.

Es un modelo de funcionamiento al que todo el mundo, resignadamente, se adapta, pero que no es bueno para nadie. Los pequeños propietarios malvenden su género al precio que les den, los temporeros malviven donde pueden, trabajan en condiciones irregulares cuando no infrahumanas y no echan raíces en ninguna parte, sólo migran, como aves sin bandada. Siguen vaciándose los pueblos –y comarcas, y provincias enteras– mientras una riadas de personas venidas de África y de Europa del este llegan, trabajan y se van.
¿No es bueno para nadie? En realidad, las cuentas de resultados de los supermercados son buenas, las de las pequeñas tiendas no lo son tanto, pero se pueden permitir seguir abiertas, los consumidores conseguimos llegar a otro fin de mes sin tener que pelear por otro aumento, que se haría en perjuicio del margen de beneficio de nuestros patrones…

El documental, que se estrenó el pasado día 5 y seguirá en abierto hasta este viernes 19, dura una hora y se basa en media docena de entrevistas, fragmentos del libro de Serés y la música de David Malatesta, que nos ayuda a abrirnos al poniente catalán como lo haríamos con el far west.
Manel Ezquerra, alcalde de uno de los municipios que aparecen (Alcarràs), se quejaba del sesgo que dan al documental las palabras de media docena de jornaleros y dos payeses, pero esto no es un vídeo-ensayo. Quien quiera un retrato de la realidad más global y exhaustivo tiene a su disposición los datos del Institut d’Estadística de Catalunya, el Instituto Nacional de Estadística o Eurostat, también el informe de Caritas, de octubre de 2018, Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar (si puede y quiere pagarlo) o este informe en inglés del Fair Trade Advocacy Office sobre el poder en las cadenas agroalimentarias (sorpresa: el poder lo tiene el oligopolio de las grandes superficies). También tiene, por desgracia, el goteo de noticias de la actualidad: las inspecciones de trabajo recibidas como un peligro, las amenazas en su contra, el brote de CoviD-19 entre los trabajadores del matadero de Binéfar, la condena a su patrón por sobornar a un fiscal (con la pretensión de encubrir casi un centenar de delitos previos), la epidemia de falsos autónomos en este sector de la carne, el racismo social de policías y particulares en general, etc.
A un documental de una hora no le corresponde poner soluciones, a una sociedad, sí. Hay que hablar de la necesidad de reforma agraria, de regularización de las sin papeles, de que el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos entren en todos los sectores, también en el primario, por la razón o por la fuerza. Antes de que venga otra pandemia a recordarnos que, a diferencia de la fruta, unas condiciones de vida dignas y un funcionamiento social razonable no van a crecer en los árboles.

Del estado policial del bienestar ¿qué pasará y qué quedará?

Llevas cinco semanas sin salir de casa, salvo dos o tres escapadas semanales a hacer la compra y algunas más a tirar la basura. Oyes recuentos de muertes, de contagios, de altas médicas, diferentes cifras y gráficas que las representan, diferentes medidas tomadas en países distintos, … Apenas sabes ya lo que oyes. Los sociólogos Tülay Umay y Jean-Claude Paye llamaron hace unos años «efecto de estupefacción» al efecto que consiguen las autoridades y los medios de comunicación –particularmente, los de información 24 horas al día– en casos como el Mohamed Merah: el público no sabe lo que ha visto. Los detalles se acumulan y, en algunos casos, se contradicen, la percepción queda más pasmada que sorprendida, no es tanto que el poder dé un mensaje, ya que el conjunto no parece tener sentido, como que sigue imponiendo hechos consumados mientras damos por ininteligible ese no-mensaje.
Total, que la primavera se está apoderando de la ciudad, los pájaros cantan como nunca y tú notas no sólo esa estupefacción, sino tu capacidad mental bajo mínimos: ¿cuánto hace que no consigues concentrarte en algo durante una hora? ¿Te sientes desanimada/o? Las cosas que te importaban antes ¿te siguen importando igual o vas camino de preguntarte aquello que escribía Jaime Gil de Biedma («¿Todavía soy capaz de interesarme y de desesperarme por algo que no sea el espectáculo de mi propia insoportable y crónica incapacidad?»)?. Quizá estés trabajando en algo oficialmente considerado como esencial o en una de esas actividades que durante dos semanas no han sido esenciales pero que ahora vuelven a serlo. Sabes que decenas de miles de personas están encerradas en prisiones, CIEs, CETIs y demás y otras no tienen hogar, pero, por mucha suerte que puedas tener en comparación, te tienen estabulada como ganado, sacándote de la jaula lo justo para que la CEOE no presione más al gobierno, pero no tanto como para sentirte un ser humano.

Arturo Soria quiso cambiar el urbanismo de Madrid –con más esfuerzo que éxito– entre 1882 y 1920 teorizando y organizando su propio modelo de desarrollo urbano, la ciudad lineal. Liberal progresista, fue debidamente criticado por el movimiento obrero y aplaudido por otros liberales por construir aquel barrio basado en la compra familiar de viviendas y donde grandes burgueses, clase media y clase trabajadora serían vecinas, aunque con viviendas distintas a precios distintos. ¿A cuento de qué viene esto? De que incluso el buen Soria, que no era obrero ni obrerista, propuso a las obreras algo mejor que lo que tenían. Concretamente, dos subtipos de vivienda distintos (las unas tendrían 67 m² y las otras, 31,5), pero siempre con el cuádruple de tierra para jardín y huerto que de vivienda, así que, aun en el peor de los casos, una familia obrera tendría 126 m² de aire libre. ¿Qué no daríamos ahora por eso?

Lo de «A cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín», que decía Soria, quedó para las pocas personas que pudieran permitírselo y aquellas pretensiones ingenuamente reformistas fueron arrolladas por un siglo de capitalismo especialmente expansivo, bélico, privatizador.
Vemos al gobierno español acusado por los sectores a su derecha, día sí y día también, de ser responsable de la muerte de veinte mil personas y de tener el sistema de salud al borde del colapso. Acusaciones paupérrimas, teniendo en cuenta cómo lo están haciendo otros estados, los tiempos o el deterioro previo del sistema de salud (gracias a PP, PSOE y cía), pero que, si sólo convencen a quienes quieren ser convencidas, lo hace con la fuerza de las emociones. Este gobierno centrista lanza medidas de cierto coraje y ambición –anuncia cierta renta básica, rebautizada «ingreso mínimo vital», moratorias de algunos alquileres e hipotecas, etc.–, pero también ha dejado claras sus prioridades al anteponer la producción al derecho a despedir a los muertos o los derechos de circulación, reunión, etc., más compatibles con la distancia de seguridad, los guantes, etc. que el «derecho» a ir al supermercado o la fábrica para no quedarse en paro. Este gobierno centrista nos ha metido a las llamadas FSE (fuerzas policiales) y FFAA hasta en la sopa y, si el estado de alarma ya es una exageración dudosa en su justificación médica y en su legalidad, FSE y FFAA lo están exagerando aún más y las candidatas a multa son ya 651.884 y las detenidas, 5.740 (para hacernos una idea, en el estado de excepción franquista del 24-I al 25-III de 1969 fueron 735 las detenciones).
Sirva de contraste Alemania, donde el Tribunal constitucional ha contradicho a tribunales inferiores y al poder ejecutivo, reconociendo el derecho a manifestación mientras se guarde la distancia de seguridad.

Nos encontramos, pues, antes varios riesgos contrapuestos. Por un lado, si la actual coalición de gobierno fuera reemplazada por otra tipo PP-Vox o PPSOE, la gestión de esta crisis sería, como mínimo, igual de antisocial, probablemente lo sería más. Por otro, denunciar esta deriva represiva puede resultar bastante incómodo: en general las FFAA y FSE gozan de cierto reconocimiento social y en este momento incluso la izquierda, donde menos se les quiere, está haciendo un esfuerzo por mostrarse disciplinada y dispuesta al sacrificio. No se sabe si es porque hay motivos de peso o porque creíamos que los había cuando empezamos a tragar con ello hace ya cinco semanas y estamos en lo que la psicología llama «escalada de compromiso» –o sea, que, como hemos hecho algo, queremos autojustificarnos y ratificarnos y estamos dispuestas a esfuerzos aún mayores con tal de no cuestionar lo que hemos hecho–. No deja de ser necesario hacerlo y no ya de palabra, sino que necesitaremos movilizaciones de verdad (en la calle) más temprano que tarde y, para entonces, quizá estemos todavía bajo el estado de alarma. Por último, existe el riesgo de que sean las conspiranoicas, la derecha opositora o la ultraderecha quien intente pasarnos por la izquierda con esto de la desobediencia al estado de alarma.
Para enfrentarnos a estos últimos riesgos y recordarnos dónde debe estar la esperanza, las repartidoras de Glovo –cuya lucha por ser reconocidas como asalariadas y no autónomas aún no ha concluido– se manifestaron este jueves pasado en esas calles en que siguen trabajando, llevando comida a domicilio. Se manifestaron en sus bicis y motos manteniendo la debida distancia y fueron identificadas por la policía, vulnerando esa distancia y su derecho al uso del espacio público.

En teoría son provisionales, pero sabemos que las medidas y dinámicas de estos meses pueden volverse duraderas, ¿cuáles queremos permitir y ampliar y cuáles eliminar o restringir?
Sabemos que, entre reclusión masiva en casa y represión desenfrenada en los espacios teóricamente públicos, la clase trabajadora no se rinde. Ni iniciativas necesarias lanzadas desde casa como el Plan de choque social o la huelga de alquileres, ni el esfuerzo de información que están haciendo la PAH y los sindicatos y colectivos de clase, ni el personal sanitario que mantiene en pie el sistema de salud, ni las redes de apoyo vecinal surgido, ni quienes luchan por trabajar –ya que hay que hacerlo– en condiciones de higiene y seguridad, ni estas riders de Glovo que han reabierto la brecha del derecho de manifestación. Ese es el camino.

Retirada del mercado, ¿ofensiva de las trabajadoras?

El tiempo vuela y de tal manera que hace tres meses no sabíamos que existía el COVID-19, hace diez días pensábamos que era algo francamente irrelevante y en los dos últimos días, en el estado español, hemos visto cómo causaba la declaración del estado de alarma y más de cien mil despidos. Estamos viendo cómo se nos lleva a permanecer en casa sabiendo que la mayoría tiene un puesto de trabajo y no puede –porque no es posible o porque no se lo permiten– desempeñarlo desde casa. Ni las empresas, ni los gurús neoliberales, ni siquiera la mayoría de dirigentes de los partidos opositores se han atrevido a rechazar la ofensiva del estado ante los límites del mercado para resolver algo así. Con entusiasmo o con resignación, asumimos que se trata de una situación en la que un esfuerzo de contención a corto plazo puede suponer acabar con la saturación de los centros de salud y rebajar la propagación del virus, a la espera de volver a la normalidad más temprano que tarde.

La democracia no debe detenerse a las puertas de la fábrica.

La frase la pronunció Marcelino Camacho en 1977 y ya entonces era más un deseo que una realidad.
Hace sólo dos días (curiosamente, en el 99º aniversario de la promulgación en la URSS de la NEP o nueva política económica) se anunciaba el estado de alarma y el confinamiento generalizado, sin ninguna previsión de cerrar los centros de trabajo. Es decir, se ponían las bases para seguir obligando a millones de personas a hacer en el transporte público y en el trabajo aquello que se les estaba prohibiendo en el resto de ámbitos. No obstante, el estado pasaba de quitarle hierro al dichoso virus a tomar la escena política: el gobierno central pasaba por encima de las comunidades autónomas en pleno conflicto en torno a la soberanía sobre Cataluña, entre otras cosas. Se dijo y se repitió que participarían las fuerzas armadas, una institución dopada en recursos, incluso en estos tiempos de recortes, y particularmente la UME, cuya mera existencia, en un país de privatización sanitaria y recortes en prevención de incendios, es el mejor ejemplo de lo dicho. Se anunció el acuerdo con patronal, CCOO y UGT para facilitar despidos colectivos temporales (ERTEs) y se aplazó dos días el anuncio de medidas económicas concretas.
Toda una aportación si se tratara de hacer ficción de suspense, pero no si hablamos de seguridad, lo que ha hecho que la CNT sacara contra reloj un manual para defenderse de los ERTEs y diferentes colectivos, abogadas y activistas publicaran consejos para minimizar los daños infligidos por las empresas a las trabajadoras. Organizaciones de clase como las del movimiento de vivienda (PAH, SI y otras), Riders x Derechos, Élite Taxi y sindicatos como CGT, CoBas o IAC han lanzado una campaña en redes sociales por un plan de choque social. Francia, con una mayor tradición de intervención estatal, tomó la delantera en este sentido, aunque también en el de la ocupación militar/policial del espacio público. Ayer lunes tuvieron que ser las trabajadoras del sector automovilístico –Mercedes-Benz en Vitoria, Iveco en Madrid, Renault en Palencia, Sevilla y Valladolid– y de la industria en general –Balay en Zaragoza, Airbus en Madrid– quienes pararan la producción, cuando la dirección de algunas empresas ya se lo estaba planteando por la falta de suministros.

Por fin, hoy martes, conocemos las medidas del gobierno, que profundizan en la línea del neoliberalismo con un par de muletas keynesianas: facilidades para que las trabajadoras despedidas puedan cobrar el paro pero también para que las empresas puedan despedirlas, moratoria del pago de las hipotecas que se vean afectadas por esta crisis, pero no de los alquileres, también para el (im)pago de suministros, pero ninguna previsión para quienes trabajan en la economía sumergida. Tampoco se tocan las rentas mínimas de inserción (incompatibilizadas con pequeños ingresos, escasas, denegadas a menudo sin motivo), aunque se facilitará la conciliación con el cuidado de hijas y, en cuanto a las trabajadoras autónomas, no recibirán ayuda las que no tengan suficientes pérdidas (75% como mínimo). Poco se sabe sobre las personas internadas en CIEs, prisiones y otros centros, sobre los servicios de atención a las personas en situación de dependencia o las necesidades de salir de casa de las personas deprimidas, con trastornos mentales, con discapacidad cognitiva, etc.
Eso sí, el jefe de gobierno –cuya tarea es dar la cara por el poder ejecutivo del estado y llevar sus riendas, no lo olvidemos– y líder del partido autodenominado «socialista obrero» invita a propietarias inmobiliarias a adaptarse a las posibilidades de sus inquilinas. Como si los viajes en el tiempo existiesen y, con un pie en el presente y otro en 1850, Pedro Sánchez se convirtiera en el catoliquísimo Donoso Cortés con aquello de enseñar «a los pobres a ser resignados y a los ricos a ser misericordiosos».

Cuando el enemigo avanza, retrocedemos, cuando acampa, lo hostigamos, cuando no quiere pelear, lo atacamos y cuando huye, lo perseguimos.
Mao Tse-tung

Y ¿ahora, qué? Ahora toca dar tregua al sistema sanitario evitando el contacto físico, pero no el otro. A corto plazo se están organizando redes de apoyo mutuo entre vecinas, se está haciendo un esfuerzo para informar y apoyar a trabajadoras despedidas o en riesgo de serlo. Más allá del corto plazo, la pandemia pasará mucho antes que el daño económico y los neoliberales dirán que el gasto público extra se resuelve con más recortes y más externalizaciones y que aquí no ha pasado nada. Eso no debe ocurrir. El regreso a la normalidad puede ser algo aún mejor si forzamos un nuevo pacto social. Esta crisis no nos coge débiles y desentrenadas como la anterior; el músculo desarrollado en los últimos nueve años se va a ver esta primavera.
El neoliberalismo está en retirada, la patronal –pese al avituallamiento del gobierno– está debilitada, se acerca el momento del contraataque.

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