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Ayotzinapa, puño y corazón

Ayotzinapa es el latido de 43 jóvenes estudiantes, y el de decenas de miles de desaparecidos más por el gobierno mexicano, es la memoria de a quienes secuestraron con vida, y sin embargo, sus familias y amistades nunca han vuelto a verles, pero sí sentirles cada día muy cerca.

El 26 de septiembre de 2014, la policía municipal de Iguala (Estado de Guerrero) y el ejército mexicano persiguió y atacó brutalmente a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Este tipo de escuelas preparan a profesores y docentes que enseñarán en las zonas rurales mexicanas, y que siempre han tenido un fuerte componente de transformación social, por lo que han sido semillero de movimientos populares.

Ese latido delator de Ayotzinapa señala a las autoridades mexicanas y al crimen organizado protegido por el propio Estado, como responsables de estas desapariciones. Los estudiantes normalistas, antes de que les secuestraran, preparaban en distintos autobuses su próxima marcha a la Ciudad de México para recordar a las cientos de víctimas de la represión del gobierno mexicano el 2 de octubre de 1968 en las huelgas estudiantiles.

Ellos querían mantener viva la memoria de quienes murieron por las balas de los represores en la Plaza de las Tres Culturas, y ahora somos nosotros quienes tenemos el deber ético de sostener viva su memoria colectiva como una cadena inquebrantable en la historia de los pueblos que nunca han sido doblegados.

Ayotzinapa es la sangre caliente que corre por las venas abiertas de un México que se desangra, que nada más rozar a la madre tierra se tiñe de negro luto. Es la sístole de un puño que se contrae atesorando la rabia de aquellos quienes nunca han podido dar sepultura a sus hijos, amigos o compañeros; y que se acumula en las gotas de ámbar rebelde. La diástole que nos empuja comúnmente a continuar buscándoles, a ellos y a todos los desaparecidos; porque sabemos que no habrá justicia sin lucha, sin caracoles de pensamiento y porque vivos se los llevaron, y vivos los queremos.

 

Guadalajara, Estado de Jalisco, a 26 de septiembre de 2017

Contra su vigilancia generalizada, nuestro comunitarismo organizado

Arnoldo Diaz

¿Cuál es esa seguridad de la que tanto hablan? ¿Por qué tenemos miedo de salir a las calles? ¿Cómo puedo velar por mi seguridad y la de mi comunidad? Buscamos la respuesta a éstas y más preguntas en una reflexión colectiva llevado a cabo en las VI Jornadas Magonistas en Monterrey, Nuevo León (México) el pasado 2016, por lo que esto es más una síntesis escrita de la conversación que un ensayo.

Apoyándonos con material audiovisual, la experiencia de calle y la teoría anarquista, buscaremos esclarecer -desde nuestro contexto local/global- la práctica policíaca en el día a día con el fin de imaginar y construir métodos antiautoritarios para derrumbar en colectividad los dogmas como la policía y el pensamiento liberal burgués en general. Lo aquí expuesto se puede escuchar completo en el siguiente enlace.

Algunos objetivos de la policía

No es nuestra intención hacer una genealogía de la policía, pero es necesario estar conscientes de algunas nociones básicas sobre la interpretación de la historia y sobre la policía en particular. Primero, debemos entender que la historia, es decir, la actividad de la humanidad en el pasado, se forma entre diversos factores, pero se transforma –principalmente- por las acciones de resistencias colectivas e individuales de quienes nos podemos englobar bajo la categoría de oprimid @s.

Para que exista una resistencia, existe una dominación. Los opresores también han ido forjando la historia a través de la violencia y la explotación, siendo la policía uno de los mecanismos para lograrlo. Desde la formación de la policía en Atenas en el siglo IV a.C. y hasta las rondas de vigilancia de la Fuerza Civil[i] a comercios de grandes empresas y bancos, la policía se constituye como el brazo violento de los explotadores, cuyo fin último y esencial es la defensa de la propiedad privada.

Nos cuestionamos ¿Qué pasa cuando la propiedad no entra en peligro? Nos referimos a qué pasa cuando el motivo de la detención no es el daño a la propiedad, sino la criminalización de los sectores específicos de los mundos que representamos los y las oprimidas.

Para esto, discutimos el caso de Erick Garner, un habitante de la ciudad de Nueva York, que falleció a los 43 años de edad tras haber separado a dos personas que peleaban en la calle.

 

Con el ejemplo de Erick Garner discutimos y visualizamos que la policía es un conjunto de cuerpos acríticos y desensibilizados, quienes no están preparados para tener un contacto para con las otras personas, por lo que se vuelve normal el uso de la fuerza desmedida como solución a un problema. Lo confirmamos con nuestra cotidianidad donde los abusos de autoridad y la violencia policíaca se han ido normalizando como consecuencia de 10 años de guerra continua en México.

La normalización de la violencia policíaca se refuerza con las campañas de miedo de los medios de comunicación masivos. Con las campañas de terror que se extienden las televisoras se crea una contradicción en el pensamiento de la población: mientras que por un lado piden mayor cantidad de policías, por el otro los policías son los culpables de los altos niveles de violencia, al perpetuar esta contradicción no volvemos incapaces de visualizar una solución al problema del crimen.

Ante esto la gente responde con desconfianza para con sus iguales, criminaliza a los sectores más oprimidos de la sociedad y tiende a idealizar la “rectitud” del militar en contraposición a la corrupción del policía. La justicia que llamamos burguesa es jerárquica, de arriba hacia abajo, los conflictos no se resuelven entre iguales, siempre hay un poder mayor que tiene que venir a resolver los problemas. Todo esto contribuye al segundo objetivo de la policía y del sistema de justicia burgués: la individualización.

Erick Garner fue la víctima inocente que deriva del conflicto entre dos personas que son iguales pero que no se consideran como tales, por lo que su solución son los golpes. Erick, al intentar detener este conflicto, se vuelve víctima de la histórica criminalización de la comunidad afroamericana muriendo a manos de un elemento policiaco…

La posible solidaridad

La muerte nos une, contra las injusticias nos organizamos, es en estos momentos en que el Estado necesita reafirmar su monopolio de la violencia y la justicia por lo que siempre presiona para encontrar soluciones a través de sus instituciones. Al preferir una resolución represiva-legal por parte del Estado reproducimos el proceso de individualización, nos mostramos incapaces de resolver nuestros problemas entre iguales. Por lo tanto, al dotar herramientas para la solución de conflictos y al concentrar las armas de fuego el Estado pretende volverse absoluto.

 Aun así la defensa entre iguales es posible.

 

Observamos a una mujer que está siendo arrestada en Cuba tras las protestas contra un conjunto habitacional en su barrio. Cuando la mujer protesta las vecinas y vecinos de inmediato impiden su arresto, siendo esto una muestra de lo que se puede lograr en defensa de una igual.

 Cuando nos cuestionamos si en nuestra ciudad de Monterrey sería posible dicha acción, la respuesta fue un rotundo “no, no es posible”. Pero mientras fueron surgiendo las experiencias de acoso policiaco a las protestas en la ciudad vemos que a pesar de no contar con un apoyo constante es posible ganarse la simpatía de la gente frente a la represión. Pero fuera de los círculos políticos -que son apenas embriones de movimientos sociales-, vemos que la defensa entre iguales es común en espacios como el barrio o el estadio de futbol.

En nuestros barrios, más de una vez hemos visto como las señoras impiden que la policía arreste a l@s jóvenes por más drogas que consuman, hemos visto como la comunidad decide linchar a violadores de menores de edad, entre otros ejemplos. Por más que la individualización haya avanzado: la solidaridad que deriva de una identidad (que se materializa en un deporte, una práctica artística, un territorio o una clase social) permite que hoy nos podamos defender como comunidad.

La solidaridad derivada de una identidad nos permiten proteger a un igual, dicha solidaridad nos impulsa a tratarnos como iguales para resolver nuestro problemas sin la intervención de una autoridad. Pero para llevar esto a la práctica tenemos que cuestionarnos ¿Qué entendemos por crimen? ¿Qué entendemos por castigo? ¿Qué entendemos por víctima? y así librarnos de las lógicas carcelarias y policiales para resolver nuestras diferencias.

Nuestra autodefensa organizada.

Es a través de la solidaridad que nos es posible navegar en las grietas del Estado capitalista patriarcal. A veces nos desarrollamos en éstas sin darnos cuenta, pero a veces es necesario encontrarnos de manera decidida y organizada. En dichas grietas es donde han surgido las alternativas de autodefensa, los ejemplos de combate a la autoridad capitalista y las experiencias de alternativas a la justicia burguesa.

Sobre esta temática tuvimos que parar nuestro análisis ya que no existe la organización ni las experiencias de autodefensa organizada en nuestra comunidad. Pero en México existe más de una experiencia de la que podemos aprender.

Aquí nos remitimos a la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC–PC) que habla por sí misma. Si bien no son aceptados en todas las comunidades, la protección de las comunidades en contra de los megaproyectos, contra el narcotráfico y contra el gobierno mexicano es fuente de esperanza para quienes las habitan.

 

De Grecia a Michoacán, de Chiapas a Kurdistán, el pueblo una vez más cambia el ritmo de la historia. Las experiencias de autodefensas y autogobiernos en México nos ayudan a cuestionar los principios del Estado-Capital y con ello caminar hacia la construcción de un mundo nuevo. Hoy, dicha tarea se emprende a nivel nacional[ii] con la campaña del Concejo Nacional Indígena quienes buscan participar en la campaña electoral del 2018.

¿Pero es posible desarrollar un proyecto de autodefensa en las urbes? La gente ya ha tomado ciertas medidas organizativas para alertar, pero la lógica alertar a las autoridades al final es la lógica de depender del Estado… Tal vez aún no sea posible, pero podemos apuntar a construir proyectos de autodefensa que permitan a la gente resolver sus problemas como iguales cuando sea posible e implementar un sistema más allá del castigo, como lo pueden ser las escuelas de reeducación de las policías comunitarias al sur del país[iii].

Es posible construir otra seguridad fuera de las medidas carcelarias que junto al verdugo son las soluciones que el Estado y la burguesía utilizan para la resolución de los conflictos, soluciones que intensifican el proceso de individualización y refuerzan el monopolio de la violencia por parte del Estado.

Con nuestra conversación aquí sintetizada hemos llegado a la conclusión de que proteger a nuestra comunidad no es imposible, pero si depende de un largo y arduo trabajo en la misma, cosa en la que quienes nos identificamos con el anarquismo hemos fallado. Pero no es tarde para corregir este error.

[i] Policía militarizada del estado de Nuevo León.

[ii] Con dignas excepciones como es el caso del municipio Cheran K’eri que se rehusó a permitir la instalación de casillas al desconfiar por completo de los proceso electorales.

[iii] En este punto recomendamos la poco difundida tesis El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación  Comunitaria del Estado de Guerrero como sistema de justicia paralelo al Estado de Yolotli Fuentes Sánchez

El Narco-Estado del horror: Una jornada sangrienta para México

Los cuerpos sin vida de 7 trabajadores agrícolas a las afueras de una huerta de trabajo -en la que cortaban aguacate- ubicada sobre la carretera Santa Clara-Españita en el municipio de Salvador Escalante. Fotografía: Michoacán 3.0

Demián Revart

México. Segundo país más violento del mundo.

Michoacán vuelve a ser encabezado nacional. No por algún logro o mérito de su población, sino por la morbosa y trágica nota roja. El pueblo mexicano tiene más segura la muerte que el “progreso”.

Nadie se salva.

Tan sólo un mes ha transcurrido de la masacre en la comunidad p’ur’hépecha de Arantepakua en la que 3 comuneros y un estudiante de 16 años del COBAEM de la localidad fueron asesinados por la policía federal en un operativo tanto cobarde como descomunal para “resolver” un conflicto en la tenencia de las tierras comunales.

De nuevo, el infierno alerta al país.

México. Tercer país con el mayor número de periodistas asesinados. Tan sólo después de Siria y Afganistán. Esto es una guerra maquillada.

El 15 de mayo fueron asesinados cobardemente los periodistas Javier Valdez y Jonathan Córdova. Del primero, su cuerpo yació en una sosegada calle de Culiacán, su sombrero ensangrentado; del segundo, en un crucero en el centro de Autlán en Jalisco. Los casquillos de bala de grueso calibre a unos cuantos centímetros de los cadáveres. ¿Quiénes eran ellos? El primero, impasible y galardonado con el CPJ International Press Freedom Awards, así como escritor de diversos libros de historia oral y local sobre las masacres geográficas y desplazamientos de los cárteles en Sonora y otros estados del norte; el segundo, joven entusiasta colaborador en el semanario El Costeño junto con su madre, ella ahora internada de gravedad tras las heridas de bala en el altercado (Jonathan aa había sido secuestrado dos veces…pero no dijo nada porque a nadie le iba a importar, ¡ni que fuera jugador de fútbol o estrella de TV!)

123 periodistas asesinados en 16 años. Tal vez más. No lo sé. La humanidad es estadística pura.


Algo les incomoda. Algo les duele. Informar se ha convertido en un acto revolucionario. La tinta y la cámara no serán armas suficientes.

Esta jornada es claramente un examen desde el panóptico del narcotráfico en el que todos vemos a los demás como culpables, pero ellos controlan nuestras celdas territoriales y políticas.

Por la mañana de este jueves 18 de mayo, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 7 trabajadores agrícolas a las afueras de una huerta de trabajo -en la que cortaban aguacate- ubicada sobre la carretera Santa Clara-Españita en el municipio de Salvador Escalante. Según testimonios y ciertas pruebas fotográficas viralizadas en redes sociales, se aprecia en la escena del crimen que los trabajadores fueron asesinados junto a una fogata en la que estarían calentando su lonche. Cerca de ellos había bolsitas con comida y bules con agua propios de este oficio.

¿Dónde está la causa de su asesinato?

Por la tarde del sábado 20 de mayo, un comando armado disparó cobardemente contra el compañero wixárika Miguel Vázquez Torres -excomisariado de Bienes Comunales- y su hermano Agustín, originarios de la comunidad de Teponahuaxtlán en el municipio de Tuxpan de Bolaños, hiriéndolos de muerte. El crimen sucedió en el poblado de Kuruxi Manuwe ubicado en lo alto de la Sierra Norte de Jalisco.

Este doble asesinato es producto de la omisión institucional y de “justicia” en las comunidades indígenas, debido a que después de que el grupo armado abatiera a tiros a Agustín con armas de grueso calibre, este fue trasladado con heridas graves al centro de salud de la localidad, donde moriría unos instantes después. La narración no termina allí. Al ser notificado del ataque mortal a su hermano, Miguel se trasladó al hospital y al salir del edificio, fue asesinado a balazos por los mismos agresores que escaparon en una camioneta Toyota Tacomma.

Miguel Vázquez Torres era un gran defensor del territorio, docente en la comunidad de Barranquillas, y -la que fuera su praxis más importante- fungió como Comisariado de Bienes Comunales de Sebastián Teponahuaxtlán hasta el pasado marzo de 2017, defendiendo un proceso de resistencia de los agricultores wixárika por la recuperación de 184 de las 2000 hectáreas de tierras comunales en los predios de Piedra Bola y Bola Negra que se encuentran en conflicto desde hace 50 años con los grandes propietarios de Huajimic en el municipio de La Yesca, entre los límites de Jalisco y Nayarit. En 2010 fue parte primordial en la formación del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, siendo encargado de la Mesa Jurídica.

Grabémonos esta tesis: “el narcotráfico es una extensión histórica del capitalismo y su Estado”.

¿Alguien con ética podría estrechar la mano de quienes dan por alto a un México ensangrentado?

Para asumir la responsabilidad humanística y vitalista de lo que diría el reciente periodista asesinado, Javier Valdez, en una de las presentaciones de su libro: “Estamos contando muertos únicamente”, es necesario asumirnos en una guerra contra el Narco-Estado y quienes lo sostienen.

¿Quiénes están dispuestos?

Publicado el 1 de Junio de 2017 en:

http://rupturacolectiva.com/el-narco-estado-del-horror-una-semana-sangrienta-para-mexico/

Ayutla de los Libres se regirá sin partidos políticos y por la autonomía; es hora de que los pueblos se autogobiernen

 Demián Revart

Un boom por la autonomía

Parece que hay un boom en la vindicación de las comunidades indígenas y pueblos originarios por elegir a sus propios representantes, no bajo la ya conocida regla de “votemos y a ver qué resultados nos dan” sino de que estos emanen desde el núcleo del pueblo para resolver las circunstancias más innatas y cotidianas que se les presentan. ¿Cómo se le puede pedir a un funcionario de traje que arregle los problemas del campesino si sus manos se empecinan más en acomodar papeles y no los surcos de la tierra? Diría el escritor y poeta John Keats: “el paisaje humano es muy bueno, pero la naturaleza humana es más fina”.

El empujón que llevó a las 140 colonias y comunidades de Ayutla de los Libres a orientarse por esta vía fue que 8 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 son originarios de este municipio, por lo que allí se vivió uno de los procesos más fuertes de toda la coyuntura de las movilizaciones, tanto por la exigencia de su presentación con vida, las mejoras sustanciales en la seguridad del municipio, así como en una nueva –y armoniosa- forma de organizarse más allá de las marchas y los mitines.

El 30 de noviembre de 2014, integrantes de la CRAC-PC, maestros de la CETEG, padres y madres de Ayotzinapa, respaldados por un gran sector activo de la población, decidieron tomar el “Narco-Ayuntamiento” y proclamaron públicamente regirse por un Concejo Popular Municipal, debido a que “el narco ya penetró a todas las instancias de gobierno y sólo así evitaríamos otra masacre y las constantes desapariciones forzadas que se viven día con día” [1]. Ese movimiento autonomista se extendió también a los municipios de Tecoanapa, San Luis Acatlán y Tlapa de Comonfort (cercanos geográficamente) y en menor medida en Acapulco de Juárez.

Uno de los principales referentes del movimiento por la autodeterminación, Manuel Olivares Hernández (secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos) dejó para la historia accional el siguiente mensaje: “estamos en el ejercicio del narcopoder, que ha dejado decenas de fosas, incluso Guerrero es un gran cementerio clandestino, por eso con los concejos municipales se va a reemplazar a las autoridades municipales que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio” [2].

A partir de esa fecha, la fórmula autonomista se ha venido trabajando hasta llegar al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Guerrero y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para validar la realización de una consulta popular los pasados sábado 10 y domingo 11 de junio en el centro del municipio.

Es hora de que los pueblos se autogobiernen

Nos elevaríamos en idealismos si deducimos que este proceso va corriendo como Usain Bolt en una carrera de pista sin obstáculos. En la contienda persiste una gran contracorriente partidista y conservadora que se ha opuesto a la elección por usos y costumbres desde una asamblea consultiva realizada en octubre de 2015. Como sucede en muchos movimientos sociales, estos son marcados por las huellas de una fuerte polarización entre estratos –quienes tienen más y quienes carecen de ello-, en este caso, entre los pueblos originarios y rurales –mayoritariamente de raíces na’ saavi y me’phaa- en antagonismo con las colonias de la cabecera municipal. A mayor dinero en el bolsillo, mayor exclusión de los sin rostro.

No obstante, el resultado de la reciente consulta fue convincente y decisivo; 7,178 pobladores votaron por el modelo de asamblea comunitaria, mientras que sólo 5,965 votaron por la elección de planillas [3] (en su mayoría, militantes de la tríada corrupta PRI-PAN-PRD y sus partidos satélites, e incluso hizo una participación sigilosa la actual alcaldesa priísta Hortencia Aldaco Quintana).

Es vital decir que “la consulta no fue tan fácil, ya no que ni siquiera habían consultado a los pueblos indígenas que existiría ese informe sobre cómo elegir a sus representantes” nos comenta un poblador ayutlense, y en efecto, unas 100 personas se tomaron las instalaciones del IEPC el pasado 25 de mayo de 2017 para exigir que fueran consultados “mixtecos, tlapanecos, mestizos (…) ya que la asamblea es la máxima autoridad donde se toman las decisiones”.

Los resultados obtenidos estos 10 y 11 de junio reafirman el hecho de que a pesar de ciertos amañamientos e intereses disfrazados por fuera de lo que en realidad es la democracia comunitaria, tergiversándola para hacerse extraoficialmente de los territorios más volubles dentro de su billetera política, son las mayorías quienes reivindican los usos y costumbres.

De igual forma, “diversos partidos políticos han intentando convencer con regalos y dinero a los comisarios para que no se presentaran a las juntas (…) diciendo también que los programas sociales como “Prospera” desaparecerán si los partidos son expulsados”.

El Sebastopol [4] de la autonomía y el autogobierno va a continuar ganando posiciones estratégicas y un gran apoyo local-nacional ante el bando partidista-empresarial.

De estar out a la reivindicación colectiva

Ayutla es considerada como la cuna del Ejército Popular Revolucionario (EPR) nacido en mayo de 1994, por lo que se imaginarán las redadas, vigilancia desorbitante y los asesinatos extrajudiciales que realizaron tanto el Ejército mexicano como la policía con el pretexto de capturar a los guerrilleros.

(…) según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2010, en Ayutla de los Libres el 88% de los habitantes vive en pobreza y la mitad de sus habitantes no tiene recursos suficientes ni siquiera para comer.

Una tercera parte de sus pobladores tiene rezago educativo y no tiene acceso a servicios de salud, mientras que el 78% no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda (…), [5]

Ese mismo año surgiría la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) con una gran y primordial participación de mujeres indígenas. En 2016 denunciaron que tan sólo en ese año fueron ejecutadas 20 mujeres originarias en conjunto con el municipio vecino de Acatepec. Su trabajo antimilitarista les ha provocado el asesinato de 16 integrantes y personas cercanas a su labor de defensa comunitaria, 7 más fueron detenidos y unos 107 han recibido amenazas directas (gobierno, políticos, narcotráfico, policías… ¡ya a ni quien apuntarle!).

La pobreza es un factor determinante (aunque no un pretexto minóico) para la organización interna de las localidades de Ayutla, ya que:

por lo que el desarrollo económico desde lo-local es también un argumento para la autogobernanza.

Vuelvo a una de las primeras preguntas que plasmé en las líneas iniciales de este texto: ¿cómo pedirle al Estado que acreciente los niveles económicos cuando éste los administra –a través de la violencia y la estratificación- facilitándo las ganancias capitalísticas a una sola clase social?

Comunitarios de la CRAC-PC realiazan inspección y vigilancia en las entradas del municipio.

La seguridad es otro punto a tratar. Fue en 2010 que los ayutlenses se integraron a la CRAC-PC de la Costa Chica para instalar retenes y reducir los niveles de inseguridad. Con el tiempo –y las infiltraciones- en el proyecto comunitario de la misma CRAC, se hizo una ruptura de la que emergió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que no precisamente ha tenido un historial blanco como grupo armado. ¡Esto no pareciera cierto! (pero sí lo es). La voluntad popular en Ayutla ha sido la que afianzara la participación de ambos grupos en el seno de la seguridad, a pesar de las diferencias mixofílicas y una confrontación política -incluso armada y desmedida- que aún persiste en otras regiones guerrenses.

El gobierno empezaba a temblar a inicios de enero de 2013 que los grupos armados oficializaron ante los medios de comunicación su incidencia en Ayutla. Los mensajes ‘por debajo de la manga’ desde la cúspide gubernamental llegaban asiduamente a sus respectivos dirigentes, pero los retenes y acciones “por fuera de la ley” no se interrumpieron ni un sólo día.

El jueves 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón, unas 500 personas realizaron el primer juicio popular a 54 delincuentes capturados que han sido vinculados al crimen organizado.

Estas iniciativas desde el seno interno de los pueblos y barrios –ya que todos los integrantes de la CRAC-PC son elegidos por asamblea comunitaria- provocaron intensos disgustos y rabietas por parte del gobierno estatal. El 21 de agosto del mismo año, el Ejército mexicano intentó desarmar en una emboscada a los comunitarios de la CRAC-PC de la Casa de Justicia “El Paraíso” en el poblado del mismo nombre, dando como desenlace la captura de seis de ellos (Bernardino García Franciso, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Ambad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo).

Tendrían que pasar 3 años hasta su liberación el 13 de mayo de 2016…

Integrantes de ambos grupos armados retienen a 54 delincuentes vinculados con el crimen organizado. En asamblea, se decide postergar las sanciones en una nueva reunión en el municipio de Tecoanapa.

Autoconstrucción y algunas conclusiones para el futuro

La relevancia de admirar la democracia comunitaria practicada a través de los usos y costumbres no es como tal a la forma que representa el cambio de paradigma en la toma de decisiones, sino, en los siguientes contenidos:

A) La expulsión definitiva de los partidos políticos, por tanto, la confrontación constante –que muchas veces no es aparente- con la estructura del Estado moderno.

B) La abolición de una figura presidencial y la erradicación futuro-temporal de las jerarquías políticas, al conformarse concejos integrados por pobladores de cada uno de los barrios o comunidades que son elegidos por el servicio e interés en el desenvolvimiento colectivo de un territorio y quienes lo habitan, no por jugarretas partidistas o de provecho vanguardista para organizaciones ya conformadas.

C) La autonomización total y antisistémica del territorio tras la sólida conformación de una economía cooperativa y el fortalecimiento de la autodefensa comunitaria, dejando de lado las dádivas de los tres niveles de gobierno.

No hay que ser soez (y a eso me dirijo con el segundo inciso de estos argumentos). En el proceso de elección por usos y costumbres puede existir también la intención de organizaciones y ambiciones personificadas en representantes autoritarios para obtener cargos políticos “independientes” que demeriten la intervención de la gente interesada en el bien común.

Las conclusiones tendrán que derivarse de un serio y constante ejercicio deliberativo y de limites-alcances desde –y para- las comunidades en donde las rivalidades o la ambición de ser-autoridad prevalezcan.

¡QUE LA TOMA DE DECISIONES RESIDA DESDE LO MÁS DEBAJO DE LOS PUEBLOS!

¡SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES DE AYUTLA DE LOS LIBRES RUMBO A LA AUTONOMÍA!

¡NUNCA MÁS UN GUERRERO SIN LOS DE ABAJO!

Notas y referencias

[1] Conversación con pobladores de Ayutla en el XXI Aniversario de la CRAC-PC, celebrado en la comunidad de Horcasitas en San Luis Acatlán, Guerrero. Octubre de 2016.

[2] “Forman consejos populares en Ayutla de los Libres y Acapulco” por Sergio Ocampo y Héctor Briseño, La Jornada, 30 de noviembre de 2014, p. 7. (http://www.jornada.unam.mx/2014/11/30/politica/007n1pol)

[3] “Gana en Ayutla el modelo de elección por usos y costumbres en asambleas” por Jacob Morales Antonio, El Sur: Periódico de Guerrero, 14 de junio de 2017. (http://suracapulco.mx/1/gana-en-ayutla-el-modelo-de-eleccion-por-usos-y-costumbres-en-asambleas/)

[4] Buque de guerra utilizado por marineros anarosindicalistas en la Rebelión de Kronstadt en 1921.

[5] “Ayutla de los Llibres, el lugar donde los civiles ejercen la justicia” por Daniela Rea, CNN México, 1 de febrero de 2013. (http://expansion.mx/nacional/2013/02/01/ayutla-de-los-libres-el-lugar-donde-los-civiles-ejercen-la-justicia)

Publicado el 16 de Junio de 2017 en:

http://rupturacolectiva.com/ayutla-de-los-libres-se-regira-sin-partidos-politicos-en-julio-de-2018-es-hora-de-que-los-pueblos-se-gobiernen/

Policía Comunitaria de Guerrero: una institución de los pueblos para la seguridad y justicia desde abajo.

La historia del Estado de Guerrero, en México, encuentra su hilo conductor en la violencia, en particular la violencia política. La actitud autoritaria y represiva de las élites locales, tratando de mantener las grandes desigualdades que atraviesan a la región, se ha enfrentado continuamente con los intentos organizativos rebeldes de las clases populares. En los ’70 operaron en este estado las dos principales guerrillas rurales mexicanas. Hoy en día no han parado los asesinatos y desapariciones de activistas o políticos locales. En cambio, se ha incrementado, al igual que en muchos Estados del país, la violencia supuestamente relacionada con la delincuencia organizada. Guerrero en 2015 representaba la entidad del país con el mayor numero homicidios en relación al numero de habitantes, y en este año 2016 han aumentado respecto al anterior. En la prensa local a diario se reportan noticias de asesinatos o eventos delictivos, pero lo interesante que se nota es que casi la totalidad de estos acontecimientos ocurren en las regiones del centro, norte y occidente del Estado. En cambio, las regiones llamadas Montaña y Costa Chica, en el sur oriente del Estado, los índices de violencia relacionada a la criminalidad organizada son mucho mas bajos que en las demás. En varios municipios de estas dos regiones, desde hace más de veinte años funciona un Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria que toma el nombre de CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria).

[Se articularon] a nivel regional grupos de seguridad que no dependían de las instituciones oficiales sino que de sus instancias comunitarias

La CRAC-PC surgió en 1995 en un clima de inseguridad que afectaba a los campesinos cuando se trasladaban de sus comunidades a la única ciudad de la región para ir a vender su cosecha de café. En aquellos años eran frecuentes asaltos en las brechas y caminos. Varias veces terminaban con asesinatos y violaciones a las mujeres. Representantes de las comunidades y dirigentes sociales empezaron a convocar asambleas para resolver este asunto, pero, frente a la insensibilidad mostrada por los diferentes niveles de gobierno, decidieron que la única alternativa que les quedaba era organizarse ellos mismos para atender su seguridad. El 15 de octubre 1995, representantes de 28 comunidades acordaron conformar su propios grupos de seguridad, que nombraron Policía Comunitaria. En los meses siguientes, en cada localidad se eligieron en asamblea a un grupo de policías, que funciona en base al “sistema de cargos” y la lógica del servicio de las comunidades indígenas.

No era nada nuevo la existencia de grupos de seguridad comunitarios en los pueblos indígenas mexicanos. Siempre hubieron en la historia, y en muchos lugares aún siguen funcionando al interior de sus propias comunidades. La novedad de esta Policía Comunitaria fue que sus grupos se coordinaron entre ellos para patrullar y moverse por todo el territorio, puesto que el problema en aquel entonces eran los asaltos en los caminos. En la practica se generó un proceso de articulación a nivel regional de grupos de seguridad que no dependían de las instituciones oficiales sino que de sus instancias comunitarias, coordinados bajo el mando de comandantes regionales y de una asamblea regional.

[Los condenados] son privados de su libertad, pero no van a una cárcel, sino que son enviados en las comunidades por temporadas de 15 días.

Investigaciones y reportajes periodísticos han registrado los éxitos del proceso comunitario: una bajada de los indices delictivos entre 90% y 95%, alcanzando gran respecto y consenso en toda la región. Inicialmente los delincuentes o supuestos tales que eran detenidos se entregaban a los entes de justicia oficiales. Pero, el contexto de corrupción e ineficiencia de estos órganos provocaba que en muchos casos fuesen dejados en libertad dentro de pocas horas o días, causando un gran malestar en la población. Así que en 1998 en una asamblea regional los pueblos decidieron constituir su propia instancia de justicia comunitaria, que hoy en día se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conformada por un consejo de autoridades nombradas en la asamblea, encargado de la impartición de justicia. A partir de aquel entonces, los detenidos son juzgados por este órgano, en su propria lengua, y según procedimientos de las comunidades locales, que no preven la intervención de abogados y privilegian la conciliación entre las partes. Si son condenados, entran en un proceso que llaman reeducación. Son privados de su libertad, pero no van a una cárcel, sino que son enviados en las comunidades por temporadas de 15 días. Ahí los policías comunitarios y las autoridades locales son los encargados de resguardar a los presos, de proporcionarles comida y de hacerlos trabajar 8 horas la día, de lunes a sábado, en actividades para la comunidad.

Con los años el proceso se ha expandido, integrando a su interior comunidades campesinas mestizas, y más recientemente población urbana, llegando a ser una institución comunitaria regional y pluriétnica: actualmente participan ahí poblaciones de alrededor de 150 localidades, de cuatro étnias diferentes. A pesar de algunas escisiones internas pasadas en los últimos tres años, el espacio de la CRAC-PC se ha vuelto también un ámbito de articulación entre sus pueblos para enfrentar problemas de varios tipo. Esto se comprobó en 2011 cuando, frente la amenaza de proyectos de minas a cielo abierto en toda la región, fue desde las asambleas regionales de la CRAC-PC que se impulsó el movimiento de defensa del llamado territorio comunitario. Dichos proyectos por el momento están suspendidos, debido a la pronta reacción de las comunidades, pero la región sigue siendo bajo la mirada de las grandes empresas extractivas por la supuesta presencia de metales preciosos. Muchos analistas han interpretado que el aumento de represión y de los intentos gubernamentales de cooptacion contra de la CRAC-PC que se han dado en los últimos tiempos, se deben a que ella representa el principal obstaculo a los intereses de estas empresas capitalistas.

Desde 2013 han surgido decenas de grupos de defensa comunitaria o ciudadana en todo el Estado de Guerrero

Desde 2013 han surgido decenas de grupos de defensa comunitaria o ciudadana en todo el Estado de Guerrero, como respuesta al recrudecimiento de la violencia de la criminalidad organizada contra la población. En la actualidad, fuentes periodísticas reportan la existencia en la entidad –además de la CRAC-PC– de 4 sistemas de seguridad y justicia ciudadana y 5 grupos de autodefensa, en los cuales participan alrededor de 20 mil ciudadanos armados. Algunos de estos grupos surgidos recientemente ingresaron en la CRAC-PC, pero sus acciones se confrontaron en manera directa con las instancias gubernamentales, lo cual le causó una dura represión. El ejemplo más conocido ha sido el encarcelamiento de Nestora Salgado, Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, debido a que su grupo detuvo a un funcionario del ayuntamiento acusado de estar vinculado a un grupo criminal de aquella zona. Gracias a una campaña internacional y a movilizaciones en Guerrero, a inicio del 2016 Nestora Salgado alcanzó la libertad, aunque en la actualidad siguen aún 3 integrantes de la CRAC-PC en la carcel. El ataque a la organización comunitaria no ha parado: además de la existencia de un gran numero de ordenes de aprehensión en contra de algunos de sus miembros, a finales de noviembre 2016 fue secuestrado y posteriormente asesinato el coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla -municipio conocido por alojar la escuela normal de Ayotzinapa- a través de una acción de explicito desafió a la organización reivindicada por un grupo criminal de la zona.

Daniele Fini

Poder popular frente al gobierno: 3 años de lucha magisterial por una educación democrática en México (II)

Reivindicaciones populares y el desarrollo del conflicto

A finales de 2015, los maestros se veían obligados a pasar el test de evaluación contenido en la reforma de Peña Nieto. En Oaxaca, los alrededores del centro de evaluación se asemejaban a un escenario de maniobras militares, con 10.000 policías federales desplegados para asegurar que la evaluación tenía lugar. Esta imagen resume la respuesta del gobierno ante el conflicto: la imposición autoritaria de la reforma y la militarización frente a la protesta.

La respuesta armada ha sido la tónica general en la actitud del gobierno desde el comienzo. El 11 de septiembre de 2013 se publicaban las leyes que concretaban la, como dicen los maestros, mal llamada reforma educativa. La reforma había desatado una fuerte oposición en contra desde meses atrás, tanto por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, un sindicato corporativo próximo al PRI) como de la más combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La oposición se concretó en diversas huelgas, marchas y un plantón de cinco meses en el zócalo de la capital liderado por la coordinadora. Dos días después, el 13 de septiembre, ese plantón era violentamente desalojado por la policía federal.

En febrero de 2013 la lider del SNTE, Elba Esther Gordillo, es detenida acusada de apropiación de dinero del sindicato y de organización criminal. Durante años, Gordillo había continuado con la labor de sus antecesores de mantener la lealtad del sindicato al PRI, con bastante éxito salvo en Oaxaca o Chiapas, e incluso había ganado notoriedad como figura política. Sin embargo, Gordillo pasó a criticar la reforma educativa que se había hecho a espaldas de la SNTE.

Los cargos sobre Gordillo se han ratificado posteriormente. Sin embargo, la corrupción es desgraciadamente común en la burocracia mexicana y ni siquiera la propia familia Peña Nieto está libre de culpa. Los motivos de la detención son meramente políticos, como resultado de oponerse al PRI y a la reforma. Este movimiento político-judicial para desactivar a la SNTE no toma en cuenta a la CNTE, que tomará el relevo de la lucha. Si bien posteriormente el gobierno jugará las mismas cartas deteniendo a líderes de CNTE acusados de corrupción, el impulso de lucha se encontrará mucho más avanzado y esta actuación no llegaría a tener el efecto desmovilizador esperado por el gobierno.

Durante todo el conflicto, los plantones de la CNTE en el DF y otras ciudades serán constantes, moviéndose entre el Zócalo, el Monumento a la Revolución, la Avenida Reforma o la Plaza de la Ciudadela. Las tiendas de campaña y las lonas constituirán una seña de identidad del movimiento, como parte de una estrategia de visibilidad y presión a las autoridades.

Durante el curso escolar se combinan paros con estrategias diversas de presión, se moviliza a maestros de la SNTE y se logran algunas demandas de financiación, apertura de negociaciones, reconocimiento de antigüedad laboral a pesar de la evaluación y mantener algunos de los derechos de los normalistas, si bien la reforma no se detiene. El conflicto se destensa y no se convocan huelgas para el inicio del curso siguiente, pero las acciones continúan, destacando un plantón rotativo por todo México y el sonado ataque a una sede del PRI en Oaxaca.

se logran algunas demandas de financiación, apertura de negociaciones, reconocimiento de antigüedad laboral a pesar de la evaluación y mantener algunos de los derechos de los normalistas, si bien la reforma no se detiene

El 26 de septiembre tiene lugar la matanza de Iguala, Guerrero. Policías municipales atacan a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, matan a 9 personas y desaparecen a 43 estudiantes. La Asamblea Nacional Representativa de CNTE, dos días después, se ve sacudida por el suceso e incorpora la lucha contra el terrorismo de Estado a sus demandas sobre la Educación Pública. Así, las acciones continúan, a partir de este momento impregnadas por la lucha en solidaridad con los desaparecidos.

En junio de 2015, la CNTE amenaza con boicotear el proceso electoral si no se suspende la evaluación a los maestros y se negocia la reforma. Llama a evitar la colocación de urnas para los votantes en 11 entidades, lo que se suma al constante bloqueo de caminos y carreteras, e incluso el aeropuerto de Oaxaca y varias gasolineras. Esta amenaza logra que se retrase indefinidamente la evaluación magisterial prevista para ese mismo mes.

En la negociación con la secretaría de gobernación finalmente se logran algunas concesiones: la SEGOB se compromete a garantizar el pago a los maestros y el mantenimiento de sus puestos, establecer mesas de trabajo sobre la propuesta de reforma educativa de los maestros, profundizar la investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y respetar los derechos humanos en la actuación frente a los contingentes de la CNTE. No obstante, estas concesiones estaban lejos de lo reclamado por los maestros, por lo que el boicot a las elecciones se mantuvo y se saldó con fuertes enfrentamientos. La SEGOB cortó las negociaciones hasta que se terminara la huelga y los maestros volviesen a clase.

La respuesta del gobierno vino en forma de liquidación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, anteriormente bajo control de los maestros, y su reestructuración como organismo afin al gobierno. Esta maniobra amenazaba con el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras. Más tarde, a finales de 2015 la evaluación finalmente tenía lugar gracias a un fuerte dispositivo policial y con la negativa de muchos maestros a presentarse. De hecho, las formas autoritarias del gobierno en la imposición de la evaluación están llevando a más maestros a rechazar la evaluación.

En junio de 2016, la CNTE realiza un corte de carretera en Nochixtlán. En medio de la confrontación con la policía federal, se produce un enfrentamiento armado que deja un saldo final de 11 muertos, ninguno de ellos policía. La policía y el gobierno acusan a civiles armados de iniciar el tirote, si bien no existen imágenes de civiles armados y sí varios videos e imágenes que muestran a la policía utilizando fuego real.

Es importante remarcar el apoyo recibido por la lucha magisterial por parte de la sociedad, de las organizaciones indígenas y de la izquierda.

Es importante remarcar el apoyo recibido por la lucha magisterial por parte de la sociedad, de las organizaciones indígenas y de la izquierda. En Oaxaca, la CNTE está intimamente ligada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), constituida en 2006 por distintas organizaciones sociales al calor de otra rebelión de maestros, que elevaría las formas de lucha hasta lo que se llegó a llamar la Comuna de Oaxaca: barricadas, cierre de carreteras y constitución de ayuntamientos y policías populares. También el ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena han comunicado su apoyo a la lucha de los maestros, animando “a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha magisterial, a organizarnos de forma autónoma para estar informados y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo”. El EZLN además ha contribuido con ayuda material a la lucha, donando alimentos y fondos. El apoyo de estas organizaciones ha sido fundamental para desmontar toda la campaña mediática que el gobierno desató en contra de la CNTE, como destacó el subcomandante Galeano del EZLN que estaba ocurriendo en Chiapas: “Cada vez más son las familias que socorren las maestras, las apoyan para sus viajes y marchas, se angustian cuando son agredidas, les ofrecen alimentos, bebidas y refugio. Son familias que, según la taxonomía de la izquierda electoral, estarían embrutecidas por la televisión, son come tortas, están alienadas, son acarreadas, no tienen conciencia”

Finalmente, otra de las estrategias seguidas por el gobierno ha sido dividir y enfrentar a los sindicatos de la coordinadora. Así, planteaban hace unas semanas a las secciones de Chiapas una serie de medidas como el retraso en la aplicación hasta 2018, liberando a los presos y desactivando las órdenes de arresto. Una estrategia negociadora que se mezclaba con el desembarco de varios miles de policías y militares en el Estado de Chiapas. La respuesta ha sido la negativa de las secciones a negociar sin acuerdo de la Asamblea Nacional de la Coordinadora. Sin embargo, tras consultar a la coordinadora algunas de las medidas en Chiapas, que suponen el retraso indefinido de la aplicación de la reforma en este Estado, han sido aceptadas como parte de una estrategia de ejemplo movilizador.

En estos últimos días de septiembre, la CNTE acuerda la vuelta a clases, distensando una vez más el conflicto, tras haber logrado que el gobierno los reconozca de nuevo como interlocutores válidos para la negociación y que la reforma siga sin aplicarse de manera temporal en varios estados. Sin embargo, la lucha continúa, las negociaciones están abiertas, la Secretaría de Educación amenaza con despedir a los profesores que siguieron la huelga mientras la CNTE mantiene contactos con otros partidos como el PRD y Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) para llevar sus demandas al plano institucional. Dichas demandas serían:

  1. Abrogación de la reforma educativa.
  2. Justicia para las víctimas de Nochixtlán.
  3. Estabilidad laboral y defensa del normalismo.

Y, por supuesto, que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, habiendo transcurrido ya dos años de su desaparición.

La virulencia mostrada por el gobierno no es de extrañar si se entiende que la lucha contra la reforma educativa es la punta de lanza para detener la aplicación de los acuerdos neoliberales recogidos en el Pacto por México y que han recibido el rechazo constante de buena parte de la sociedad mexicana. En juego está el futuro político y económico de México, así como la legitimidad del gobierno.

En el próximo artículo analizaremos los pasos que se están dando desde la CNTE y la comunidad educativa para desarrollar e impulsar una auténtica reforma educativa democrática y popular para México.

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