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Argelia: ¿otra descolonización era posible?

No es ningún secreto que la historia la escriben quienes vencen.
El nacimiento de Argelia como Estado tras tres siglos de dominación otomana y más de un siglo de colonización francesa, dice la historia, tiene un primer preámbulo cuando, en mayo de 1945, un número indeterminado de argelinas fueron masacradas por colonos armados por el ejército francés o por los propios militares y, consecuentemente, no pocas argelinas se echaron al monte. El segundo preámbulo fue el cambio ofensivo de las nacionalistas argelinas, el 1 de noviembre de 1954, pasando del maquis a los atentados urbanos (sin renunciar al monte) y anunciándolo todo bajo el paraguas de un Frente de Liberación Nacional que, dos años después, absorbería a dos de las principales organizaciones argelinas (la UDMA y el PCA). Durante más de siete años –sigue la historia– el FLN dirigiría esa guerra contra Francia hasta conseguir llevarla a la cumbre de Évian-les-Bains que permitirían pactar esa independencia, consagrada en 1962.
En la foto de ese proceso de independencia, sus padres: el político Ferhat Abbas, los militares convertidos en un Gobierno Provisional de la República Argelina, como A. Ben Bella o K. Belkacem, y militares a secas como H. Boumédiène o M. Boudiaf. La letra pequeña de la historia nos recuerda que estos últimos se impusieron a partir de 1965 y enviaron a las demás a la muerte, la prisión o el destierro (en los casos en que no habían sido ya enviadas), pero apenas hablan de las otras independentistas.

Las seis personas que fundaron el FLN, delegadas a su vez de otras dieciséis («el grupo de los 22») pertenecían al MTLD o Movimiento por el Triunfo de las Libertades Democráticas, pero un sector del MTLD había sido en gran parte relegado junto con su principal fundador, Messali Hadj.
Ahmed Mesli, verdadero nombre de Messali Hadj, nació tal día como hoy de 1898 en una familia pobre de la ciudad de Tlemcen o Tremecén. En aquel entonces, Francia seguía oscilando entre tendencias colonialistas duras y otras más suaves, que pretendían favorecer la asimilación de la población indígena, musulmana y judía, tendencia esta última que enfurecía a los colonos más supremacistas. Estos últimos llegaron a plantearse una Argelia independiente para asegurarse de que Francia no reconociera a las indígenas los mismos derechos y oportunidades que las francesas; si bien este «independentismo blanco» no fue reprimido, como lo sería el indígena. Volviendo a Mesli/Messali, el servicio militar obligatorio le llevaría a Francia, donde descubrió el racismo y la superior calidad de vida de la clase trabajadora metropolitana sobre la colonizada, pero donde también conoció a Émilie Busquant (1901-1953). Busquant, anarcosindicalista, le da a conocer el marxismo y, tras una cierta simpatía por el nacionalismo turco kemalista, Messali se acerca al PCF y acaba uniéndose al partido, al igual que al sindicato revolucionario CGTU (escisión de la CGT protagonizada por anarquistas y, sobre todo, por leninistas). En esta época en que, bajo el liderazgo de Stalin, la KomIntern atacaba el colonialismo, los magrebíes del PCF crearon la ENA (Estrella Norteafricana), organización que les aglutinaba en el seno del PCF, pero en función de su problemática específica, como una especie de sección francesa del Partido Comunista de Argelia. Luego vendría el distanciamiento por el que la ENA sería finalmente expulsada tanto del PCF como del PCA (algún miembro del PCA, como Albert Camus, abandonaría el partido en solidaridad con las expulsadas) y la ENA sería ilegalizada dos veces (1929 y 1937) por el gobierno francés. Precisamente en tiempos del Frente Popular francés (1936-38), del que formaba parte el PCF, la ENA idearía la futura bandera argelina –según algunas fuentes, fue Émilie Busquant quien la diseñó– y aquella segunda ilegalización y la detención de sus líderes tuvo por respuesta la creación de una nueva organización, el Partido Popular Argelino o PPA.
La historia del PPA como tal (1937-1946) y del MTLD (1946-1954), que fue su refundación tras la ilegalización de 1939, la segunda guerra mundial y las matanzas de 1945, va en paralelo a la de Hadj y Busquant: detenciones, destierros, persecución. Ciertamente, otras corrientes también se propagaron, como la UDMA, laicista y republicana, más arraigada entre la clase media argelina o el PCA, que consideraba la descolonización algo secundario en las épocas frentepopulistas de la KomIntern (1934-1939 y 1941-1945) y que, quizá por ello, tenía entre los pieds-noirs –las argelinas de ascendencia francesa, española, etc., que constituían en torno al 10% de la población– tanta o más influencia que entre las indígenas –el 90%–. No obstante, y cada vez más, la causa de la clase trabajadora argelina indígena era el independentismo de ENA, PPA y MTLD y aún más lo era entre las argelinas de Francia, pero este movimiento aparentemente cohesionado se basaba en realidad en una ambigüedad sobre cuestiones importantes a nivel de identidad (relaciones entre árabes y bereberes, dilema entre laicismo o identidad islámica) y la relación entre las diferentes instancias organizativas.

En medio de este panorama y haciendo frente a pucherazos electorales y represión, factor que siempre dispersa núcleos y dificulta que se coordinen, Messali y sus partidarios cayeron en la falsa solución del dirigismo consagrado (llegando al puro culto al líder) y acabaron separándose del resto del MTLD y cavando sus propias tumbas.
Con otro sector lanzándose a la insurrección armada y el poder colonial lanzándose a la represión, incitando a todas las nacionalistas a cerrar filas en torno a ellas, al sector messalista se le puso difícil seguir oponiéndose. Se refundaron como MNA, que en un principio era Movimiento Nacional Argelino, si bien se rebautizarían Movimiento Norteafricano (1957), entendiendo que el internacionalismo era muy necesario y tanto más después de que la independencia de Marruecos y Tunicia parecía utilizarse para aislar la «cuestión argelina». Con el recién nacido FLN dotándose de estructura y de discurso político, la UDMA, el PCA y el MNA fueron llamados a elegir: con el FLN o contra él. Los dos primeros eligieron disolverse y llamar a sus militantes a integrarse en el FLN, mientras que el MNA se negó. Más aún, a partir de 1956 el MNA aprovechó su fuerza en Francia para crear la Unión Sindical de Trabajadores Argelinos, USTA, que intentaría enlazar la lucha de liberación nacional con las luchas laborales de las trabajadoras de Francia, argelinas o no. Eso supuso una competencia con la CGT, cercana al PCF, que, sumada al rechazo tanto de la influencia que ejercía el nasserismo egipcio sobre el FLN como a la posible influencia de la URSS, facilitó el doble enfrentamiento de la USTA con la sección de argelinas de la CGT, la AGTA, y el sindicato del FLN, la UGTA.

Contra los panfletos y pancartas de USTA y MNA y el apoyo de grupitos como el Movimiento Libertario del Norte de África, el FLN tenía el altavoz diplomático nasserista (Egipto, pero también todo un movimiento panárabe), eficaz a la hora de internacionalizar su causa mientras emprendían una campaña de asesinatos de miles de militantes y líderes rivales tanto en Francia como en Argelia. El resultado, llegadas las negociaciones de Évian, fue la negativa del FLN a incluir en ellas al MNA, su aceptación por los representantes franceses y un MNA diezmado. La independencia sería finalmente pactada, seguirían los ajustes de cuentas entre líderes y militantes independentistas y la inmensa mayoría de judías argelinas y de pieds-noirs huirían de su país, al igual que lo intentarían aquellos soldados que habían combatido en el ejército francés (los llamados harkis, perseguidos en Argelia y abandonados por Francia). El país se convertiría en una dictadura de partido único, más bien reacio a cualquier democratización, construido en torno a una identidad árabe (a despecho de las tuareg y bereberes) y musulmana y con una relación confusa con la religión que, junto a sus otros problemas, facilitaría que las primeras elecciones libres (1991) dieran lugar a una guerra civil de años.
Entretanto, Ahmed Mesli había muerto en Francia, sin poder volver a su tierra y sin que se le reconociera la nacionalidad hasta un mes antes. Había muerto, también, idealizado por sus simpatizantes y derrotado en un terreno como el de la historia, que alienta crímenes, pero no admite errores.

Segunda República española: Entre el mito y la denostación.

Contemplo que este artículo quiere resultar incómodo, romper con las ideas heredadas, y promover un camino de crítica desde el debate militante. No es un enfrentamiento donde quiera personalizar, ni un rechazo específico a los valores defendidos en el pasado y el presente, sino una batalla a librar entre el deseo de transformar social y políticamente el contexto actual recibido, y la realidad de una estrategia de futuro ligada a una narración histórica opositora de la oficialidad.

El debate historiográfico necesario:

La fecha del 14 de abril de 1931, el día en que se proclamaba la Segunda República española, marca un punto histórico de una gran magnitud en la memoria colectiva, e incluso puedo afirmar que también a nivel personal. Recuerdo que en un aniversario republicano fue la primera vez que me acerqué a una manifestación cuando era adolescente y todavía andaba por el instituto. Mi primera aproximación a unos ideales disidentes fue en una fecha que conmemora a las miles de personas hartas del régimen monárquico alfonsino que tomaron las calles de las principales ciudades para celebrar el fin de un ciclo. Con el paso de los años, y tras lanzarme a la investigación histórica inquieta y crítica, he descubierto paulatinamente que los discursos historiográficos sobre ese periodo republicano no me convencían.

No podemos obviar que la creación de una narración histórica responde a una necesidad de legitimar el presente, y que no tiene por qué narrar la verdad, sino una simple interpretación que repose sobre la huella de una tendencia determinada. Como historiador no me encuentro al margen de esta característica, con la particularidad de que ninguna de las interpretaciones más extendidas me han llegado a convencer con el paso del tiempo. Creo que las dos tendencias mayoritarias en la historiografía, dedican demasiados esfuerzos en reforzar la autoridad moral de un sistema de poder estatal, obviando absolutamente la historia social y las dinámicas antiautoritarias que se dieron en el movimiento obrero de la época.

Por un lado, la historiografía que se ha construido institucionalmente de tendencia nacional-católica, criminaliza a la clase trabajadora y sus movimientos revolucionarios a través de una crítica al régimen republicano, como si fueran la misma cosa y por lo tanto equiparando a ambos. Por el otro lado, la historiografía opositora a la oficial, de dudosa actividad realmente crítica, pero reconocida en un espectro progresista o de izquierdas, ha construido una narración a partir del mito y de una visión heroica de sí misma como un régimen democrático, de libertades y de continuidad imperdurable y anhelada como horizonte de futuro aún a día de hoy.

Sin atender al primero de los discursos historiográficos, es decir, el de directa herencia franquista, la otra de las narraciones no se ve exenta de las filtraciones e influencias a las que ha estado expuesta por la creación estructural de una memoria exclusivamente de los vencedores durante el periodo del Franquismo. La memoria construida de los vencidos es endeble, basada en mitos autocomplacientes, poco sólida si queremos aspirar a que nuestro discurso desde la historia social ayude a esclarecer la realidad actual, promover la lucha para hacer saltar por los aires su herencia y como único camino de acceder a una verdadera dignidad. Desde la izquierda se difunde la idea del régimen republicano como un periodo aislado de libertad, progresismo e igualdad que nada se parece a la realidad histórica experimentada por la clase trabajadora de su tiempo. Ya advertía que no pretendo proponer un punto medio, ni una objetividad en la que hace mucho tiempo dejé de creer por ser irrealizable, e inútil empeñarse en buscarla, propongo claramente la reconstrucción de una memoria histórica militante alejada tanto del heroísmo como del victimismo.

El contexto histórico del que estamos hablando:

La Segunda República española, irrumpe como un régimen político único en Europa junto con la República alemana de Weimar, que ponían en práctica las recetas de la social-democracia incipiente en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. El gobierno republicano puso en marcha unas medidas que trataban de instaurar un proyecto político burgués pacificador con una tendencia reformista y progresista. Por un lado calmaban los conatos revolucionarios de la numerosa clase obrera organizada y concienciada, y por otro lado, frenaban los procesos autoritarios y reaccionarios militaristas y fascistas, pretendiendo un gobierno conciliador para las clases medias. 

El movimiento obrero revolucionario en un principio encontró favorable el nuevo marco aperturista que ofrecía la República para desarrollar sus actividades, frente a la destronada monarquía de Alfonso XIII o la Dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras más concienciadas pronto comienzan a desconfiar de la República de tendencia burguesa, que promete reformas legales que no alcanzan las expectativas previstas por el pueblo y perpetua las desigualdades arraigadas en la sociedad española.

Hay algunas tendencias, expresadas en políticas concretas que argumentan esta afirmación, aquella que pretende romper con ese gran mito de la Segunda República como una época dorada para la libertad, casi un paraíso robado posteriormente por el Franquismo. Si enmarcamos este periodo entre dos tiempos de oscuras dictaduras y, fundamentalmente, de impactante represión organizada por el régimen de Franco, el tiempo de la Segunda República nos aparece como un rayo de luz y esperanza al ser comparado con su antecesor y predecesor. Pero esto no debería ocultar la realidad de un periodo republicano no menos autoritario, no tanto ya en su cómputo estadístico represivo en comparación, sino en el potencial ideológico antiobrero, pues podemos entender el régimen republicano como el Estado ‘políticamente correcto’ que recrea una vivencia igualmente perversa para la clase trabajadora. Y, paulatinamente dejar de analizar el Franquismo como una simple escalada de represión inquisitorial desenfrenada, que aunque sí que tuvo mucho de desenfrenada y cruel por quien le fue encomendada esta labor, fue la herramienta que tomó una burguesía que vio que el experimento de lo ‘políticamente correcto’ de la República había sido rebasado desde la izquierda revolucionaria.

En otros artículos previos sobre esta temática, llevados a cabo por investigadores como el historiador británico Chris Ealham, se repasan las políticas concretas que llevó a cabo la República española y que criminalizaban a la clase trabajadora o reprimían su actividad revolucionaria, especialmente a las mujeres en su rol de obedientes esposas y trabajadoras.

1, Ley de Reforma Agraria – Impulsada por el ministro Marcelino Domingo y promulgada en septiembre de 1932, que pronto comienza a decepcionar a miles de trabajadores del campo, que vieron en esta reforma una falsa promesa de justicia social y reparto de la riqueza. En realidad esta legislación pretendía reactivar la economía agraria capitalista en crisis, sustituyendo a largo plazo el poder fáctico de viejos latifundistas propietarios aristócratas, por una nueva clase propietaria abierta a los cambios que el mercado de la tierra necesitaba. Este intento de aplicar métodos fordistas al campo agrario español chocó de frente con las expectativas de comunalismo municipal de algunos sectores muy destacados entre los jornaleros y jornaleras de los campos.

2, Ley de Despenalización del Aborto – Catalunya publicó el 9 de enero de 1937 la normativa que permitía el aborto libre hasta las doce semanas de gestación. La ministra de sanidad Federica Montseny, ideó un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo a nivel estatal en 1937, su iniciativa quedó en suspenso debido a la oposición de la mayoría de miembros del gobierno (todos ellos hombres). Aun así, Montseny buscó la forma de aplicar el decreto catalán en las zona antifascista sin conseguirlo, pues en julio de 1937 esta normativa quedaba suspendida incluso un año antes de que el Ejército franquista tomara Catalunya.

3, Ley de Reforma de la Educación – Materializada en sucesivos decretos desde mayo de 1931, el nuevo Estado republicano debía asentarse sobre una ideología ciudadanista propia de las clases medias, y esta debía difundirse a través de un sistema estatal de escuelas. En nombre de la cultura y tras promesas de alfabetización que demostraban el elitismo académico del régimen republicano, se ocultaba un proyecto de control social. La educación fue utilizada como en el siglo anterior en la Francia post-revolucionaria para enseñar un buen modelo de ciudadano e inculcar un imaginario civilizatorio que enfrentaba la imagen atrasada de las clases populares. No tan casualmente eran estas las que a pesar de analfabetas, portaban unos valores revolucionarios que suponían un peligro para el joven régimen republicano.

4, Ley de Vagos y Maleantes – Aprobada el 8 de agosto de 1933 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del momento y promovida por el gobierno de Manuel Azaña. Más tarde fue reformada y ampliada por el Franquismo en el año 1954, manteniendo su articulado, y tan solo añadiendo como nuevo delito la homosexualidad. Esta normativa republicana preveía sanciones contra alcohólicos, mendigos, extranjeros… o contra cualquier acción calificada por el régimen republicano como antisocial. Además, esta ley incluía la construcción de cuatro campos de concentración para vagos y maleantes; en Burgos, Puerto de Santa María, Alcalá de Henares y otro en Guinea Ecuatorial (entonces colonia española). La ley sancionaba el mero hecho de ser pobre y tratar de buscarse la vida, una criminalización de la pobreza desde las instituciones republicanas.

Hacia nuevos horizontes desde la memoria histórica militante:

La lucha del antifascismo en la época y de las expectativas emancipatorias del movimiento obrero no pueden encuadrarse en una legalidad particularmente antiobrera ante algunos de los ejemplos repasados. El empeño continuo en demostrar que detrás de la sublevación militar del verano de 1936 hay una respuesta de la clase trabajadora que defiende la legalidad y los valores que han querido adjudicársele a la Segunda República española, es una narración que esconde la autonomía e independencia del movimiento obrero respecto del marco moral estatal. Es decir, trata de esconder al protagonista de los sucesos, y es que la sublevación militar en su raíz no va dirigida contra la República, sino para aplicar desde el Estado unas medidas más efectivas que reclamaba la burguesía ante las expectativas de victoria de un movimiento obrero espectacularmente organizado y en ascendente relevancia desde la Revolución de octubre de 1934.

Los discursos históricos centralizadores de poder, ya sean el nacional-católico o el de tendencia izquierdista, libran una batalla por presentarse como valedores de un estatismo legitimador, el punto que ansían alcanzar es el de la razón desde las instituciones legales, y vencerá quien demuestre esforzarse mejor en potenciarlas como principio rector de su legitimidad en el pasado, en el presente y en el futuro.

Deberíamos dirigir nuestros pasos hacia aquellas narraciones inexploradas aún desde la crítica al pasado histórico, y que buscan sacarlo de ese camino doloroso y obstruido en que le han metido los discursos que quieren borrar la huella social del movimiento obrero revolucionario. Las expectativas actuales de transformación radical de la sociedad necesitan reubicar la memoria histórica fuera de ese callejón sin salida entre el mito republicano y la denostación franquista.

Pasaia en la memoria colectiva. Emboscada en un pequeño pueblo de Euskadi.

La fecha del 22 de marzo de 1984 no podrá ser borrada de la memoria de un pequeño pueblo guipuzcoano, se cumplen treinta y cuatro años de la emboscada en la bahía de Pasaia, muy cerca de Donosti junto a la desembocadura del río Oiartzun, unos hechos que acabaron con la muerte a manos de la policía española de cuatro militantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Aquella noche de 1984 las aguas se tiñeron de sangre calcinada bajo las balas de la represión, José María Izura ‘Pelu’ y Pedro María Isart ‘Pelitxo’ murieron durante la operación policial. Rafael Delas ‘Txapas’ y Dionisio Aizpuru ‘Kurro’, fueron tiroteados pocos minutos más tarde. Los únicos supervivientes de la acción armada policial fueron Joseba Merino y Rosa Jimeno.

Crónica del suceso:

Los cinco militantes anticapitalistas salieron a media tarde del puerto de Ziburu, en territorio francés, en una lancha tipo zodiac con destino a Pasaia donde habían concertado una cita con su contacto, la compañera Rosa Jimeno. La actividad de los grupos parapoliciales en esta región era bastante intensa, y pocos días antes Rosa había sido secuestrada por la policía española, en el momento de la detención llevaba apuntado en un papel el número de teléfono de su compañero Kurro, y fue obligada bajo torturas a concertar una cita con el grupo. Nada pudieron sospechar, pero en la entrada al puerto de Pasaia, su compañera hizo la señal concertada con un farol, por lo que los integrantes del comando se acercaron a las rocas de la orilla.

Nada más desembarcar decenas de policías les dieron el alto y sin mediar más palabra abrieron fuego contra ellos, lo cual les resultó completamente inesperado, una dramática sorpresa que acabaría con cuatro vidas. Rosa se salvó porque estaba atada por las piernas con una cuerda, la cual fue tensada y cayó al suelo. Joseba estaba agachado cogiendo a su perra Beltza, pero dos de los militantes murieron en el acto, este se tiró al agua tratando de salvar la vida junto a sus otros dos compañeros. Tras cesar el intenso tiroteo por parte de la policía, fueron capturados los tres y sacados del agua bajo amenazas e insultos, sin embargo, cuando se pensaban arrestados y en prisión bastantes años, los dos compañeros aún vivos de Joseba fueron fusilados por la policía allí mismo a punta de metralleta. La autopsia cuantificó un total de 113 proyectiles encontrados en los cuerpos sin vida de los cuatro militantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Joseba Merino fue arrastrado por un sendero, conducido a su arresto en el pueblo de Pasaia San Pedro, junto con una pareja de testigos que fue detenida para evitar filtraciones de la operación policial, y Rosa Jimeno, que se encontraba en estado de shock tras haber presenciado el tiroteo a sus compañeros. Los cadáveres de los cuatro militantes son secuestrados por la propia policía, que no permite el levantamiento de los cuerpos por un juez forense, y son enterrados en Donosti de manera irregular evitando cualquier investigación. A Rosa Jimeno la incomunicaron durante once días, ocultándola la muerte de sus compañeros, pues ella pensaba que seguían vivos aunque gravemente heridos. Permaneció librada de libertad tres años más en diversas prisiones del Estado español.

Comandos Autónomos Anticapitalistas:

Se conocen bajo este nombre a un conjunto de organizaciones de lucha armada activas en el territorio de Euskal Herria durante finales de la década de los 70 y principios de los 80. Su origen se sitúa en diversos grupos con prácticas asamblearias e inspirados en el movimiento autónomo obrero, junto a una escisión de los comandos Bereziak de ETA político-militar. Esta postura intermedia entre el marxismo político, que rechazaba una estructura de vanguardia, y prácticas autónomas, les acercaron a posiciones cercanas al socialismo libertario.

Los Comandos Autónomos Anticapitalistas surgen en la segunda mitad de la década de los 70, siendo en 1976, tras los Sucesos de Vitoria, el año que suele fijarse como el de la creación de unos embrionarios comandos. En estas organizaciones confluyeron militantes políticos procedentes de diversos orígenes (movimientos pro-amnistía, grupos ecologistas, asambleas de trabajadores…) Consideran al movimiento de liberación vasco una simple reforma progresista, demasiado cerrado en una mirada nacional, descuidando el objetivo social amplio de una transformación radical anticapitalista.

Aunque los medios de comunicación identificaron a los distintos grupos bajo las siglas de CAA, lo cierto es que cada comando tenía total libertad para escoger y explicar sus acciones más allá de aquellos principios políticos comunes que les llevaba a coordinarse entre ellos. Tras varios años de acciones revolucionarias, a mediados de los 80 deciden ejecutar a Enrique Casas Vila, senador del PSOE, y uno de los responsables ideológicos de la creación de los GAL. Este hecho desatará como venganza política por parte del Estado español la emboscada en la bahía de Pasaia.

Justicia y memoria colectiva:

En el año 2016, la Audiencia Provincial de Donosti, admitió que había indicios de asesinato en aquellos hechos, sin embargo finalmente archivó el caso y fue imposible la identificación de los autores. El superviviente Joseba Merino aseguró que el dispositivo policial estuvo formado por tres centenares de agentes, muchos de ellos desplazados desde Madrid, siendo esta acción armada dirigida por la Brigada de Información policial. Incluso los tres hermanos de Txapas, que habían sido detenidos meses antes por su militancia política, la policía les anticipó que su hermano resultaría muerto.

Las familias de los asesinados se enteraron por los medios de comunicación, la manipulación propagandística se ensañó con quienes denunciaron estas muertes, y los homenajes fueron multitudinarios. Fuera del territorio de Euskal Herria, se daba mayoritariamente el más absoluto de los desconocimientos sobre la veracidad de los sucesos, sin embargo, la dignidad de estos cuatro militantes sigue viva después de decenas de años. Los familiares han expresado la intención de acudir al Tribunal internacional de Estrasburgo para esclarecer los sucesos. Mientras tanto, el pueblo de Pasaia no olvida las vidas arrancadas aquella noche a cuatro jóvenes vascos.

Este año pasado, y gracias a un proyecto de microdonaciones, ha salido a la luz el documental “Pasaiako Badia”, que narra los hechos de estos asesinatos a través de los protagonistas supervivientes, testigos y algunos familiares. La productora Oinatzak Produkzioak, y sus directores Yuri Agirrek, Erik Aznalek y Xabier Otamendik resumen en poco más de una hora unos acontecimientos que no deben ser olvidados nunca.

Actualmente unas siluetas dibujadas en tinta blanca sobre las rocas donde fueron tiroteados recuerdan a las cuatro víctimas mortales. Una vez más la memoria colectiva está ligada a espacios comunes que atesoran las voces silenciadas de quienes han luchado contra la represión.

28 mujeres luchadoras sociales han sido asesinadas en el marco del pos-acuerdo

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Idalia Castillo Narváez era una líder campesina del municipio de Rosas, Cauca. El 9 de agosto del 2017 fue sacada de su hogar, violada, torturada y posteriormente asesinada, apuntando todo a que las razones de su homicidio fue su papel como vocera ante la Junta de Acción Comunal y activista de la mesa departamentos de víctimas del conflicto armado1. Ella hace parte de las 28 mujeres luchadoras sociales asesinadas desde el 1 de enero del 2016, en el marco del fin del conflicto armado que sostenían el gobierno nacional y la antigua guerrillera de las FARC, hoy convertida en partido político legal2.

A pesar de los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano en tema de desmonte del paramilitarismo y garantías para la movilización social, dentro de estas mismas fechas, el total de defensores de derechos humanos y activistas sociales asesinados ascendió a 205, correspondiendo el caso de quienes se identificaban como mujeres al 13,7%. Es decir, aproximadamente una de cada 7 activistas sociales asesinadas es mujer, siendo mayor porcentualmente incluso que los feminicidios en Colombia, que rondan en el orden del 10%. Esta situación es aún más preocupante si se le suma que por lo menos cuatro de estas víctimas fueron violentadas sexualmente y/o torturadas antes de ser asesinadas, lo que representa que la avanzada paramilitar que se registra en el país contra los movimientos sociales, y que tiene el apoyo por acción y omisión del Estado ha venido posicionándose sobre el cuerpo de la mujer de nuevo, tal cual en los periodos más oscuros de décadas anteriores. Además, en el año anterior 145 mujeres más sufrieron agresiones o amenazas a razón de su activismo social3, en el mismo año que ha sido de los más violentos para los procesos populares en los últimos.

Los principales grupos sociales donde son asesinadas las mujeres por su actividad social o política son las comunidades indígenas (7 casos) y campesinas (6), aunque preocupa también el asesinato de 3 profesoras, 2 mujeres trans y una ex-combatiente de las FARC. Además, tres de estos casos tienen como victimarios a agentes del Estado, por un lado militares y de otro lado el Escuadrón Móvil Antidisturbios, quien asesinó con un arma no convencional a una periodista indígena en el Cauca. La mayor parte de estas luchadoras fueron asesinadas en la modalidad de sicariato con ataque a bala, mientras se desplazaban a pie o en motocicleta, y en muchos casos sus compañeros sentimentales sufrieron heridas o también fueron asesinados, presuntamente por grupos paramilitares y ejércitos antirestitución locales. Los departamentos donde mayor violencia política con final fatal contra la mujer hubo son Antioquia y Cauca, con seis casos cada uno, seguidos luego por dos casos: Tolima, Meta, César, Norte de Santander, Arauca y Nariño, coincidiendo tanto regionalmente como en grupos poblacionales afectados por la violencia en tiempos de “paz” con las tendencias globales, ubicándose los ataques contra los movimientos sociales y las mujeres principalmente en zonas periféricas del país y con gran población agraria e indígena.

Aunque la cifra de 205 lideres sociales asesinados ya es escandalosa, sumarle la preocupante parte que corresponde a feminicidios y crímenes contra mujeres activistas debería poner en alerta al gobierno, que sin embargo, ha manejado como respuesta oficial un desconocimiento del fenómeno paramilitar y de reducir el “socialicidio” (como se propone llamar genocidio en curso contra activistas sociales) a meros líos personales o familiares, no solamente haciendo la vista gorda sino también negando el papel político que viene asumiendo la mujer en esta nueva etapa que le ha salido bastante costosa al pueblo que resiste y lucha contra el modelo de muerte que llega a los territorios una vez el Estado desarmó la principal guerrilla del país.

Redacción: Rebeldía Contrainformativa

En memoria de: Angelina Miranda, Danna Mendez, Diana Luz Solano, Diana marcela calvo, Edenis Barrera Benavides, Elvia Azucena Vargas, Erika Yisel Arias Galíndez, Idalia Castillo Narváez, Johana Alarcon, José Fina Cuetia Ramos, Karolayn Parra, Katerine Escalante Castillo, Leidy Amaya, Leidy Xiomara Peña Naveo, Liliana Astrid Ramírez Martinez, Liliana Patricia Cataño Montoya, Luz Angela Anzola, Luz Herminia Olarte, Luz Jenny Montaño, María Efigenia Vásquez Astudillo, María Elsy Ángulo García, Miriam Zulay Hernández Silva, Narda Barchilon, Nataly Salas, Rubiela Sánchez Vanegas, Ruth Alicia López Guisao, Yaneth Calvache y Yoryanis Isabel Bernal.

5 de Agosto

5 de agosto
se despojó de sus pétalos
a 13 rosas rojas
y se pisotearon
43 claveles
Los fusiles estrellaron
sus fieras espinas
contra una tapia
de ladrillo herido
Se sesgó
el latido ardiente
de la resistencia
de 13 rosas rojas
‘Que mi nombre no se borre de la historia’

Carmen
Elena
Martina
Pilar
Virtudes
Victoria
Blanca
Julia
Ana
Dionisia
Adelina
Joaquina
Luisa

Que sus nombres no se borren de nuestra memoria.

Deina Fortes

La otra cara del «espíritu de Ermua»

El 13 de julio de 1997 se confirmaba la anunciada muerte de Miguel Ángel Blanco. Este desconocido y joven concejal de una localidad vizcaína no mucho más conocida, Ermua (aproximadamente 16.000 habitantes), aparecía moribundo por dos disparos tras dos días de secuestro por parte de ETA, que había exigido el acercamiento de sus presos al País Vasco como condición para liberar a Blanco sano y salvo. Era la culminación de la campaña, empezada dos años antes, de atentados contra alcaldes y concejales del PSOE y, sobre todo, del PP. Decimos que era su culminación no porque la campaña terminara ahí, sino porque este asesinato fue percibido como el más gratuito y cruel y suscitó, por todas sus características, la mayor indignación. El público había seguido sus dos días de desaparición sabiendo que su superviviencia estaba prácticamente descartada y, en cuestión de horas, conocía su hallazgo –herido de muerte– y seguía, con el dramatismo de la información en tiempo real, su traslado al hospital y su muerte, horas después.

Las movilizaciones siguientes fueron de las mayores que se habían visto en la historia del estado español y se habló de un cambio de ciclo con respecto a la normalidad de la presencia de ETA en la vida política vasca. Se habló de un «espíritu de Ermua» basado, por un lado, en una idea de superioridad moral –de ahí el símbolo de las manos blancas frente a las manos «manchadas de sangre»– de las «demócratas» (categoría laxísima que aglutinaba de hecho a todas las personas que se opusieran a ETA) y, por otro, en la lógica del cordón sanitario: el rechazo de la actividad y existencia de ETA exigía su condena, la falta de condena por parte de algunas organizaciones (todas las del bloque KAS, empezando por la coalición Herri Batasuna) exigía el aislamiento institucional y social de estas por parte de las demás, el incumplimiento de esta exigencia de aislamiento implicaba el rechazo de otras (EA, EB, EAJ-PNV) y la aparición, fuera de ellas, de voces partidarias del diálogo (como la organización Elkarri o algunos miembros del PSE-PSOE como Gemma Zabaleta) llevaba hasta estas el escarnio público.
Esta nueva vuelta de tuerca en el antiterrorismo omnipresente tendría episodios menos trágicos, como el esperpento del concejal jiennense Bartolín, que fingió haber sido secuestrado por ETA diez meses después de que lo fuera M. A. Blanco y se convirtió sucesivamente en mártir, héroe y vergüenza de ilustres peperos como Carlos Iturgaiz, o la cruzada judicial de la «doctrina Garzón» que, a lo largo de los últimos diecinueve años, ha acrecentado la inseguridad jurídica en el estado español al ampliar los delitos de terrorismo (ya antes laxos) a cualquier cosa que un tribunal considere inserta en el plan de una organización previamente considerada terrorista, lo que ha llevado a la clausura de dos periódicos, una revista, una emisora de radio, tres páginas web, once partidos y candidaturas políticas y seis organizaciones de otros tipos (juveniles, antirrepresivas, etc.), además de una serie de operaciones policiales contra otras.
Un antiterrorismo omnipresente sobre el que volveremos más adelante y que, pese a tener parte de especificidad española, se integraría sin muchos problemas en el ámbito internacional y más con la elección de Ariel Sharon como jefe de gobierno israelí (febrero de 2001) y la cruzada antiterrorista global lanzada por EEUU tras el 11-IX-01.

No obstante, volviendo al ámbito estatal, algo poco recordado de aquellos días de espíritu de Ermua es la violencia que surgió inmediatamente al margen de lo institucional, si bien jaleada desde PP, PSOE  y medios de comunicación afines («¡A por ellos!», jaleó la periodista Victoria Prego en el masivo acto de homenaje a Blanco). El año pasado, un medio reaccionario recordaba con cierto orgullo cómo el 13 y el 14 de julio del 97 se asaltaron herriko tabernas y locales de HB (en algunos casos, para incendiarlos a continuación) y cómo las manifestantes imbuidas de ese espíritu enviaron al hospital a no pocas independentistas.

El ambiente de todo-vale-contra-el-terrorismo dio cierta cobertura moral y política a todo lo que se percibiera como contrario a ETA y, hubiera mayor dosis de casualidad o de causalidad, el reguero de sangre siguió en el otro lado. Si el 12 de julio hallaban a Miguel Ángel Blanco tiroteado por un comando Vizcaya y el 13 moría, el día 20, Juan Carlos Hernando, Peli, colaborador de otro comando Vizcaya anterior de ETA, aparecía ahorcado en las duchas de la prisión de Albacete a unos meses de obtener la libertad condicional; el 4 de agosto desaparecía en su exilio mexicano de Irapuato (Guanajuato) el ex-miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas José Luis Salegi, Txipi, señalado durante años en los medios como líder de un sector de autónomas que se acercaba a ETA, para ser hallado muerto dos días después (de un infarto de miocardio, determinaron las cuatro autopsias realizadas) y con un grupo de desconocidas con acento español interesándose por sus restos, y el 24 de septiembre, dos supuestos miembros de otro comando Vizcaya de ETA, José Miguel Bustinza y Gaizka Gaztelumendi, morían por disparos de la Guardia Civil en pleno centro de Bilbao, sin que se llegara a aclarar nunca si aquellos habían hecho o no uso de sus armas.
Puede sorprender que en esa lista no se encuentre ninguna de las miembros del comando acusado de matar a Blanco, pero aún falta por recordar el epílogo. El 20 de marzo de 1999 aparecía muerto en Orereta José Luis Geresta, considerado el segundo responsable directo del asesinato de M. A. Blanco, en circunstancias muy extrañas (como había ocurrido con otro miembro de un comando Vizcaya, Josu Zabala, en marzo del 97). Once días antes, precisamente en una operación garzoniana, Nekane Txapartegi, concejal de HB y pareja o amiga de Geresta, según la fuente, había sido detenida acusada de ser parte del supuesto «aparato internacional» de ETA. No estamos en condiciones de acusar a nadie de las muertes de J. C. Hernando ni de J. L. Salegi, por lo que no lo haremos. No obstante, no pueden dejar de resultarnos sospechosas, por quiénes eran y por el momento en que ocurrieron, así como por las circunstancias que las rodearon. Los casos de Bustinza, Gaztelumendi y Geresta nos parecen claramente más sospechosos y, si bien no podemos achacar responsabilidades personales ni institucionales concretas, nos parecen claras las responsabilidades sociales y políticas por las que estas muertes fueron generalmente acogidas entre el silencio, la indiferencia y el placer.

Ese espíritu, sin el empuje inicial pero con la inercia de tiempos previos fortalecida, es el que permanece hoy día. Sin tiroteos –sospechosos o no–, sin más desaparecidos que los pendientes desde la etapa 1973-1980, el furor antiterrorista resulta ser mucho más persistente que el propio terrorismo. Permite que aumente la lucha contra supuestos enaltecimientos del terrorismo cuando no existe terrorismo, busca comandos anarquistas donde hay anarquistas sin comandos y busca gravísimos linchamientos terroristas donde sólo hay una pelea de bar. Una diferencia semántica que puede costar a ocho jóvenes entre 12 y 62 años de cárcel.

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