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Miguel G. Gómez (@Blackspartak), aparecido en primer lugar en alasbarricadas

Con este artículo se pretende dar a conocer el proyecto político-económico seguido por la Confederación Nacional del Trabajo durante la Guerra Civil Española. Evitaremos dar una lectura recurriendo a palabras fetiche como «traición a los principios» o «oportunismo», que no explican la realidad de los procesos internos y mucho menos los virajes estratégicos de una organización de masas.

Cuando la CNT salió del Congreso de Zaragoza en mayo de 1936 parecía que los debates internos sobre como aplicar la ideología a lo concreto de la realidad española se habían zanjado definitivamente. En este congreso lo más importante a nivel teórico fue la Declaración del Concepto Confederal del Comunismo Libertario. En este documento se hacía un esbozo sobre cómo tenía que ser una sociedad regida bajo los principios anarquistas.

El ambiente general en la primavera de 1936 era de fuerte contestación social a todos los niveles y los ánimos estaban ciertamente muy exaltados. La posibilidad de la revolución no era en absoluto una quimera. Los teóricos del anarquismo, tales como Isaac Puente, Valeriano Orobón Fernández o Diego Abad de Santillán llevaban años esbozando modelos de sociedad comunista libertaria sin acabar de coincidir entre ellos. En Zaragoza se apostó por un modelo de comunismo libertario más basado en las ideas de Isaac Puente que en las del resto.

Las características generales eran la abolición de la propiedad privada y el establecimiento de comunas como elementos fundamentales de la nueva sociedad. A nivel industrial cada centro de producción tendría un consejo técnico-administrativo nombrado en asamblea por la plantilla de la empresa. Se coordinarían con otros centros a través de las federaciones de industria – que en 1936 estaban muy poco desarrolladas. En su descripción no dejan claro el rol de los sindicatos a partir de este momento, y se sobreentiende que se disolverían dada la consecución del comunismo libertario.

Algunos sectores tales como la enseñanza, el transporte, la construcción, entre otras, escaparían a la planificación general industrial y estarían más vinculadas a los ámbitos locales o comunales.

El punto básico, como se ha dicho, era la comuna, que tendría que confederarse territorialmente en una Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias. Esto sería el organismo que sustituiría al Estado a nivel administrativo. Las comunas se encargarían de regir los problemas que afectan a la vida de forma democrática, de abajo a arriba, siempre teniendo en cuenta los intereses de los afectados.

En cuanto a la distribución, el Congreso de Zaragoza no aceptó el concepto kropotkiniano de “la toma del montón”. En cambio, apostó por una carta del productor y del consumidor que tendrían que gestionar las comunas mediante bonos de adquisición. Cabe notar que no mencionaban la figura de la cooperativa.

Por ahora el treintismo había quedado acallado. Acató esta decisión del movimiento sindical libertario. También apoyaban la propuesta de la CNT de iniciar un acercamiento con la UGT para formar una alianza sindical de carácter revolucionario. Para los sindicatos treintistas de Oposición lo importante fue reintegrarse en la central anarcosindical.

Todo esto fue la base teórica de la Revolución española de 1936. A primeros de junio se produjo la gran oleada de ocupaciones de fábricas en Francia. Se llegó a pensar que la revolución social iba a estallar en ese país. Pero a fin de cuentas tuvo lugar en España al ser derrotado en buena parte del territorio el levantamiento militar fascista.

El gran dilema que afrontaron los Confederales los primeros días de la guerra fue si había que tomar el poder, como proponía Joan García Oliver en su “ir a por el todo”, o si había que establecer un pacto antifascista, como proponían Federica Montseny o Mariano Vázquez. La propuesta que obtuvo más adhesiones fue la de Manuel Escorza que asumía el pacto antifascista en lo público y formal, mientras que la economía y las milicias quedarían bajo el control de los trabajadores. Es decir, se apostó por hacer la revolución social mientras se colaboraba en la derrota del fascismo.

Esta decisión se tomó por la dificultad de prever lo que iba a ocurrir en otros territorios españoles. Si en Catalunya la CNT era hegemónica y tenía la sartén por el mango, en otras zonas de la Península (ya que las islas habían quedado bajo el control de los sublevados fascistas) la CNT no se veía capacitada para imponer la revolución libertaria. Se dice imponer, precisamente por que era lo que proponía García Oliver que, si bien en Catalunya podrían hacerlo, otra cosa muy distinta era intentarlo en Madrid o en Valencia. También entendamos que por entonces se tenía la victoria militar por segura. Valía la pena esperar.

Así pues, el movimiento libertario fue quien le propuso al resto de las fuerzas antifascistas la creación de una nueva entidad llamada Comité Central de Milicias Antifascistas, que poco a poco fue tomando otras atribuciones más allá que la cuestión meramente militar, por ejemplo, la Comisión de las Industrias de Guerra. Pero este organismo no era un doble poder, si no que duplicaba el poder existente, la Generalitat, sin cuestionarla ni amenazarla. Y, además, el movimiento anarcosindicalista colaboró con la Generalitat para gestionar áreas enteras de la sociedad, tales como la economía o la enseñanza. Así se crearon en agosto tanto el Consell d’Economía de Cataluya como el Consell de l’Escola Nova Unificada, ambos liderados por personalidades del movimiento libertario. Y a todo esto, tengamos en cuenta, que la CNT no aprobó participar formalmente en el Gobierno de la Generalitat hasta el Pleno Regional de Sindicatos del 24 de septiembre. Es decir, que el anarcosindicalismo participaba (y dirigía) consejerías de la Generalitat antes de pertenecer formalmente al Consell de la Generalitat.

En esta primera época, el “breve verano de la anarquía”, hubo una multitud de expropiaciones de empresas de carácter voluntario. Muchos patronos se habían marchado del país, ante sus simpatías hacia los golpistas y su miedo a ser detenidos y ejecutados por las masas obreras. Al quedar sus empresas sin dirección muchas fueron confiscadas sin más. En el Boletín Oficial, el DOGC, la misma Generalitat aceptaba estas colectivizaciones e incluso aceptaba la ocupación de tierras propiedad de las personas que habían desaparecido de sus poblaciones. Este fue el origen práctico de una multitud de colectivizaciones de tierras en Catalunya. Incluso los ayuntamientos controlados por ERC aceptaron esta situación sin grandes problemas.

Al mismo tiempo, otras zonas peninsulares se contagiaron de la revolución social (hasta entonces en gran medida había sido política, en clave de ruptura). Si bien, en muchos pueblos y ciudades industriales valencianos las cosas sucedieron de forma similar a Catalunya, en otros lugares la revolución fue impulsada desde fuera (Aragón), o fue impulsada tanto por una CNT minoritaria como por una UGT radicalizada por la base (Asturias, Andalucía, Castilla, Extremadura, o Murcia). En todo caso la revolución era un hecho tan incontestable que casi todas las organizaciones republicanas la apoyaban verbalmente. Diferían en el modelo de revolución. No era lo mismo la revolución para Esquerra Republicana, que para los marxistas del POUM o si quiera que para los comunistas soviéticos (que también hablaban de Revolución Nacional). Pero el modelo mayoritario fue el impulsado por la CNT. En muchos lugares donde se colectivizaba en nombre de la CNT y la UGT en conjunto la fórmula que se aceptaba era la de la primera organización.

Esta pluralidad de iniciativas se tenía que sistematizar de alguna manera. La propia CNT lo reconocía y celebraba plenos de sindicatos con mucha frecuencia para establecer criterios de funcionamiento, aclarar malos entendidos y resolver los consiguientes conflictos de intereses. El aluvión de afiliación era tal que mucha gente venía de nuevas sin conocer ni los principios ni los acuerdos anteriores.

Un gran paso para ordenar este proceso revolucionario fue el Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero de Catalunya del 30 de octubre. Fue redactado por Joan P. Fábregas y es todo un modelo para establecer una transición a un socialismo de base sindical. En primer lugar, se regulan las empresas ya colectivizadas que tendrán un Consejo de Empresa. Si no están colectivizadas, y la propiedad sigue siendo privada, se constituiría un Comité de Control Obrero. Serían colectivizadas todas aquellas empresas cuyos propietarios hubiesen sido declarados facciosos, todas las que ocupaban a más de cien trabajadores y aquellas de entre 50 y 100 que así lo decidiesen las tres cuartas partes de sus trabajadores en asamblea general. El resto solamente sería colectivizado en caso de ser aceptado por el propietario.

En el Consejo de Empresa estarían representados los sindicatos según su implantación y asumirían la responsabilidad de dirigir la empresa. Existirían Consejos Generales de Industria en todos los ramos con ánimo a planificar la producción. Para facilitar la organización de estos Consejos Generales se aceptaba la figura de la Agrupación de Industrias. Se podrían unir industrias similares en la misma fórmula jurídica.

La aceptación de un interventor de la Generalitat en todas las empresas colectivizadas puede verse como un punto polémico. Ahora vamos ahí. Otro factor de intervencionismo estatal se podría ver en los mismos Consejos de Industria, que tenían que tener 4 delegados de los consejos de las empresas de ese ramo, 8 de los sindicatos (según su afiliación) y 4 de la Generalitat nombrados por el Consejo de Economía, que presidiría este Consejo de Industria.

Decíamos que es un punto polémico, puesto que mientras el Consell d’Economia estuvo dirigido por Joan P. Fábregas había una dirección clara hacia la socialización. Por tanto los representantes de la Generalitat también venían con este encargo, rompiendo cualquier aislacionismo y corporativismo o superando los temores y la pereza para gestionar las empresas.

Pero todo cambió el 17 de diciembre de 1936, cuando Fábregas fue cesado por Tarradellas. El nuevo Consell de la Generalitat lo sustituyó por Diego Abad de Santillán, que no compartía la misma visión que Fábregas y tampoco reunía las mismas capacidades técnicas para el puesto. Además, Tarradellas lanzó a las pocas semanas la batería de 58 decretos de S’Agaró, modificando sustancialmente el carácter financiero y fiscal de Catalunya. Las colectivizaciones quedarían sujetas a una especie de capitalismo sindical controlado por la Generalitat, sin llegar a la socialización, que era lo que planteaba la CNT. En un informe del otoño de 1938, los confederales decían que la Generalitat solamente había legalizado un centenar de las aproximadamente 500 agrupaciones de empresas que existían en Catalunya. El boicot gubernamental hacia la revolución era manifiesto.

En aquellos momentos se producían dos dinámicas aparentemente contradictorias. Por un lado, existía una fuerte presión para unificar los sindicatos de CNT y UGT en una misma central. Durante el mes de noviembre y diciembre existieron algunos sindicatos locales de ramo que eran CNT-UGT, como si fueran lo mismo. Sin embargo, este proceso se frenó en seco en el invierno, y los sindicatos volvieron a ir cada uno por su lado. El otro proceso, era el de la extensión de la revolución colectivista por grandes territorios de Aragón, Valencia o Castilla, lugares donde el anarquismo a nivel local había sido marginal y ahora se formaban colectivizades libertarias sin parar.

A finales de febrero de 1937 la CNT realizó un Pleno Regional de Sindicatos en Catalunya. Por un lado, se reorganizó la estructura de los Sindicatos de Industria y favoreció la reaparición de las Federaciones de Industria. Por otro siguió con la mano tendida ante la UGT, que no parecía darse por enterada. Lo cierto es que en Catalunya la UGT estaba dominada por el PSUC, así que tenderle la mano a esa central sindical no iba a funcionar ni siquiera apelando a las bases. En todo caso, también se apostó a nivel general por socializar la economía en todo lo posible. Este proyecto se pudo llevar a cabo solamente a nivel local en algunas ciudades y a nivel general fue bastante avanzado en el ramo de la Madera. Y en medio Aragón, por supuesto.

Pero la coyuntura política no ayudaba a estos proyectos de reordenación económica. Los Hechos de Mayo de 1937 supusieron un parón en todos estos avances revolucionarios. La CNT incluso perdió la cartera de Economía de la Generalitat, siendo sustituido Santillán por el estalinista Joan Comorera. La CNT en Catalunya reaccionó centralizándose y creando una Comisión Asesora Política en julio que gestionaría las decisiones del día a día de carácter político-estratégico.

En septiembre tuvo lugar el trascendental Pleno Nacional del Movimiento Libertario de Valencia. La importancia de este Pleno radica en el cambio de línea estratégica de la Confederación. El contexto es la derrota en Barcelona en mayo, el ataque a las colectividades de Aragón en agosto, la presencia de miles de cenetistas en prisiones republicanas, y en definitiva la constatación pesimista de que la CNT solamente contaba con sus propias fuerzas y que nadie le ayudaría. Y en este «nadie» incluían tanto a la AIT como al movimiento libertario internacional, dado su reducido tamaño. Por ello crearon unos meses después la SIA, Solidaridad Internacional Antifascista, con el objeto de ampliar un poco esta base internacional simpatizante.

El Pleno aceptaba la realidad de que no era posible imponer un solo sistema económico en España y que habría que coexistir con diversos proyectos socioeconómicos (republicanos, liberales, socialistas marxistas o cooperativistas). Se proponía crear un Consejo Técnico Asesor formado por representantes de las organizaciones obreras, del Estado y de los municipios. La idea era que había ramas de la economía que debían de ser nacionalizadas y otras municipalizadas. También se pretendía el monopolio del comercio exterior, en línea con el proyecto mismo de Fábregas en el otoño anterior. Otro aspecto, era la aceptación del cooperativismo como ligazón necesaria entre consumidor y productor para evitar la especulación.

Este dictamen que salió del Pleno se compaginaba con la ponencia aceptada en el Pleno Nacional de Regionales también celebrado en Valencia ese mismo mes. Se imponía una economía de guerra y se aceptaba una especie de fusión con el Estado. Estas decisiones fueron aplaudidas por otras fuerzas políticas. La CNT estaba dispuesta a cambiar su línea política para ganar la guerra, cosa que no todas las demás organizaciones podían decir por mucho que hayan escrito contra la CNT por el hecho de hacer la revolución, la cual era su proyecto histórico.

En este sentido, vemos como este programa encaja más con la teoría o propuesta de Joan Peiró de la República Federal Sindical Ibérica. Se trata de un federalismo no solo en base territorial sino también en lo económico. Peiró aceptaba que hubiese territorios gestionados de la forma que quisieran los socialistas o los republicanos si a cambio había otros que podrían gestionarse como lo planteaba el anarcosindicalismo.

En el Manual del Militante de la CNT de octubre de 1937 se apoyaba este modelo. Entendían que la República Federal estaría compuesta por un partido republicano único, un partido socialista autoritario único, un partido libertario único y una asociación de trabajadores única por cada localidad. Cada Consejo Municipal estaría elegido por sufragio. La mitad de los puestos los tendrían los partidos y la otra mitad la asociación obrera. El sindicato y el municipio eran los elementos fundamentales de esta nueva sociedad que el propio texto llega a llamar “estado sindicalista”. Podríamos deducir que el partido libertario lo compondría el Partido Sindicalista y la FAI y quizás las demás entidades libertarias que hubiese.

El Pleno de Valencia añade a estos elementos fundamentales de la sociedad la figura de la cooperativa, pero vemos que el espíritu es muy similar también con el modelo de Peiró que recogía las propuestas del treintismo. Recordemos que esa corriente celebró en junio de 1934 un congreso, cuyos debates iban ya por esta dirección. Ángel Pestaña se había desmarcado unos meses antes del treintismo para crear su Partido Sindicalista y por ello quedó al margen de todos estos debates y eventualmente de tener influencia en la línea estratégica de la CNT, como finalmente sí la tendría el treintismo.

El siguiente hito fue el Pleno Nacional Ampliado de carácter económico, celebrado en enero de 1938 en Valencia. En lo que respecta a la economía, lo más importante fue la reestructuración de las federaciones de industria y sobre todo la creación – formalmente el 15 de febrero – del Consejo Económico Confederal, CEC. La CNT planteaba que tendría que existir un Consejo de Economía a nivel estatal como el que existía en Catalunya, pero ya que ni el Gobierno de Negrín ni la UGT tenían intención de mover ficha en ese sentido, al menos el Movimiento Libertario lo haría por su cuenta. Así pues, la CNT impulsó Consejos Locales y Comarcales de Economía, que se federarían a nivel Regional y luego se confederarían en el CEC. Añadimos que en estos momentos el CAP cambió a Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario, incidiendo en este proceso de centralización.

Propuesta de Mariano Cardona Rosell, el CEC servía para ordenar la gran cantidad de empresas colectivizadas, talleres colectivos, industrias socializadas, huertos y campos, almacenes, cooperativas, sindicatos agrícolas o iniciativas económicas de todo tipo que controlaba o impulsaba el Movimiento Libertario. Para entonces el movimiento era toda una potencia económica. Los asuntos más importantes a los que hacía frente el CEC eran sobre legislación y arbitrajes; moneda, crédito y previsión; explotación de industrias y servicios; materias primas y sucedáneos; y distribución y comercio exterior. Cada una de estas materias tenía una comisión de trabajo. Cada Regional tendría que tener su propio CEC que se coordinaría a escala estatal.

Realizaron una gran cantidad de reuniones y controlaron una cantidad ingente de recursos. Y sus proyectos iban más allá de estas atribuciones. Por ejemplo, destacaba la propuesta de una Banca Sindical Ibérica. Este proyecto al parecer nunca se materializó, pero hubo varias ponencias en ese sentido. Muchos proyectos colectivistas y cooperativistas siempre sufrieron de gran penuria económica y un crédito monetario habría permitido la consolidación de importantes iniciativas. También se planteó una mutualidad confederal que fuese como una especie de «seguridad social» para la afiliación de la Confederación.

El Banco Sindical también se había planteado a nivel ibérico, incluyendo a la UGT. Pero como hemos dicho, esta central nunca estuvo interesada en proyectos unitarios de carácter revolucionario, así que todo quedó en manos (y a los hombros) de la CNT. El Banco estuvo mejor planteado en el Pleno Nacional de Regionales de agosto de 1938, pleno que consideraba la centralización total de la economía Confederal. Así pues, para que una empresa local pudiese comprar un producto a otra localidad que no estaba en su comarca, debía acudir al Comité Regional de Economía, que sería el mediador de la compra. Si se necesitaba adquirir un producto del extranjero entonces sería el mismo CEC el encargado de tramitarlo. Se puede observar el peligro burocrático en estas prácticas. Volviendo al asunto del Banco Sindical, cabe decir que la Regional Centro desarrolló una Caja de Compensación Confederal del Centro como medida previa a crear el Banco.

En agosto se dieron los pasos para crear Escuelas Técnico-Industriales para capacitar profesionales para poder llevar a cabo esta tarea dado que en muchas localidades no se podían constituir Consejos Locales de Economía porque no había militantes con capacidad para ello. Y como medida de excepción se incentivó la capacitación de la mujer para que pudiese sustituir en la producción a los hombres, que cada vez en mayor número, estaban en el Frente. Este último punto fue expresamente aprobado por Mujeres Libres. Otro dictamen aprobado entonces fue el de la “intensificación” de las cooperativas de consumo.

Otros asuntos que trataron estos plenos de 1938 fueron la retribución salarial familiar llegando incluso a hacer una definición de lo que se entendía como “concepto económico de familia”. Se trataba de desvincular la producción del individuo retribuyéndolo según la naturaleza de su trabajo haciendo abstracción de su familia y sus necesidades. La familia se ampliaba a todas las personas que viviesen bajo el mismo techo sin necesidad de parentesco. También se formó una Comisión Técnico-Administrativa que llegó a tener inspectores de trabajo a disposición del CEC, para comprobar las condiciones de cada lugar.

Podemos concluir notando que el Movimiento Libertario había creado un organismo nuevo, el CEC, de carácter económico-productivo, desgajado de los sindicatos. De alguna manera la central sindical CNT y todo el Movimiento Libertario funcionaban bajo la lógica de la gestión económica ejerciendo de auténtico estado sindical dentro de la República.

En definitiva, la CNT de 1938 llegó a un socialismo corporativo o “guildismo” (del inglés guild socialism o socialismo gremial, pero no en el sentido medieval sino de control sindical) que abogaba por el control de la economía bajo una mediante una corporación sindical por cada ramo de producción. Dado que la República española fue derrotada en 1939, no se pudo comprobar este desarrollo en toda su amplitud. La CNT hizo un balance en la postguerra que la llevó a renegar del viraje de 1937 y volvió a su línea comunista libertaria de 1936 que fue la que defendió durante el exilio. La praxis cenetista de 1938 cayó en el olvido, fue condenada como una desviación producto del contexto de la guerra y prácticamente nunca ha sido objeto de estudio en los ambientes libertarios. Caben muchos más estudios sobre este tema, puesto que se trata de un experimento de planificación de la economía de primer nivel, además gestionado por libertarios.