El conflicto laboral que estalló en febrero de 1919 en la empresa de Riegos y Fuerzas del Ebro, más conocida como ‘La Canadiense’, y tras 44 días de huelga indefinida paralizando la industria catalana, acabó con la promulgación en el Boletín oficial del Consejo de Ministros de la jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Posiblemente el ejemplo histórico de mayor éxito sindical a nivel internacional fruto del apoyo mutuo obrero y la organización desde abajo, que además consiguió la readmisión de los trabajadores despedidos y un aumento salarial.
Un relato histórico que ahora cumple cien años, y que es imprescindible rescatar de la memoria colectiva porque es un capítulo vital redactado desde la acción común y la solidaridad obrera. Un hecho que aún puede seguir guiándonos, porque las herramientas practicadas por quienes nos precedieron en la lucha suman experiencias esenciales en el largo camino de la resistencia popular. Cuando más culpabilidad quieren hacernos sentir por nuestra situación de clase, es necesario convencernos de que somos el pueblo trabajador quienes movemos la sociedad y que está en nuestras manos transformarla.
Movimiento obrero y organización sindical en España frente al capitalismo financiero.
Los inicios del movimiento obrero español quedaban ya lejos en el tiempo, tras casi cincuenta años desde la fundación en el Congreso de Barcelona en 1870 de la Federación Regional Española de la Primera Internacional (FRE-AIT). Después del estallido de la Comuna de París (1871) y su imitación peninsular con la eclosión del movimiento cantonalista (1873) vino un periodo oscuro de persecución durante el régimen monárquico de la Restauración española. La represión a miembros de esta Federación Regional Española de la AIT fue continuada, salpicada de exilio a las colonias, encarcelamientos, ejecuciones, torturas; y una resistencia persistente por parte de las agrupaciones obreras.
De hecho, habrá que esperar hasta 1910 para la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) fruto de dos factores fundamentales: Una cantidad considerable de sociedades de resistencia esparcidas por el Estado español que no querían integrarse en la UGT, pues entendían que sus tácticas sindicales no eran las más adecuadas. Estas sociedades tenían un núcleo principal en Catalunya donde ya se había formado una confederación regional, Solidaridad Obrera.
También influyó un cambio de mentalidad en algunos sectores del anarquismo español que creyeron conveniente el uso de los sindicatos como herramienta de resistencia y lucha, la creación a través del sindicalismo revolucionario, y no solamente en el ámbito laboral, de la construcción de un tejido social como un frente amplio que anticipara la sociedad que las clases populares querían.
Sin la labor sindical, política y cultural del anarcosindicalismo no es posible entender la historia reciente del Estado español ni la de su movimiento obrero, pues se impulsaron nuevas estrategias de lucha y organización en un largo periodo de rearme material y conceptual de la clase trabajadora, que eclosionarían dos décadas más tarde con la Revolución social española en 1936. Sin embargo, en el contexto histórico que nos atañe para comprender la situación social previa a la huelga de ‘La Canadiense’, es indispensable mencionar el impulso obrero internacional que supuso la Revolución Soviética en 1917. Independientemente de las críticas antiautoritarias que puedan realizarse, estimuló un ciclo internacional de luchas y levantamientos, pues las clases populares observando el ejemplo soviético de emancipación se vieron alentadas a dejar posiciones de reacción exclusivamente y tomar la iniciativa con una agenda revolucionaria propia. El proceso de huelgas laborales en el Estado español es un ejemplo de esto, pero también lo son hechos como el conocido ‘Biennio Rosso’ al norte de Italia, o el consejismo alemán en la República de Baviera, todos ellos sucedidos en el mismo año 1919.
Aterrizando ya en el contexto de la huelga que trajo la jornada laboral de ocho horas, la empresa Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited fue fundada por el ingeniero norteamericano Frederick Stark Pearson el 12 de septiembre de 1911, en Toronto, Canadá. Ese mismo año 1911, esta empresa creó en Barcelona la sociedad Riegos y Fuerzas del Ebro, nombre con el que operaría en España, aunque a causa de su origen, esta empresa fue conocida popularmente como La Canadiense, o La Canadenca, en catalán. Rápidamente consiguió adquirir otras empresas como Tranvías de Barcelona o Ferrocarriles de Barcelona; de manera que en pocos años se erigió como un monopolio financiero y empresarial.
La solidaridad por la readmisión laboral de ocho despedidos hace estallar la huelga.
Antes del estallido de la huelga, en el mes de enero, la Confederación Regional de Cataluña de la CNT organizó una campaña de mítines y difusión de las ideas libertarias en el Levante y Andalucía, enviando a estos territorios a sindicalistas destacados como Salvador Seguí, Ángel Pestaña o Manuel Buenacasa. Esta iniciativa anarcosindicalista alarmó al gobierno del Conde de Romanones y suspendió las mínimas garantías constitucionales, deteniendo a los cenetistas, cerrando sindicatos locales e incluso el periódico Solidaridad Obrera.
El día 2 de febrero de 1919 ‘La Canadiense’ despidió a ocho trabajadores de la sección de facturación por protestar al ver su sueldo reducido tras ser contratados como indefinidos tras un periodo como trabajadores temporales, y además por intentar organizarse sindicalmente.
El día 5 de febrero, los 117 empleados de la sección acudieron a la fábrica para iniciar un boicot como protesta ante el despido de sus compañeros, y negando reincorporarse a su puesto laboral hasta la readmisión de los mismos. Decidieron nombrar una comisión que acudiera a solicitar la mediación del gobernador civil, el presidente de la Mancomunidad de Cataluña y el alcalde de la ciudad de Barcelona en el conflicto abierto. Sin embargo, la empresa llamó a la policía para desalojar esa sección de la fábrica, despidiendo inmediatamente a todos sus trabajadores.
Estas acciones represivas tomadas por la empresa de ‘La Canadiense’ motivó que se extendiera la huelga por solidaridad a otras secciones de la fábrica como los cobradores de recibos, que iniciaron un paro indefinido el 8 de febrero, día en el que ya eran más de dos mil los despidos. Se nombró un comité de huelga formado por algunos obreros despedidos y anarcosindicalistas, y contactaron con trabajadores de otra empresa barcelonesa, Energía Eléctrica de Cataluña, que comenzaron a solidarizarse y plantearon también realizar un paro laboral. De esta manera también se trascendía la simple huelga laboral, sentando las bases de una huelga social por los derechos sindicales.
A los dos días la empresa respondió con un comunicado acusando a los sindicatos de aprovecharse políticamente del conflicto. La tensión social se incrementaba, pues la dependencia de muchos servicios e industrias de la energía de La Canadiense forzaba el paro laboral, el 17 de febrero el sector textil se sumó a la huelga.
La ciudad de Barcelona se queda sin luz y la huelga general se extiende.
El director general, Fraser Lawton, seguía sin negociar acerca de las peticiones del comité de huelga, y el 21 de febrero la huelga en el sector eléctrico era ya general, habiéndose sumado los trabajadores de todas las compañías eléctricas. La industria catalana y los transportes se encontraban casi parados en su totalidad, en los dos siguientes días la ciudad de Barcelona se vio sumida en la oscuridad ante la falta de suministro eléctrico. Los obreros estaban demostrando que si lo desean pueden parar la normalidad social cotidiana, porque son los que sostienen el mundo. El gobierno del conde de Romanones decide incautar la empresa, enviaría a elementos del Cuerpo de Ingenieros y la Armada para poner fin a la situación de paro social y restablecer el servicio, pero no consiguió ese objetivo. Algunos militares como Milans del Bosch, capitán general de Barcelona, consideraba que era necesario declarar el estado de guerra. El día 27 de febrero la huelga en las compañías de electricidad, gas y agua es total. Ante la incapacidad para resolver el conflicto, el conde de Romanones declaró ese mismo día que dimitiría cuando se restableciera el orden en Barcelona.
El 1 de marzo el gobierno se incautó del servicio de aguas de la ciudad y el alcalde se puso en contacto con el comité de huelga. Este presentó sus condiciones, dando un plazo de dos días para contestar. Las condiciones del comité de huelga eran las siguientes: la libertad de los presos encarcelados y su readmisión, la apertura de los sindicatos y la inmunidad del comité de huelga, y el establecimiento de la jornada de trabajo de ocho horas diarias.
Las propuestas fueron rechazadas por el gobierno y las empresas implicadas anunciaron que todos los trabajadores que no regresasen a su puesto de trabajo el 6 de marzo serían despedidos para siempre. Bastante lejos de doblegarse ante estas exigencias partronales, el 7 de marzo comenzaron una huelga en el sector ferroviario que el día 12 ya era general. El gobierno accedió a publicar un bando de Milans del Bosch que instaba a la vuelta a sus puestos de trabajo a los obreros movilizados en la huelga bajo pena de cuatro años de cárcel para aquellos que no se presentasen en sus centros laborales. La inmensa mayoría de trabajadores no se presentaron y más de tres mil personas fueron encarceladas en el Castillo de Montjuïc.
El final de la huelga y a la aprobación de la jornada de 8 horas laborales.
Los días 15 y 16 de marzo, en presencia del emisario del gobierno español, José Morote, se reunieron los representantes de La Canadiense y del comité de huelga, y el 17 de marzo se llegó a un acuerdo definitivo aceptando las siguientes peticiones de los trabajadores como consecuencia de su resistencia tras un mes y medio de huelga: La libertad para los trabajadores encarcelados, la readmisión de los trabajadores en huelga sin represalias, el pago de la mitad de los días que había durado la huelga, se establecería la jornada de 8 horas, y tras el acuerdo definitivo se levantaría el estado de guerra.
Para suscribir este acuerdo, el sindicato de la CNT convocó el día 19 de marzo una gran asamblea en Barcelona donde asistieron veinte mil trabajadores, se aprobó el acuerdo al que se había llegado y se daba un plazo de tres días para que el gobierno liberase a los encarcelados. El 3 de abril un decreto del gobierno español estableció la jornada de trabajo de ocho horas, para todos los oficios. Además, el auge de la CNT en el sindicalismo revolucionario se vería incrementado, culminando con el Congreso Nacional en diciembre de 1919 en Madrid. La organización sindical había vivido una experiencia de huelga laboral de 44 días que sentaría las bases de las luchas y resistencias en los siguientes años, haciendo frente a los sindicatos blancos de la patronal que se dedicarían a asesinar a sindicalistas principalmente en Barcelona; los años del plomo habrían llegado.
