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Acción directa y desobediencia civil: diferencias

Publicaba la otra semana un artículo sobre acción directa (que podéis leer de nuevo haciendo click aquí). En aquel texto presentaba las ideas básicas de la acción directa, así como ésta se relaciona directamente con el anarquismo. De pasada mencionaba que acción directa y desobediencia civil no son exactamente la misma cosa, lo que generó cierta reacción en algunes lectores. En este artículo pretendo explorar de mejor manera las diferencias entre estos dos elementos. [1]

Tomemos de nuevo el ejemplo que puse en el texto sobre acción directa. [2] Supongamos ahora que la función social que cumple la discoteca (es decir, la función de proporcionar diversión musical y un espacio para relacionarse con otras personas) es considerada como necesaria por el barrio. Ante esta situación les vecines pueden optar por un sinfín de acciones. Supongamos que deciden bloquear por la noche la entrada de la discoteca. Hasta aquí estaríamos ante un ejemplo de desobediencia civil en tanto que se está desobedeciendo la ley impuesta (bloquear la entrada a un establecimiento «correctamente» regulado). Sin embargo, el problema del ruido sigue presente.

Así pues, imaginemos que les vecines deciden no solamente bloquear la entrada, pero también cortar el suministro de electricidad de la discoteca (de esta forma el ruido cesa). Una vez más, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de «la función social de la discoteca», estamos ante un ejemplo de desobediencia civil. ¿Por qué? Porque no se está supliendo la función social del establecimiento ahora bloqueado y «cortado» de la red eléctrica. No hay ruido, es cierto. Pero tampoco hay un espacio óptimo en el que divertirse, escuchar música, y relacionarse con otras personas.

Como se puede derivar del ejemplo anterior, la desobediencia civil simplemente desacata la normativa de la Administración (por la razón que sea), pero no cuestiona la autoridad legal y moral del Ayuntamiento y de la policía. La acción directa que proponemos les anarquistas es muy diferente: no solamente queremos bloquear y «cortar» a la ruidosa discoteca, sino que también proponemos suministrar (por nuestra propia cuenta) la misma función social que proporcionaba el establecimiento. Entonces, ¿qué sería acción directa? Siguiendo con el mismo ejemplo, acción directa sería bloquear la discoteca, «cortar» la música, y abrir una nueva discoteca que no haga ruido y cumpla solidariamente con las necesidades del barrio. Así de sencillo.

Me vais a permitir ahora un poco de disertación teórica para ahondar un poco más en la cuestión. Como hemos dicho, la desobediencia civil no cuestiona la autoridad del Ayuntamiento o del Estado. La desobediencia civil se limita a señalar y mostrar que cierto grupo de personas no está conforme con la legalidad vigente. No obstante, se deriva que este grupo de personas está a la espera de que la Administración predisponga de nuevas leyes que satisfagan las expectativas de dicho grupo movilizado.

Por otro lado, la acción directa planteada por el anarquismo no solamente señala las injusticias de la legalidad vigente, sino que además incita a las personas a vivir sus vidas como si no existiera ningún aparato estatal o administrativo que impongan leyes y normas de comportamiento. La acción directa nos hace ser libres, o mejor dicho, nos hace vivir nuestras vidas como si fuéramos libres. Si necesitamos un colegio público en nuestro barrio, la acción directa propone abrir uno (para satisfacer las funciones que proporciona un centro escolar) por nuestra cuenta. La desobediencia civil propondría bloquear el Ayuntamiento o acciones similares. La diferencia es más que clara: la desobediencia civil depende de la autoridad y poder de la Administración, mientras que la acción directa niega todo poder y autoridad vertical.

En conclusión, la desobediencia civil no llevará a las personas más allá de la reforma del sistema imperante. La acción directa, por su parte, no solamente bloquea el funcionamiento del sistema vigente, sino que además propone un marco de acción más libertador, pues se basa en la concepción del ser humano como un ente libre y creador de su propia realidad, sin necesidad de Administración, Estado, policía, o representantes. Lo que queremos, lo creamos nosotres mismes.

Notas

[1] Convendría mencionar que la diferencia entre acción directa y desobediencia civil va más allá de los debates teóricos. Es decir, ésta también es una cuestión práctica.

[2] Recordemos de manera rápida: en un barrio encontramos una discoteca con todos los permisos del ayuntamiento. No obstante, los niveles de ruido son insoportables (por mucho que la Administración diga que el nivel de decibelios cumple con la normativa). Ante esto, les vecines deciden cerrar la discoteca por la fuerza.

Enlaces del mes: Enero 2014

  • En Todo por Hacer leímos un artículo que analiza la ley mordaza, que pretende atajar la protesta social aumentando la represión y la mano dura contra los movimientos sociales.
  • Un audio donde Rafael Cid nos habla de sus impresiones sobre el proyecto de Pablo Iglesias y cómo este se sale de las dinámicas que generalizó el 15M. También podemos leer las palabras de Carlos Taibo al respecto.
  • En Borroka Garaia Da analizan la conexión de las luchas en Gamonal con las luchas en EH, concluyendo: «Lo que está ocurriendo en Gamonal está lejos de tener una conexión vasca. Y no hablo de la kale borroka sino del modelo de participación horizontal de democracia participativa, de la auto-organizacion asamblearia como punta de lanza y no accesoria y subsidiaria. Es decir, apartando parte de los males que han asediado a la izquierda, el protagonista no son ni partidos ni organizaciones sino el mismo pueblo».
  • Un texto sobre la relación entre la falta de conciencia de clase y la burla generalizada hacia los canis.
  • De cómo el gobierno utiliza el discurso de los derechos de las personas con discapacidad para limitar la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en Pikara Magazine.
  • En alasbarricadas.org podemos leer un análisis sobre los escenarios donde podría tener cabida e incidencia el municipalismo libertario.
  • Un artículo sobre cómo distintas formas de autoritarismo estatal se asemejan al fascismo. La idea de la democracia representativa no es más que una fachada para un trasfondo de pobreza masiva, sumisión a las corporaciones, manipulación mediática, intervenciones paraestatales y, en definitiva, opresión de la mayoría a manos de una minoría en el poder.
  • El futuro ha de ser verde, rojo, negro y femenino; así se expresa Robert Jensen: «La especie humana ha de reconocer que cualquier futuro que nos permita retener nuestra humanidad tendrá que prescindir del capitalismo, el patriarcado y la supremacía blanca —y basarse en una visión del mundo ecológica—».
  • Dos entrevistas muy interesantes en el periódico CNT. La primera, a Heleno Saña: «En su fase de plenitud, el anarquismo era un movimiento de masas […] gracias a cuya militancia fue posible, en el curso de la guerra civil, colectivizar la economía, una gesta que desde entonces no se ha repetido en ningún otros sitio y que quedará como testimonio imperecedero de lo que puede ser una sociedad autogestionada. […] Lo que queda de anarquismo y anarcosindicalismo es «hoy solo una pálida sombra de lo que fue en el pasado, también en España»[…] lo más triste es la división que reina en el seno del movimiento libertario, también las rivalidades y querellas internas entre los diversos grupos y bandos y las animosidades personales». La segunda, a Laure Akai, nueva secretaria general de la AIT: «Creo que sería positivo que pasemos más tiempo discutiendo para poder desarrollar unas buenas ideas y aplicarlas a la realidad, que tratando de hacer una docena de cosas para una impresionante lista de planes. La verdadera prueba para nosotros es hacer algo viable y positivo de estas ideas».

El proyecto Cástor II

Viene de aquí.

Ya a estas alturas un fenómeno propio de nuestro contexto ibérico, la corruptela, había saltado a la palestra. En abril de 2012 de nuevo la plataforma denunciaba que:

“Ante la alarma ciudadana y las declaraciones vertidas en diversos medios de prensa por dicho responsable de la empresa (del Potro), la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la suspensión total de los trabajos, pues como nos temíamos éstos continúan con mayor celeridad si cabe, y se ha insistido en la necesidad de anular la concesión del proyecto Castor de almacenamiento de gas natural, ante el desmedido encarecimiento de los costes y la disminución progresiva de la demanda energética.

Lamentamos además la presión que desde la empresa ESCAL UGS se está ejerciendo ante el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, cuando es a causa del proyecto Castor de almacenamiento de gas natural que la propia Comisión Nacional de la Energía denunciaba partidas adjudicadas sin ningún procedimiento de licitación previo, así cualquiera..”.

Es decir, los intereses personales de los grandes empresarios de la zona, en concreto del Potro, comienzan a pesar por encima de las mismas leyes en las que suelen proclamar ampararse. En la tónica habitual de los mega-proyectos el todo vale se instala y la necesidad incuestionable de los mismos los blinda ante cualquier crítica o procedimiento de dudosa legalidad.

Pese a todo el proyecto continúa imparable, tanto a nivel de inversiones como de infraestructuras, y para el 30 de Julio de 2013 las inyecciones de gas han comenzado ya en el almacén y solo resta la instalación de un problemático gaseoducto que lo conecte con la red peninsular para dar el proyecto por terminado. Era difícil de predecir que a día de hoy (poco más de cinco meses después) seríamos testigos de la total paralización del proyecto.

La parte de la historia que casi todos conocemos comenzó el 26 de Septiembre. En esa fecha el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (lo que no deja de ser una curiosa combinación) decretaba el cese de actividad. Según informaban los periódicos:

“En menos de un mes, desde que la empresa gestora retomó la inyección de gas, se han registrado en la zona unos 220 microseísmos. El pasado día 24, de madrugada, se produjo uno de magnitud 3,6, el más importante recogido por el Observatorio del Ebro desde 1975. En esta zona apenas hay actividad sísmica de origen natural, explica el director de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Emilio Carreño.”

A partir de ese día se desata el pánico. Los seísmos se suceden día a día y alcanzan los 4,2 grados de magnitud el primer día de Octubre. La pelota pasa de campo en campo y la Generalitat responsabiliza al ministerio, mientras que los alcaldes de las localidades acusan a gobiernos anteriores o los vecinos indignados repiten que ellos ya se lo olían. No hace falta más que recordar la televisión durante esos primeros días de Noviembre para ver hasta que punto llegó el estado de pánico. Pese a ello aún el 4 de Octubre leíamos en El País:

“De momento, los temblores se han quedado en rotura de ventanas y algún que otro desperfecto menor en pocos casos. El miedo se ha instalado en una parte de la población. La otra se divide entre la incredulidad de que los terremotos vayan a más (“no para de salir en la tele, pero luego preguntas y muchos hablan sin sentir los terremotos”) y la confianza en la tecnología. “Se supone que todo esto tiene que estar controlado, no creo que se pongan a hacer una inversión de tal calibre y esto no esté estudiado”, comentaba otro.”.

Y como se suele decir, el resto es historia. Durante toda esa semana los temblores se sucedieron, manifestaciones, peticiones indignadas de los alcaldes por el cierre, declaraciones de políticos consternados afirmando que no se explican como algo así puede haber ocurrido, e incluso utilizaciones más bien partidistas del conflicto como la inclusión en el último momento de un apartado dedicado a la evaluación del riesgo de seísmos en la última Ley de Impacto ambiental del PP… En fin, el circo de nuevo en la ciudad.

En realidad para sacar las conclusiones que podríamos asociar a esta historia cualquiera de los numerosos proyectos desarrollistas que hoy en día gozan de buena salud hubiera servido: la ahora olvidada Eurovegas (que pese a ello estuvo a las puertas de devastar una de las pocas franjas de tierra libre de la conurbación madrileña), el fracking, las líneas de Muy Alta Tensión (MAT), las minas a cielo abierto (como las existentes en el valle leonés de Laciana o las planeadas en diferentes zonas de Galicia), las instalaciones industriales de energía solar y eólica, etc. Como dijeran otros más brillantes que yo anteriormente, nuestra civilización es un “gigante con pies de petróleo” que en su andar patizambo engulle todo: el territorio, los modos de vida, las comunidades e incluso el mismo de deso de vivir ahogado en una capa de hollín. La adicción al uso de combustibles fósiles que nuestro mundo necesita para levantarse cada día de la cama nos lleva a a situaciones como las que hemos visto, una legitimación intocable de la devastación en nombre de la reserva de combustible. Frente a ello nos encontramos mayoritariamente ante luchas que, al limitar su repertorio de acciones a lo institucional o meramente reivindicativo, se ven impotentes ante estos macroproyectos. ¿Cómo sería entonces una lucha más radical?

Ante esta pregunta es difícil encontrar una respuesta única, pero mis propias reflexiones apuntan algunas líneas. En primer lugar podemos echar la vista atrás y contemplar luchas en defensa de la Tierra que fueron exitosas, como la paralización de la central Nuclear de Lemoiz por los comités antinucleares en los años 70. El estudio de este caso revela para mí a una realidad fundamental, y es que la cuestión no es cómo de violenta es una lucha, sino el apoyo social que posee y que capacidad de maniobra tiene. En aquél caso vimos que la presión popular en forma de manifestaciones, recogida de firmas (además de sabotajes internos a las instalaciones, que aunque no fueran fundamentales para el derribo de la misma no se pueden olvidar) sí que fue suficiente para una paralización total. Pero, ¿por qué? En mi opinión la razón es clara, tras todos estos movimientos que podríamos considerar tibios se encontraba una red de grupos de base antinucleares (con una relación directa con las asambleas vecinales) y la sombra de la lucha dispuesta a usar cualquier medio para conseguir sus objetivos. Es decir, a diferencia de lo que hoy pueda pasar, si el Estado se hubiera negado a satisfacer la voz unánime de un pueblo que decía no a la devastación de su tierra,éste poseía organismos de autodefensa y ataque que se pondrían en marcha de inmediato (y con esto no me refiero únicamente a los grupos armados, que por supuesto juegan un papel, sino a la capacidad de organizar huelgas, de movilizar a los barrios y pueblos o de paralizar el transporte). Ahora mismo ante las decisiones del poder tan sólo nos queda la solitaria aceptación resignada. Es por ello que más que dotarnos de un repertorio extenso de medidas de acción directa que poner en marcha exclusivamente a través de nuestro grupo de afinidad debiéramos preocuparnos de integrarnos y fomentar un tejido social amplio que, simpatizando y sensibilizado de la lucha por la posibilidad de una futura vida humana en el planeta, se convierta en la amenaza constante que ponga en jaque al poder frente al rechazo de un clamor popular en contra de las políticas desarrollistas. Claro, siempre y cuando exista dicha oposición y los valores del trabajo o el progreso no nos dejen completamente solos ante las nocividades.

En cualquier caso querría terminar mostrando mi apoyo al compañero que durante dos días se ha mantenido encadenado a varios metros bajo tierra con el fin de intentar interrumpir la instalación de una de las torres de la MAT en Girona, concretamente en Fellines. Creo que este caso ejemplifica el drama de compañeras que están dispuestas a llevar hasta el último término su oposición al desarrollismo pero que, faltos de una base social, se encuentran impotentes ante un poder que puede hacer lo que desee con ellas sin miedo a las represalias. A día de hoy una nueva Ley de Impacto Ambiental que facilitará aún más el trámite de cualquier proyecto es una realidad, mientras que el fracking comienza a ser legislado y a integrar algunos de los cuestionamientos que pudieron darnos la esperanza de que nunca se materializaría. La rueda sigue girando, y tan sólo esperamos ser los suficientes como para que el palo que pongamos en su camino haga que descarrile definitivamente, dejando la carretera libre para levantar el asfalto y dejar a los árboles volver a crecer.

Castorcontra

El proyecto Cástor I

A lo largo de los últimos meses hemos sido testigos de una historia dramática que puede convertirse en habitual. El escenario es un mega-proyecto de importancia estratégica para unos pocos en el poder y que se presenta ante la mayoría como irrenunciable y totalmente inocuo. El drama es que dicha infraestructura podría desencadenar una serie de reacciones en cadena totalmente inesperadas e incontrolables que pondrían en peligro a miles de personas. La infraestructura a la que nos referimos en esta ocasión es el proyecto Cástor, pero bien podría aplicarse este mismo esquema a otros casos, desde la construcción del pantano de Itoiz al uso de transgénicos. Las consecuencias dramáticas más evidentes de este proyecto Cástor han sido una serie de terremotos entre finales de Septiembre y principios de Octubre de 2013 que llegaron a alcanzar los 4,2 puntos en la escala de Ritcher y mantuvieron a los municipios del delta del Ebro en vela durante casi una semana. Sin embargo, no es difícil de predecir que esta historia se seguirá repitiendo en nuestros territorios (como se está repitiendo ya con ciertos matices) si permitimos que éstos sigan siendo utilizados con el fin de satisfacer la voracidad de unos tiempos en los que necesitamos consumirlo todo para que todo continúe funcionando con una normalidad obscena.

Todo comienza en la década de 1990, cuando se empieza a gestar la ideal de construir un gran almacén de gas Natural que se integraría en el sistema gasista español. A lo largo de los décadas siguientes el proceso se va perfilando y se decide emplazarlo frente a las costas de Vinaròs (norte de la Comunidad Valenciana) y Alcanar (sur de Cataluña), en pleno delta del Ebro. Allí la obra aprovecharía la estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta (Montsià), y se haría posible gracias a una inversión de 1.300 millones de euros, aportados por un consorcio de 19 bancos internacionales, cinco de los cuales eran españoles. Uno de los que a la larga se convertirá en actor principal del drama, Del Potro, justificaba allá por el 2012 que el almacén se levantara frente a la costa de Vinaròs ya que no había otra posibilidad. Se debía aprovechar el antiguo yacimiento petrolífero agotado para llevarlo a cabo. «La naturaleza no se elige ni puede cambiar de lugar», añadía acallando las protestas que se levantaban en contra de este proyecto.

Resulta importante destacar que ya desde 2007 nace la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia (http://plataformapelsenia.blogspot.com.es), con unos objetivos y consignas claros: “La comarca del Sénia, en lluita contra el Projecte Castor!! NO HO VOLEM!” (La comarca del Senia, ¡¡en lucha contra el Proyecto Castor!! ¡No lo queremos!). Además de ellos, agricultores y pescadores se posicionan en contra del proyecto por el enorme impacto que supondría para sus medios de subsistencia. Pese a la claridad de sus objetivos y un apoyo moderado de productores locales, el repertorio de estrategias de oposición que eligen les lleva a tener un impacto casi nulo. En el periodo 2007-2012 se suceden recogidas de firmas, alegaciones al Ministerio de Industria, actos informativos, protestas municipales… La falta de un sentimiento de oposición generalizado, de una comunidad fuerte que adquiriera consciencia del carácter nocivo de la infraestructura, hace que toda la oposición se vea impotente ante el avance imparable del proyecto. Además de esto, los argumentos que se esgrimían desde el discurso oficial para acallar esas voces parecían blindados ante las críticas. Se podía leer en El País del 2 de Enero de 2012:

“Según Escal UGS, se trata de un emplazamiento estratégico para España, muy necesario para sortear los periodos de escasez en el suministro de gas natural. El depósito submarino podrá almacenar una cantidad de gas natural equivalente a lo que consume toda España en 50 días. Los países de la OCDE han decidido tener un almacenamiento de gas equivalente a 92 días de suministro. España tiene menos almacenes y lo ha suplido con tanques de gas líquido en los puertos o con los grandes depósitos en Bermeo y Jaca», afirma Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS.”

En estas pocas líneas se resume la trágica historia de nuestra civilización. En el emplazamiento de un antiguo pozo de petróleo, agotado por el voraz consumo al que el progreso nos ha lanzado, situamos un almacén de gas natural que por la pírrica promesa de 50 días de consumo de Gas Natural cubiertos nos obliga a extender un cheque en blanco y a una aceptación sin concesiones, la prostitución de nuestros territorios y el embargo del futuro de una zona por el último espasmo del cadáver putrefacto de la sociedad del combustible fósil.

Castorcontra

¿Qué es la acción directa?

Sin duda alguna, el concepto de acción directa es uno de los más usados en el vocabulario anarquista. No obstante, ante la creciente (relativamente) nueva actividad política de asambleas vecinales, mareas, colectivos, y redes, creo conveniente definir una vez más que es eso de la acción directa, sobre todo porque existe una concepción negativa entre la gente y los grandes medios capitalistas de comunicación sobre el proceder anarquista. Empecemos.

Acción directa y anarquismo van íntimamente de la mano. El anarquismo propone una forma distinta de participar en política y sociedad: les anarquistas no aceptamos la autoridad del Estado y su maquinaria institucional, así como tampoco nos contentamos con delegar nuestra voluntad y responsabilidad en terceras personas (como polítiques, representates, partidos etcétera). La filosofía anarquista propone la existencia de individuos libres, responsables, y autónomes. Actuar acorde con esta visión sería, en pocas palabras, acción directa, y se me hace difícil imaginar otra forma en la que actuar desde una filosofía anarquista.

La praxis anarquista reflejada en la acción directa apunta a la resolución de los problemas de une misme por une misme. Imaginemos que vivimos en un barrio donde una discoteca atormenta a les vecines por las noches con su música a todo volumen. Ante este problema tenemos dos opciones: 1) denunciar a la policía el excesivo ruido del establecimiento, o 2) resolver el problema por nosotres mismes. Si optamos por la segunda opción (seamos o no anarquistas) estamos actuando de manera directa. Ahora, como es obvio, existen muchas maneras de «resolver el problema por nosotres mismes.» Podríamos optar por hacerlo de manera individual (aunque en este caso no sería muy eficiente) o de manera colectiva (con el resto de vecines). Podríamos optar por hacerlo de manera pacífica (ir a hablar con el o la dueña de la discoteca, suponiendo que esto pone fin al problema) o de manera no-pacífica (entrar en el establecimiento, ocuparlo, bloquear el acceso, o hasta destruir el equipo de sonido). Sea como sea que actuásemos estaríamos haciéndolo de manera directa.

En el ejemplo anterior, optar por la segunda opción es el resultado lógico de aceptar nuestra autonomía como personas libres. Llamar a la policía o poner una denuncia en comisaria sería aceptar la autoridad legal y moral de las instituciones estatales. El anarquismo y la acción directa no ven en esta opción una solución moralmente óptima. ¿Por qué? Veámoslo con el mismo ejemplo. Supongamos que en la localidad en la que vivimos es legal el nivel de decibelios que atormenta a nuestra comunidad de vecines, por lo que esa discoteca que no nos deja dormir está operando dentro de la legalidad impuesta por la Administración. Además, supongamos que el establecimiento tiene todos los documentos y permisos necesarios para desarrollar su actividad en el barrio. Aun así, no podemos dormir por la noche porque escuchamos mejor su música que nuestra propia respiración en la cama. ¿Qué hacemos ante esto? La opción de presentar una denuncia sería inútil, y llamar a la policía terminaría en una medición de decibelios que cumple con la ley. Resultado: el problema no se soluciona. El anarquismo y la acción directa no ven autoridad alguna en la discoteca, en la policía, o en la ley burguesa, para decidir qué nivel de decibelios es aceptable o no. Son les vecines del barrio les que sufren de insomnio y son elles mismes les que han de decidir qué hacer al respecto. Así pues, cerrar la discoteca por la fuerza se convierte en una opción moral, afirmativa, y reconstitutiva de la libertad y autonomía de las personas del barrio.

A menudo los medios de comunicación del capital muestran una imagen destructiva, violenta, y caótica de la acción directa. Siguiendo con el ejemplo de la discoteca: imaginemos ahora que les vecines deciden cerrar la discoteca por su cuenta, ocupándola, desconectando el equipo de sonido, e impidiendo por las noches el acceso a la gente hasta que les responsables del establecimiento no decidan bajar el volumen de la música. Una decena de cámaras se traslada hasta el lugar y empieza a emitir imágenes de vecines enfurecides entrando en una «propiedad privada», tirando los altavoces al suelo, y forcejeando con les clientes del local a sus afueras. Los titulares rezan: «masa enfurecida de vecinos arrasa propiedad privada y agrede a ciudadanos libres que quieren bailar.» Así, queda muy claro que esto de la acción directa es cosa de «vándales» y «radicales anti-sistema.» Lo que los medios de comunicación no muestran, en este ejemplo, es que la fuerza de las personas autónomamente organizadas y actuando acordemente es no solamente moralmente superior a la injusta ley de decibelios, sino que además es suficiente como para poner del revés la administración civil y económica de la localidad.

Si la acción directa está tan negativamente concebida en la democracia burguesa (y así lo internalizan las personas mediante procesos de socialización institucionalizados), es porque la autoridad del sistema requiere de personas sumisas y pasivas. Si tenemos un problema se nos enseña a denunciar, a llamar a la policía, a buscar la ayuda de una persona mediadora. En definitiva, se nos enseña aquello de «no tomar la justicia por nuestra mano.» ¿Pero qué hay más justo que buscar justicia por une misme? Actuar directamente es afirmar nuestra condición de seres humanos libres, sin reconocer la autoridad de instituciones o machotes en uniforme azul. Acción directa es solucionar nuestros problemas de forma digna.

Por otro lado, debido a que la acción directa deriva a menudo en confrontación física, los medios de comunicación y las personas complacientes de vivir sus vidas con obediente sumisión no encuentran problema para aborrecer la praxis de las personas autónomas y libres (que todes lo somos, pero algunes parecen no querer aceptarlo). La persona que decida actuar de forma directa (es decir, libre) tiene que aceptar que las probabilidades de conflicto físico son muy altas. Volvamos al ejemplo: hemos ocupado y bloqueado la discoteca, pero a la hora la policía se ha sumado a las cámaras de televisión. De buena fe decidimos hablar con les agentes de policía para anunciar nuestras demandas: no queremos tal ruido en nuestro barrio. No obstante, el sargento (o lo que sea) nos dice que la ley es la ley y nosotres la estamos incumpliendo (de hecho, como estos monos de azul no piensan mucho, nos demandarán que entreguemos a les líderes de la acción para que vayan a comisaria. ¡Como si un vecindario no pudiera organizarse sin representantes o voceres de turno!). Ante esta situación podemos actuar de dos maneras: 1) rendirnos ante la policía y cesar la acción, y 2) resistir y seguir con la acción. Si optamos por la primera opción estaríamos ante un caso de desobediencia civil. La segunda opción es la única manera consecuente de aceptar nuestra libertad y autonomía (además que muches vemos en esta opción una decisión mucho más digna).

La diferencia entre desobediencia civil y acción directa es más bien sutil, pero claramente la última lleva la búsqueda de justicia mucho más lejos, hasta las consecuencias finales de actuar libremente. Es por ello que decía que las personas que decidan actuar de manera directa tienen que tener claro que la confrontación física (y la represión estatal subsecuente) son consecuencias frecuentes de querer ser una persona libre. No obstante, han de tener también claro que el nivel moral de dichas acciones justifica tal confrontación (sea más o menos violenta). He aquí otro punto clave: el anarquismo, mediante la acción directa, aúna medios y fines en un mismo ente. La moralidad de nuestros medios ha de ser afín a la moralidad de nuestros fines. «Actuar de manera consecuente», que diríamos. ¿Por qué un armario en uniforme azul tiene más autoridad moral para decidir con qué nivel de ruido puedo dormir por las noches? O para tal caso, ¿qué autoridad tiene un remilgado juez para imponer su criterio sobre mi sueño? Nosotres decidimos cómo queremos dormir, y el barrio decidió poner fin al ruido de la discoteca. Es por ello que la confrontación física con aquellas personas represoras que intenten imponernos su criterio es una opción moralmente aceptable. Y nadie debiera rechazar dicha confrontación.

Finalizando. Son muchos, sin embargo, los problemas a la hora de definir acción directa. Históricamente se ha desarrollado un intenso y grandísimo debate entorno a esta cuestión. Ya a principios del siglo veinte, muchas voces anarquistas afirmaban que una huelga, por ejemplo, no es acción directa por no mediar directamente con la fuente del problema (argumentaban que una huelga busca unos fines que  no solucionan el problema, sino que lo reforman). Este texto solamente pretende presentar de forma sencilla la definición más laxa de acción directa. Dejemos para otro día estas otras cuestiones de mayor calado.

Las cifras del Estado policial

“Cuerpo Nacional de Policía
siempre dispuesto al servicio de España
protector del ciudadano, de la Paz
y de nuestra Democracia,”
-Del himno oficioso del CNP.

Desde su constitución, en 1941, a partir de elementos destacados de la Falange o purgados del Cuerpo de Seguridad y Asalto republicano, la Policía Armada franquista, los grises, fueron uno de los principales pilares del régimen criminal instaurado. Aunque ya no sean tan impactantes, pues volvemos a vivir ese tipo de violencia en nuestras carnes, las imágenes de este cuerpo reprimiendo con violencia a trabajadores y estudiantes han pasado a la historia.

Sabemos que, para 1968, con una población de 32 millones de habitantes, contaban los grises con 20.000 efectivos. A estos hay que sumarles 60.000 efectivos de la guarda civil, la que se encargó de acabar con la resistencia del maquis, de vigilar las entradas y salidas del Estado-prisión español y de mantener, en el mudo rural, el statu quo de miseria agraria. Otros 8.200 tenía el Cuerpo General de policía, dentro de la cual se encuadraban las brigadas político-sociales, célebres por sus torturadores. Menor era el papel de las escasas guardias urbanas, que tan solo asumían funciones de asistencia y circulación y no constituían entonces cuerpos armados. No cabe duda de que, junto con el ejército y la iglesia, la policía era uno de los pilares del régimen franquista. ¿Cómo nos encontramos actualmente?

Están por todas partes.

Si los efectivos policiales del franquismo se acercaban a los 90.000, actualmente la cifra se ha inflado hasta ser el Estado español, según Eurostat, el país de la UE con más policías por habitante: 505 agentes por cada 100.000. La media es de 338.

Examinando los datos, nos encontramos con 90.181 efectivos de la Nacional y 84.400 de la Guardia Civil. El régimen autonómico también contribuye a aumentar la presencia policial sobremanera, sumando 30.000 efectivos las distintas policías autonómicas. Las policías locales presentes en 1700 municipios del Estado, encuadran unos 66.000 efectivos. En total, más de 270.000 elementos. Una cifra tres veces mayor que la de finales de los 60, con una población que solo ha crecido un 46%.

En definitiva, el régimen del 78 hace parecer ridículo al Estado policial franquista. Cabe decir que, desde la muerte del dictador, ninguno de los cuerpos policiales herederos de los de entonces ha sufrido una purga, limitándose a una centralización y a un par de cambios en la coloración del uniforme. Son los mismos, pero ahora son más.

Calabozos, dolor y miedo.

Jugando un papel tan importante en el mantenimiento del orden político de corrupción y privilegios desde hace décadas, la policía del Estado español ha demostrado poseer una notable impunidad para emplear toda clase de medios ajenos a lo que se considera un Estado de derecho, pasando por encima del derecho humano a no ser sometido a tortura, penas crueles o tratos degradantes.

Según Amnistía Internacional existe una total impunidad policial en casos de tortura, que se aplica especialmente contra personas extranjeras. Tampoco se cumple en ningún caso el derecho de los torturados a una reparación. De acuerdo al informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en el año  2012 el CNP fue denunciado por tortura y malos tratos en 117 ocasiones, 19 la Guardia Civil, 32 los Mossos d´Esquadra, 15 la Ertzaintza y 26 las distintas Policías Locales, afectando estos casos a 851 personas. Estas cifras son solo una pequeña parte del total, teniendo en cuenta que buena parte de los torturados son inmigrantes indocumentados sin medios para denunciar. No son actos puntuales, ocurren por sistema y en todos los cuerpos. El hecho de que más de la mitad, 591 personas, fueran agredidas tras movilizaciones sociales, es prueba de lo que se pretende.

Solo en el año 2013 se produjeron, bajo custodia o en el transcurso de operaciones policiales, 43 muertes. Suman 916 desde 2001, cifras del Centro de Documentación contra la Tortura. La policía, en el Estado español, mata y mata impunemente. El indulto para los asesinos y torturadores queda, en el 100% de los casos, garantizado por el Estado. No se busca sino proteger una herramienta de terror político.

Un madero, mil lapiceros.

Las políticas neoliberales todo lo recortan, excepto la represión. Los presupuestos de 2013 aumentaban el presupuesto para antidisturbios en un 1780%, pasando de 173.670 euros a 3,26 millones. Por el contrario, se recorta en seguridad ciudadana. No hay excusa posible, no se pretende “combatir el crimen”, sino la protesta ante la miseria que pretenden imponer.

A esto se suma organización de nuevas unidades dedicadas exclusivamente a la represión. A los 2744 agentes de la UIP (Unidad de Intervención Policial) se suman 2.200 agentes de los 72 grupos de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción). Distintas Policías Locales y Autonómicas  han creado también sus unidades represivas, caso de la UAPO en Zaragoza o la Brigada de Refuerzo de la Ertzaintza, ampliada en 2012.

Encontramos igualmente novedades en el material de estas unidades. Por nada menos que medio millón de euros, se ha adquirido un nuevo camión con cañón de agua, con una presión regulable de 10 a 16 bares de presión y 7000 litros de capacidad. Se busca sustituir los viejos camiones, que contaban con una autonomía de 4000 litros y cuyos cañones tenían una potencia mucho menor. Por lo visto, son muy necesarios más de 10 bares si se quieren sacar ojos a presión, como pudimos ver en Turquía cuando se emplearon vehículos del mismo tipo.

Ante las denuncias por el uso de las pelotas de goma, que han dejado 2 muertos y 11 pérdidas de ojo desde los años 90, se está procediendo a su sustitución por proyectiles de Foam en Cataluña. Este tipo de proyectiles son tan dañinos como las pelotas de gomas, sin embargo, se han impuesto gracias a la excusa de que “no rebotan y son más precisos” por lo que, al contrario que las pelotas, no darán “por error” a la cara u órganos vitales. Sin embargo, como ha denunciado el SUP (Sindicato Unificado de Policía), se está entrenando a los nuevos antidisturbios para saltarse los reglamentos y disparar por encima de las piernas.

Más dinero, nuevo equipo y una nueva generación de agentes entrenados para dar rienda suelta a la violencia represiva del Estado. Mientras el desempleo, la precariedad laboral y la destrucción de los servicios públicos extienden la miseria, se hace necesario blindar a un Estado cada día más autoritario.

Lo que está por venir.

Dice la presentación al Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que “El derecho a manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta Legislatura”. Pero, parece, que no se va a permitir que esto siga pasando. Tras dos años de gobierno del Partido Popular sus apoyos sociales comienzan a resquebrajarse y el pueblo trabajador comienza a ver que la solución a sus problemas pasa por la acción colectiva. La reciente victoria del barrio burgalés de Gamonal ante la especulación urbanística, desatando la solidaridad a lo largo de todo el Estado, es prueba de ello. Si hay estallido social, van a estar preparados, con una justicia que pasa por encima de los jueces en una distopía autoritaria que nos traslada a los cómics del Juez Dredd.

A este aumento del poder de la policía estatal hay que añadir los privilegios concedidos a la seguridad privada. En nuestro Estado existen 85.000 guardias de seguridad que, con la nueva Ley de Seguridad Privada, podrán detener, cachear e identificar en la vía pública. Un refuerzo a la represión que evidencia lo corporativo del régimen en el que nos encontramos.

Negar que nos encontramos ante el mayor Estado policial de Europa, en el que todo vale para defender los privilegios de una oligarquía caciquil, es ya negar la evidencia. Ante ello debemos actuar, debemos hacernos fuertes, reforzando los lazos colectivos y comunitarios contra la represión. Siendo conscientes de que entre los que roban y gobiernan y nosotros se encuentran ellos, una barrera de porras, cascos y escudos, contra la que más nos vale estar preparados.

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