Colaboración compartida por Marcelo Sandoval Vargas, militante libertario en Guadalajara y profesor adjunto en el CUCSH (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades) en la Universidad de Guadalajara, México.
¿Qué gana el proletario con el hecho de depositar en la urna una boleta electoral en la que ha puesto el nombre de la persona que ha de formar parte del gobierno? […] el gobierno es fuente de la injusticia, del odio, de la guerra entre los seres humanos.
El trabajador que empuña una boleta electoral es digno de lástima, porque él mismo se nombra a sus verdugos, él mismo fabrica el látigo que ha de cruzarle el rostro, él mismo permite que perdure este sistema infame
Ricardo Flores Magón
El 1º de julio de 2018 a través de la jornada electoral que se vivió en México, asistimos a un espectáculo que mantiene al espectáculo general de la sociedad de clases, de la sociedad patriarcal, estatal y colonial. La sociedad actual es un espectáculo generalizado y es, al mismo tiempo, una acumulación de espectáculos. Para los poderosos el espectáculo es la única posibilidad de participación, una que se realiza en términos de apariencia y pasividad, donde la capacidad de hacer e imaginar está subsumida al mundo instituido. La política del espectáculo es la que llevan a cabo los ciudadanos, ese sujeto que se conforma en el momento en que un individuo atomizado delega el destino de su vida, cuando decide abandonar el compromiso de hacerse cargo de su propia existencia.
El proceso electoral mexicano se realizó en medio de una guerra, se organizó sobre fosas clandestinas, sobre la vida de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de jóvenes y niños esclavizados. Los mecanismos y formas de despliegue de la etapa actual de la guerra histórica del capitalismo contra la vida dio inicio en 2006, momento en que se comenzó a experimentar un aumento de la violencia estatal contra los pueblos; violencia y represión que irrumpió de manera clara con dos acontecimientos que marcaron el inicio de una nueva política estatal, reflejo del recrudecimiento de los procesos de acumulación, a través de la destrucción de la vida, los territorios y los cuerpos de las personas.
En ese año el gobierno mexicano reprimió al pueblo de San Salvador Atenco, estado de México; pueblo que defendía su tierra desde el 2001 ante las pretensiones de construir sobre su territorio un aeropuerto. En mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que aglutinaba a los ejidatarios de Atenco, decidió acompañar a unos floristas que resistían un desalojo por parte de la policía, frente a este acto de solidaridad, la policía respondió con represión y violencia, por lo que algunos floristas y los lideres del FPDT se alojaron en una casa durante varias horas para protegerse. La acción represiva obligó a los miembros del FPDT a bloquear una carretera que comunica al estado de México con la ciudad de México, para exigir la liberación de los floristas y ejidatarios de Atenco. La respuesta por parte del gobierno fue un operativo policiaco-militar que tuvo la intención de aprehender a sus lideres, acusándolos de secuestro; el pueblo fue invadido por policías, que estaban en busca de cualquier poblador o persona que hubiera ido a solidarizarse con la gente de Atenco, cuando encontraban a alguien lo golpeaban y detenían. El saldo final fue dos personas asesinadas, decenas de mujeres vejadas y violadas por los propios policías, decenas de personas golpeadas y torturadas. A todos ellos se le encarceló por varios años por delitos que no cometieron. La represión se utilizó para romper la organización y resistencia del pueblo, así como amenaza a todas las luchas, movimientos y organizaciones del país.
La segunda acción represiva ocurrió en noviembre de 2006, fue otro operativo policiaco-militar; esta vez contra los pobladores de ciudad de Oaxaca, los pueblos indígenas y las organizaciones que protagonizaron este movimiento insurreccional, que desde junio de ese año organizaron una de las mayores experiencias de lucha y auto-gobierno de las últimas décadas. Fue conocido como la Comuna de Oaxaca y fue obra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El movimiento irrumpió como respuesta al intento del gobierno de desalojaron un plantón de maestros de educación básica en el zócalo de esa ciudad, que se montó en mayo en exigencia de aumento salarial y mayores derechos laborales. Cuando los policías comenzaron a atacar a los profesores, la gente salió de sus casas en defensa de los maestros. Primero volvieron a instalar el plantón, pero la organización no quedó en eso, decidieron de manera espontánea tomar bajo su control la ciudad. La insurrección se llevó a cabo mediante la instalación de barricadas en todos los barrios, tomaron varias radios, universitarias, gubernamentales y comerciales así como la televisión estatal, utilizaron los medios de comunicación para dar a conocer su lucha y hacer denuncias del hostigamiento que llevaba a cabo el gobierno, pero no sólo, lo más importante fue que los usaron como organizadores del movimiento. Durante los meses de insurrección el gobierno se escondió y la gente organizó la vida de toda la ciudad. La experiencia duró alrededor de 5 meses, tiempo en el que fue permanente la violencia del Estado: convirtió a los policías, vestidos de civil, en un grupo paramilitar que por las noches salía a atacar con armas de fuego a la gente de las barricadas; todos los días había enfrentamientos con las fuerzas del orden en distintos puntos de la ciudad; constantemente se hostigaba los territorios controlados por los insurrectos. Finalmente, en el mes de noviembre el gobierno realizó un operativo policiaco-militar que recorrió calle por calle con tanques y hombres armados con la intención de destruir las barricadas, golpear, encarcelar y asesinar a quienes mantenían la resistencia. Hasta el momento no se sabe con seguridad cuantas personas fueron asesinadas, desparecidas y encarceladas, pero se calcula en cientos.
Lo que representan estas dos represiones es el inició de una nueva política estatal; una que está caracterizada por el estado de excepción para los pueblos, donde la violencia es la primer respuesta gubernamental con el fin de garantizar la acumulación y la ganancia de los capitalistas, lo que implica es la intensificación y reconfiguración de la guerra capitalista, esa conflagración de largo aliento entre los desposeídos y los poseedores. Lo que definitivamente redondeó dicho cambio en la política estatal, fue el fraude electoral que se organizó en el mismo año, fraude que se cometió contra el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (de tendencia socialdemócrata). La intencionalidad de fraude fue permitirle al candidato de derecha Felipe Calderón llegar a la presidencia, pues éste fue quien se comprometió con los poderosos, bajo el discurso de que iba a imponer una guerra contra el narcotráfico, concretar la nueva etapa de guerra capitalista contra la vida. Todo ello contribuyó a que se diera rienda suelta a un episodio de la historia de México que ha dejado un saldo de 118 mil personas asesinadas y decenas de miles de desaparecidos, según las cifras oficiales.
Hasta ahora son 12 años de guerra, puesto que el presidente que siguió a Felipe Calderón, el derechista Enrique Peña Nieto, ha sido continuador de la misma política terrorista por el control de territorios y de la vida, de esta guerra contra los pueblos, contra las mujeres y contra la naturaleza, pero que se ha enmarcado en los medios de comunicación y en los discursos de los gobernantes como guerra contra el narcotráfico. Durante este periodo, la gente se dio cuenta que el principal asesino y criminal es el propio Estado. Pues ha sido evidente, por ejemplo, la participación directa de la policía, el ejército y los gobernantes en el asesinato de 3 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Se comprobó la masacre que realizó el ejército en Tlatlaya, estado de México, en el mismo 2014. Por esta razón emergió un grito de batalla que comenzó a repetirse en las calles: ¡Fue el Estado!
Como respuesta a la guerra capitalista, existen pueblos que se han organizado para resistir y defenderse. Algunos movimientos y luchas se han dado cuenta que no pueden esperar nada del gobierno, que el problema es el mismo Estado, por tanto, han surgido experiencias de autonomía y auto-gobierno, así como formas de seguridad y auto-defensa comunitarias. Las familias de los desaparecidos se han puesto a buscar a sus hijos e hijas, van de ciudad en ciudad, de fosa en fosa, saben que el gobierno nunca encontrará a sus familiares, pues es parte del mismo sistema que los desaparece. Sin embargo, en estos 12 años de terror y caos no se ha tenido la capacidad de conformar un proyecto revolucionario que aglutine parte del descontento, una alternativa real desde la cual los movimientos, pueblos y luchas sean capaces de combatir. No obstante es manifiesta la rabia y el dolor de la gente, los procesos de resistencia están dispersos y aislados, las sensación de desolación frustra las posibilidades de organización, convirtiendo es misma rabia y dolor en miedo paralizante.
Razón fundamental para que con todo y que a finales del año 2017 la legitimidad del Estado y los partidos políticos se encontraba en su peor situación en las últimas décadas, puesto que la clase política gobernante era despreciada de manera casi unánime y que se expresaba un temor y una rabia general contra el ejército, la marina y la policía por sus participaciones en desapariciones, masacres, despojos y detenciones injustas, no fue posible construir una salida revolucionaria a la barbarie capitalista. Dicha imposibilidad fue aprovechada por los partidos políticos en la apertura de las campañas electores, el candidato socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador, apareció como en el 2006 arriba en las encuestas, a una distancia muy grande de sus dos competidores, los derechistas Ricardo Anaya y José Antonio Meade, los cuales propusieron continuar con la misma política de terror, mientras que López Obrador desarrolló un discurso que llamaba a buscar la paz y el desarrollo en el país.
En el plano económico los tres principales candidatos representaban la continuidad del neoliberalismo, la misma búsqueda de ganancia y acumulación capitalista, sólo que Anaya y Meade hablaron explícitamente de continuar con la misma dinámica de violencia generalizada, de guerra civil no declarada; y López Obrador planteó que esa misma acumulación y ganancia se pueden concretar de una mejor manera si hay paz y cierta tranquilidad para la gente. Ese discurso, asociado a 12 años de desesperación para la gente, le permitió mantenerse muy arriba en las encuestas durante toda la campaña electoral y finalmente ganar las elecciones el 1º de julio de 2018.
El desprecio por las campañas electores de los diferentes partidos fue generalizado. El porcentaje de votación se mantuvo dentro del promedio para una elección presidencial, alrededor del 60% del electorado. En general se percibió desencanto, a pesar de que el candidato socialdemócrata López Obrador ganó por una distancia muy grande, obteniendo más del 50% de las preferencias; no se ha manifestado entre la gente de abajo esperanzas para que cambie la situación de forma profunda, aspiran a vivir con menos violencia, aspiran a que los asesinatos y las desapariciones disminuyan, que haya trabajo para que se pueda consumir, que haya tranquilidad para que se pueda producir.
Lo que se observa, con la victoria del López Obrador, es que se ha vuelto a legitimar el Estado. Además, al ser un personaje que tiene un discurso izquierdista en el plano social, estamos seguros que las formas de represión que se utilizaran por parte del gobierno que represente serán la cooptación y la guerra de baja intensidad. La clase media se ha vuelto su principal aliado y es su primer línea de defensa. Sin embargo, lo que olvida la clase media es que en un país como México, donde los fraudes electorales son la regla, el triunfo de López Obrador significa que las élites han dado su aprobación, significa que existe un acuerdo entre las dos partes y seguramente una serie de compromisos que debe cumplir el nuevo gobierno que tomará posesión el 1º de diciembre de 2018.
Para quienes tratamos de posicionarnos de modo radical y revolucionario, el panorama es adverso de una manera diferente a como veníamos lidiando con los dos gobiernos anteriores, donde primera respuesta era la violencia para quienes estaban en defensa del territorio y de la vida. Esta vez nos enfrentamos a un consenso entre entre los medios de comunicación y la clase media en su apoyo al nuevo gobierno; los partidos políticos de todas las tendencias aceptaron su derrota fácilmente y se han alineado al que será el próximo presidente. Por ello la critica radical, antiestatista y anticapitalista, se volverá necesaria en un contexto donde se le va desdeñar aún más que antes.
Bajo el discurso de darle una oportunidad a un gobierno que por primera vez representa una postura socialdemócrata e izquierdista, se va a promover la pasividad. Y como en todos los gobiernos progresistas que ocurrieron en Sudamérica, cualquier crítica será tachada de reaccionaria y pro-imperialista. Eso deja un camino sinuoso para las opciones revolucionarias, que en la actualidad están dispersas, aisladas y débiles, mientras que los movimientos y pueblos que luchan y defienden el territorio se enfrentaran a mecanismos represivos basados en la cooptación y el asistencialismo, sin descartar, por supuesto, la violencia cuando los intereses del capital se vean amenazados.
No queda más que evitar que decaiga la crítica antiestatista y anticapitalista. Es necesario construir un proyecto real desde el cual se pueda articular una resistencia efectiva contra la dominación capitalista, que sea capaz de organizar la vida de una forma distinta. El Estado sigue siendo el mismo, sólo que ahora se ha vuelto más fuerte y tiene legitimidad otra vez, por lo que es un enemigo más peligroso, seguramente no dejará de recurrir a la violencia, las desapariciones y el despojo, sino que a esos mecanismos de opresión se le incorporan nuevos mecanismos de control. La jornadas electorales del 1º de julio y el desenlace que tuvo, confirma que el sistema capitalista está tratando de renovarse para seguir explotando y dominando. Las elecciones significaron una de tantas alternativas ilusorias que sólo llevan a la restauración de la misma dominación. A la persistencia de la guerra.
Para los pueblos indígenas y los oprimidos, para los desheredados y los desposeídos, no hay más alternativa que la resistencia. El mundo capitalista significa la destrucción de la vida, está contra quienes resisten, se rebelan y luchan. Por eso, nuestra única respuesta es la revolución social, entendida como acumulación de esfuerzos que apuesten por vivir en el ahora de la lucha bajo otros modos, desde otras relaciones sociales. Nuestro camino, en este sentido, se va a ir creando en tanto nos decidamos a ir enfrentando problemas cotidianos, enfrentándolos de modo colectivo y mediante el ejercicio de nuestra acción directa, sin representantes ni dirigentes. La auto-organización de los oprimidos para descolonizar la vida entera, la organización a través de la cual se logre desplegar la autogestión integral de nuestras existencias, significa la única opción de emancipación.
