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Una de las grandes deficiencias que tienen los círculos libertarios en Colombia ha sido la falta de sistematicidad, de trazar objetivos y poder evaluar su cumplimiento en un futuro, así sea para hallar los puntos clave donde empiezan a generarse los errores o aciertos de nuestras posturas. Precisamente, la parte de balances es importante para ello, y no se le ha dado la importancia suficiente, por un lado, por guardar estos análisis en los círculos más íntimos militantes, o simplemente quedan en el aire y no logramos aterrizarlos, para su comunicación y debate, dejando morir en el olvido interesantes análisis que se quedan en una conversación informal. Aquí, un breve y humilde aporte a esa labor que parece que, desde diferentes ópticas y miradas, ya venimos dando en el país. Por supuesto, no se intenta hacer un trabajo personal de reflexión, sino de recoger muchos apuntes que se han construido colectivamente en esas informalidades, pero que a lo mejor con un poco de mayor difusión podemos conectar nodos para caminar con una paso más firme y ligero.

Que deja el año viejo:

Un año violento para el pueblo:

Lo primero es realizar un balance de lo que fue el 2017. Por un lado, y bajo una lupa puesta en las manos de los movimientos sociales y las desfavorecidas del país, el anterior año fue de los más trágicos en una guerra perpetua que, parece ser, la elite no quiere acabar contra las pobres. Los saldos oficiales de lideres sociales asesinados fluctúan entre los 100 y 130¹, aunque desde diferentes organizaciones de derechos humanos advierten que el número es mayor², sobre todo si tenemos presente los asesinatos de defensores de derechos humanos, ex-combatientes de la insurgencia, activistas medioambientales y familiares o personas cercanas a todos estos. En ese aspecto, esto no es otra cosa que la consolidación de una estrategia de la elite santista, que a pesar de su retórica pro-paz, su estructura militar, burocrática y partidista se encuentra aún sumida dentro de la lógica guerrerista más retrograda: las amenazas, torturas y desapariciones siguen siendo pan de cada día.

Al cierre del 2017, un ejercicio certero desde el campo libertario, y en general de la izquierda, es empezar a asumir la posición oficial del gobierno respecto al tema: de un lado, actores como la fiscalía, el senado o el propio presidente no se refieren al tema más que como un “efecto secundario” de los diálogos, reduciendo las denuncias a un par de cortas palabras y pasando de agache con uno que otro paño de agua fría; pero de otro lado, el ejército, ministerio de defensa y las bancadas ultra-derechistas son más ofensivas en sus discursos, bien disminuyéndolos a simples líos de faldas y problemas de linderos (como lo expresa el jefe de las fuerzas armadas Luis Carlos Villegas) o justificándolos en cierto grado, incluso, actuando en aparente descordinación con lo planteado desde una posición derechista más “progresista” en tema de resolución social de los conflictos, que son solo palabras frente a la reorganización de las fuerzas armadas para el 2018, con un altísimo grado de establecimiento de batallones microfocalizados y fuerzas de tarea especializadas, dentro del llamado “Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación ‘Victoria’”³, redoblando el pie de fuerza en lugares donde históricamente la violación de derechos humanos ha sido una constante. Esto no es una mera táctica de desatinos oportunistas o palabras mal ubicadas: es el discurso oficial que construye y mantiene el régimen respecto al genocidio en la Colombia profunda de quienes se organizan en defensa de los intereses de las personas de abajo. Es importante superar el discurso que ha optado la centro-izquierda y los jefes políticos de la antigua insurgencia y hoy partido político legal de las FARC, donde a pesar de la abierta guerra declarada desde los mandos altos militares con su mirada puesta en otro lado, mantienen bajo la política de “cordialidad” y “no darse duro contra el enemigo” un discurso de “respeto y admiración”, incluso de ingenuidad, hacia el aparato militar-paramilitar del Estado (como en el saludo de Timochenko a las fuerzas militares, desconociendo que la lógica contrainsurgente de estas ni siquiera ha menguado⁴).

Ante esto, diferentes organizaciones campesinas, indígenas y afro han optado por, de un lado, no confiar en el supuesto copamiento estatal de las zonas antes controladas por las FARC, porque o bien las fuerzas militares entran con un sentimiento revanchista y de venganza (como la región de la Macarena), o simplemente dejan abiertas las puertas a la entrada de grupos paramilitares. La comunidad de paz de San José de Apartadó es una muestra clara de ello: en vísperas del fin de año, 4 paramilitares fueron detenidos por la comunidad cuando cumplían la misión de asesinar a uno de los líderes sociales del territorio, y a pesar de las advertencias que ya se habían hecho, el discurso del ejército y la gobernación de Antioquia es que dichos sicarios políticos eran “bandidos comunes” que iban a robar un supermercado, a pesar de las múltiples pruebas, y finalmente fueron dejados en libertad⁵. Esto no solo refuerza lo que ya se ha venido diciendo, sino que nos muestra la respuesta natural de las comunidades frente a la avanzada paramilitar de los territorios, en consonancia con la omisión (pero no inacción) del Estado: si bien la mayor parte de los movimientos sociales no están dispuestos a replicar la guerra bajo las lógicas que impartían en antaño las insurgencias, la defensa del territorio de las comunidades es algo que ya no puede descansar el manos del gobierno y son los mismos pobladores organizados quienes van, generalmente de manera pacifica pero contundente y organizada, desarmando a grupos paramilitares, militares e incluso a insurgencias que desafían el poder popular construido por las mismas comunidades, esto último vislumbrado sobre todo en el caso del extremo militarismo del EPL (supuestamente maoísta) en el Norte del Cauca.

Y lo anterior en el año 2017 fue historia, de abajo y sin grandes titulares, que sin embargo va marcando unos antes y después en determinadas veredas, resguardos y municipios: el desarme del ejército en Corinto (Cauca), las incautaciones al Ejército Popular de Liberación y disidencias de las FARC en Caloto y Toribío (Cauca), la captura de paramilitares en Apartadó (Chocó), el establecimiento de nuevas guardias campesinas, afros y populares en departamentos como Cauca, Tolima, Valle y Putumayo, la unión multicultural en defensa del territorio en el Catatumbo y Chocó, entre otras experiencias similares. En conclusión: de forma espontánea, a pesar de las equivocadas lecturas de aquella izquierda seducida por el discurso santista, el pueblo va cada vez asumiendo la defensa de su territorio, cosa que tarde o temprano chocará contra el monopolio de la fuerza terrateniente y gamonal que se mantiene en el país, tal como ha venido pasando por ejemplo en Túmaco. No sobra anotar que en esta parte el anarquismo militante ha estado más o menos ausente, y se requiere entender la lógica de la territorialidad como un eje fundamental programático para una certera apuesta por el establecimiento de proyectos políticos de carácter comunitarios y asamblearios, incluso, que abren las puertas hacia la discusión de Estado, el militarismo y la verticalidad dentro de los mismos movimientos sociales, sobre todo en un país como Colombia, donde las insurgencias han tenido una base social impresionante pero han impuesto su propio lógica a estas.

En el aspecto legislativo, a pesar de la supuesta esperanza que se asumían con los diálogos de paz, por ejemplo, respecto a participación política y distribución de la tierra, la ofensiva contra el pueblo no paró. Muchas de las zonas que se negociaron en La Habana y que se iban a dar a los antiguos guerrilleros, así como a familias sin tierra, se han embolatado en proyectos productivos que no han tenido plena financiación, repercutiendo incluso en el abandono de ex-combatientes de sus zonas veredales a causa de la desilusión⁶. Esto se suma a la ya avanzada de los ejércitos paramilitares anti-restitución, promovidos por terratenientes de diferentes regiones, mientras la legislación de entrega de tierras se encuentra lenta o su ejecución directamente frenada. En vía de ello, la supuesta apertura democrática negociada con las FARC fue pateada por el congreso de la república, no solo por la bancada de extrema-derecha sino por la desidia dentro de los mismos partidos oficialistas, quienes con macabras jugadas legislativas tumbaron la propuesta de entregar 16 curules a los movimientos de víctimas de los municipios que más sufrieron el rigor de la guerra en el país. Como se verá más adelante, a pesar de lo lamentable de la situación, da pie a experiencias democráticas en dichos territorios que pueden ser favorables a posturas libertarias, dada la desesperanza que invade a los movimientos agrarios que pierden cada vez más la fe en el supuesto camino trazado que dejó las negociaciones con la insurgencia, pero aumenta la confianza en la propia organización popular (un poco perdida en varios aspectos, bajo el establecimiento vanguardistas de algunas insurgencias, cuyo diálogo con los actores sociales si correspondía con una lógica militarista de arriba/abajo-ejército/pueblo).

Y a parte de la legislación meramente parlamentaria, dentro de los movimientos sindicales también queda un precedente gravísimo con respecto a la huelga de pilotos de Avianca, donde a pesar de ser una manifestación que contó con una fuerza increíble (siendo la huelga aérea más larga en la historia del país), finalmente fue declarada ilegal, por supuestamente, estar vinculada a la prestación de “servicios públicos”, a pesar de ser eminentemente operada por particulares, y peor aun, particulares históricamente aliados del paramilitarismo como el dueño de la aerolínea, el señor Eframovich. Esto marca un precedente dentro de un movimiento sindical que cada vez da más pasos atrás, por ejemplo, con la pasividad que se asumió el año pasado el paupérrimo aumento del salario mínimo (escenario que se repitió de nuevo para este año) y el ataque a los bolsillos de los pobres que significó la reforma tributaria; en suma, todo ello, parece que la da ciertas ventajas judiciales y de precedentes a la ya poderosa patronal de Colombia.

Las fuerzas alternativas:

En la arena de la izquierda, como se puede entender en un año preelectoral, el establecimiento de alianzas fue el derrotero. Quedan ya marcadas para la contienda electoral 3 posiciones: primero, una complicada alianza anti-corrupción del Polo Democrático, la Alianza Verde y Compromiso ciudadano, que recoge desde las posturas centro cercanas al derechismo civilista (Sergio Fajardo) hasta la izquierda socialdemócrata (Jorge Robledo); segundo, de la izquierda, encabezada por el controvertido Gustavo Petro (movimiento Progresistas) y Clara López (antigua líder del Polo Democrático que viró hacia el ministerio de Trabajo de Santos), secundados por varios movimientos, entre ellos la Unión Patriótica (paralela al Partido Comunista); y finalmente, el movimiento político de las FARC, que ha renunciado a las alianzas con la confianza de las 10 curules legislativas ya aseguradas en La Habana y que le apuestan a cierta relevancia electoral en la presidencia, y sobre todo, en la cámara de representantes desde las regiones donde ha tenido presencia o ganó simpatía con las movilizaciones en defensa de los diálogos de paz en el 2016.

También se hace necesario hacer un balance de las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, cuyo mayor logro en el año fue un cese al fuego para cerrar el mismo. Los avances han sido difíciles, de un lado, porque el ELN se ha fortalecido en regiones como el Cauca y Chocó, estratégicos por su pasado bajo el dominio de las FARC y que confrontan trincheras con el paramilitarismo, y de otro, porque dado los incumplimientos del gobierno con lo pactado con las FARC, el ELN no parece querer arriesgar, postura jalada por el sector considerado más “ortodoxo” e influenciado por el Frente de Guerra Oriental, que ha extendido su estrategia a otros frentes, aunque si bien, realmente el crecimiento dentro de una estrategia nacional es más bien corto respecto a lo que se esperaba con los “farianos” que no querían dejar las armas.

El balance a la derecha:

Finalmente, dentro del bloque dominante, el 2017 ha marcado la dinámica bajo la batuta pre-electoral también. Sin embargo, y contrario a otras veces, no son claras las alianzas, sobre todo por juegos de caudillismos y cálculos. El sector santista, que hasta ahora tenia cierto control político en el aparato estatal, entró en crisis tras la salida de Cambio Radical de la Unidad Nacional y los continuos escándalos de corrupción, lo que le ha puesto fecha de vencimiento a ese proyecto, que se ha dispersado sobre todo dentro del Partido Liberal, con la figura mediática de Humberto de la Calle, político tradicional que sin embargo ha recogido a una parte pequeña de la izquierda para su candidatura presidencial. La ultraderecha sin embargo está dividida: no ha podido consolidarse una postura entre los conservadores, el uribismo y sectores más independientes vinculados con el ultra-catolicismo, sobre todo porque no se han logrado consolidar los referentes y existen ciertas rupturas internas (como en el Uribismo, entre el sector ganador de la consulta de Iván Duque y el ala más radical de José Obdulio Gaviria); sin embargo, es muy probable que está alianza llegue a buen puerto, lo que deja en alerta tanto a la izquierda que está en disputa electoral como los movimientos sociales que han centrado su accionar en la movilización. Pero si el 2017 ha dado una sorpresa ha sido el lanzamiento al ruedo de Cambio Radical, un partido que venia acumulando casi en silencio un poderoso aparato electoral regional y fuerza política con la táctica del camaleón dentro del santismo, y que, con condiciones más propicias para lanzarse al ruedo solos, abandona el barco que durante 8 años ayudó a conducir. Vargas Lleras se lanza, si bien por firmas, con el aval de toda esa maquinaria con terrible fuerza en la costa Caribe y el centro del país, y a pesar de los escandalosos casos de corrupción de sus representantes electos, va en firme para una eventual segunda vuelta electoral en el 2018. Estas diferencias dentro de la derecha y los sonados casos de corrupción, hacen que una batalla entre izquierda y derecha se pueda dar, como no la ha habido desde el 2008 (y prácticamente nunca en la historia del país), aunque puede perderse la oportunidad con la división de la izquierda.

Un año que viene:

Elecciones y elecciones:

Como se ha hecho evidente, el reto coyuntural y táctico del 2018 será abordar el tema electoral. Claro, no bastará simplemente repetir de forma vacía la consigna anti-electoral de “el voto no sirve y la lucha sí”, si los sectores libertarios no evidenciamos, dentro del amplio espectro del campo popular, que efectivamente estamos a la altura histórica que requiere la lucha, y por sobre todo, que esa lucha da resultados. Así, el debate habrá que darlo desde las aristas que nos sean más favorables, que puedan recoger el amplio de los sentires de abajo pero que se puedan viabilizar en alternativas de resistencia, que trasciendan la coyuntura y se conviertan en un verdadero camino estratégico de mediano plazo.

Queda claro también que una postura en el 2018 frente a las elecciones parte de una gran claridad política, ya que no es extraño (como pasó en el plebiscito del 2016), que el miedo a la avanzada derechista lleve a varias compañeras a votar o incluso hacer campaña abierta por algunas de las alternativas, y tal cual como lo repite la socialdemocracia cada 4 años, “hay que ganar porque es mucho lo que está en juego”. Precisamente, las alternativas de verdadera transformación se cierran si se piensa que dentro de la Coalición Colombia hay una propuesta que, si bien su punta de lanza es la lucha contra la corrupción, no logra consolidar un programa mínimamente antineoliberal y mucho menos anticapitalista; de otro lado, dentro de la lista de la decencia de Petro y Clara López, esta última representa un sector oportunista y peligroso infiltrado dentro de la izquierda, que ante los mínimos coqueteos burocráticos cede sus supuestos principios por un cargo de verdugo contra las de abajo, legislando contra las trabajadoras como lo hizo López en el ministerio de Trabajo; y finalmente, las FARC parecen ensimismarse cada vez más en ellas mismas, producto de equivocados cálculos políticos, donde la práctica (y ciertas posturas ambiguas) les terminarán acorralando a sumarse a la campaña de De la Calle, bien sea directamente o indirectamente, pues es muy difícil que alguna de las otras candidaturas “alternativas” les quiera recibir. Así, el reto es saber expresar estas desconfianzas en los movimientos sociales, si bien tampoco reduciendo el mensaje al “no votar”, ni tampoco colocándolo como barrera comunicativa. Una postura que nos puede ser de utilidad es no colocar la contradicción del voto-no voto, sino precisamente dedicar las fuerzas a articular las luchas, de un lado, para darle énfasis a que es ahí donde se resuelven de fondo los problemas y bajo los ritmos que se decidan abajo, y de otro lado, que puede prepararse para enfrentar un gobierno de derecha o mantener la independencia de un gobierno progresista. Para ello, es preciso recurrir al “encontrarse desde la lucha”, donde se hace necesario mantener las lógicas de articulación, lectura de actualidad y proyecciones de todos los escenarios, donde lo trascendental no sea el voto, sino la fuerza e independencia que tengan aquellos movimientos populares cuyas prácticas se han venido intersectando con las nuestras.

Una propuesta estratégica:

Esto se puede materializar aun más para el largo plazo con la ola de consultas populares medioambientales que se han dado en el país, y que han logrado ser punto de encuentro de movimientos sociales, procesos de pobladores, campesinos, indígenas, afros, ecologistas y colectivos independientes, y puede desafiar el modelo minero-energético a la vez que no deja perder todas las fuerzas en la dinámica electoral, muy a pesar de que no tengamos la fuerza suficiente para que ello termine pasando.

Pero no es gratuito que se plantee la lucha contra la gran minería y la extracción de hidrocarburos como un punto de partida para dar un debate a nivel nacional, sino que precisamente recurrimos a aquello que ya nos hacia mención Murray Bookchin desde hace décadas: el capitalismo internacional va situando sus contradicciones cada vez más en declive del planeta contra el consumismo desenfrenado, donde una sociedad ecologista y libertaria no será ya una utopía de minorías militantes, sino una necesidad de supervivencia para los pueblos. Esto parece ser una preocupación central si analizamos coyunturas regionales en el año anterior, como los bloqueos al relleno sanitario doña Juana y el paro de la cuenca del río tunjuelo en Bogotá, así como las movilizaciones en defensa de los páramos en el Tolima o Santander, solo por citar unos ejemplos. No es de extrañar que esto se agudiza más con el escenario del posconflicto, donde las puertas de la mayoría de las grandes bioreservas nacionales quedaron abiertas tras la salida de las FARC como agentes armados, y que ya se ha saldado con el inicio del ecocidio en regiones como la serranía de la Macarena. Así, si lo pensamos, los conflictos socio-ambientales representan el nodo que puede articular diversas luchas, como las ya mencionadas respecto al ejercicio de control territorial de las comunidades (donde las guardias populares no solo tendrán que afrontar al paramilitarismo, sino también la entrada de multinacionales, si bien ambos aliados), y en la otra cara, recurre a un tema de importancia central para diversos movimientos sociales y personas desposeídas que aun se encuentran alejadas, por ignorancia o fastidio a la vieja izquierda, de la lucha popular, pero que tienen una preocupación ambiental. Esto además de ser un escenario donde resalta el abandono de las principales fuerzas de izquierda, quienes ahora enfilan militancia dentro de las urnas y que, como pasará en muchos casos, luego de salir “quemadas”, querrán volver a vincularse a las movilización más actuales y con resonancia. ¿Será una combinación territorial-medio ambiental la estrategia que marcará un trabajo libertario como actor político de peso en el país?

Primero, organizar la casa:

Pero para consolidar una estrategia de dicha envergadura, no falta con diversos colectivos o militantes libertarios dispersos, sino que se hace necesaria la articulación libertaria. No es de extrañar a estas alturas, que así como la izquierda y la derecha llegan al escenario pre-electoral divididas, con cierta mofa, podamos hablar de que las libertarias llegamos al escenario pre-anti-electoral también divididas, y casi que por las mismas razones de personalismos y falta de voluntad, pero también, para ser críticos, por la falta de criterio político para establecer una linea común de trabajo, muy insuficiente en anteriores espacios de encuentro. En ello, quedan dos retos:

Primero, lograr establecer esos “objetivos” en común, es decir, como mínimo, que en el 2018 podamos, en el encuentro de la lucha y desde abajo, establecer metas comunes a pesar de no caminar estrictamente juntas, lo que podría dar pasos para en un futuro no tan lejano lograr establecer al movimiento libertario como un referente dinámico e importante dentro del campo popular colombiano. Se hace necesario que los espacios de encuentro sean lo más aterrizados posibles, y recurran incluso a ciertas delimitaciones necesarias para no llevar los debates a la estratosfera: encuentros de territorio, juveniles, agrarios o de economías alternativas son centrales en esto, que dejen acumulados sistematizados para poder luego evaluar lo conseguido o perdido, sobretodo si queremos realizar análisis serios luego de las elecciones.

Segundo, es importante establecer una corriente de acción y pensamiento clara. Para ello, las labores de propaganda, agitación, de referencias y discursivas son aspectos fundamentales, que debemos darlas con concreción y sencillez, para resolver las necesidades reales con procesos prácticos realizables. Esto se puede fortalecer si como punto de partida colocamos las luchas que ya acompañamos como referentes para otras regiones del país, tales como la liberación de la Madre Tierra del Norte del Cauca o los ya mencionados conflictos socio-ambientales de Cajamarca o el Santander, incluso, poniendo a diálogar otras experiencias internacionales como el confederalismo democrático de Kurdistán. Una propuesta que ha surgido últimamente ha sido la del autonomismo comunitario, desde la cual se intenta plasmar ciertas prácticas que podríamos llamar “antiautoritarias” y que buscan desarrollarse dentro de los movimientos sociales para logran horizontes de transformación, con una apuesta que pretenda desarrollar las diferentes caras de la autonomía: económica (con una apuesta autogestiva de producción), cultural (acompañadas de procesos educativos populares y étnicos, por ejemplo), política (bajo la batuta del asamblearismo, la democracia directa y participativa, y principios como la rotatividad, revocabilidad y no centralidad) y pueda superar errores tradicionales de las fuerzas alternativas (con principios antipatriarcales, antiracistas y descentralización); todo esto bajo una perspectiva de abocamiento completo por la comunidad, proyectos que sin embargo solo se dan mientras halla un territorio sobre el cual asentar el proyecto, lo que nos conecta con lo planteado antes: la necesidad de la disputa y defensa del territorio.

Así, como punto de partida para el año que viene, debemos organizar las perspectivas y caminar la defensa del lugar que nuestros pies pisan, y solo con ello, plantear que necesariamente, solo la lucha dará los frutos que los de arriba nos han negado históricamente.

Steven Crux
Enero 2018