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El poder popular contra la vía institucional

Hace falta construir también, no solo derribar, porque si únicamente derribamos y no sabemos construir, otras construirán lo que derribemos, y entonces tocará de nuevo derribar, entrando en un ciclo interminable donde los y las perdedoras somos nosotras.

Hemos escuchado muchas veces la asociación del poder popular a un gobierno popular o de izquierdas. No obstante, la definición de poder popular no pasa realmente por ser sinónimo de un gobierno popular¹, sino que sería definido, desde una perspectiva anarquista, como la capacidad material de un pueblo para materializar sus reivinidicaciones revolucionarias a través de su propia autoorganización que permita articularse como fuerza política de clase, independiente y autónoma al margen de las instituciones del Estado. Este poder popular constituiría una oposición efectiva fuera de las instituciones burguesas y una fuerza política capaz de crear sus propias instituciones u órganos que sustituyan a los organismos del Estado. Esto implica no optar por la vía institucional, sino por la superación del orden capitalista a través de potenciar la autoorganización en el seno de la clase trabajadora a todos los niveles (nivel de barrio, territorial, estudiantil, sindical y político), aspirando a implantar un nuevo sistema político, social y económico basado en la cooperación, la toma de decisiones asamblearia, la solidaridad y la propiedad colectiva de los medios de producción.

Antes que nada, nos pondremos en situación con un breve análisis de coyuntura. Desde la aparición de los movimientos sociales al calor de la crisis, pasamos por un período de inflexión donde están surgiendo nuevas formas de movilización social y también el surgimiento de nuevos partidos políticos, tras la entrada del capitalismo en una nueva fase de reestructuración. La coyuntura de los años de bonanza en los países capitalistas estuvo marcada por una paz social casi total, un consenso entre clases tras la derrota de los movimientos revolucionarios de los ’60, ’70 y ’80. No obstante, actualmente vivimos un nuevo resurgimiento de la movilización popular en una coyuntura que se hace imprescindible la inserción social de los y las anarquistas y ser partícipes de los cambios en el escenario político actual. Podemos apuntar un breve repaso en el aumento de las diferencias de clase por un lado, y por otro, se marca cada vez más una relación de colonia-metrópolis dentro de la propia UE, siendo los países centrales como Alemania y Francia los que formarían la metrópolis, mientras que países de la periferia conformarían la periferia colonial, como los PIGS, Rumania y otros.

A partir de aquí, se está configurando una nueva coyuntura política y social, donde por un lado vuelven a salir las tendencias fascistas y la complicidad de la clase dominante con ellos, como se demuestran en el apoyo al gobierno de Kiev por parte de la comunidad europea y su pasividad hacia partidos fascistas como Frente Nacional y Amanecer Dorado. Y por otro lado está la izquierda parlamentaria que se está reorganizando en torno a una socialdemocracia inspirada en movimientos ciudadanistas estilo 15M, tal es el caso de Podemos y similarmente, Syriza. Respecto al terreno social, podemos encontrar, tras la desmovilización del 15M, una nueva reconfiguración en las movilizaciones populares que actúan en diferentes ámbitos, como el de barrio, la vivienda, la salud, la educación… sin que la tendencia sindical de clase sea el eje central. Estos movimientos tienen una composición muy heterogéneos y carecen de una orientación política clara. También, dentro del movimiento libertario están surgiendo nuevas tendencias que tratan de disputarse un espacio en el escenario político. No somos ajenas al cambio que se está dando actualmente, y están surgiendo procesos, iniciativas y formas organizativas que miran hacia la inserción social, la articulación de movimiento y la construcción de una alternativa política en el seno de la clase trabajadora. Sin embargo, todavía al movimiento libertario le falta consolidarse. Estamos en un proceso de reconstrucción y con miras a enterrar los viejos vicios para salir del estancamiento, sabiendo que si no superamos la marginalidad, acabaremos muriendo y sin posibilidad de plantar cara materialmente al neoliberalismo desde una perspectiva anarquista.

Con la irrupción de Podemos en el escenario político y una derecha que está perdiendo la hegemonía en favor del discurso socialdemócrata, y siendo este año en el que se aproximan las elecciones municipales y más tarde las generales, es probable que tengamos que contar con nuevas caras en ayuntamientos y en el gobierno estatal. Nos han pasado por encima numerosos ajustes neoliberales, la más destacada la reforma laboral del 2012, más la LOMCE y ahora con más vueltas de tuerca del Plan Bolonia en el ámbito estudiantil, sin olvidar tampoco el acecho del TTIP que mermará aún más los derechos sociales en favor de los mercados. El neoliberalismo está en continua ofensiva mientras que los movimientos sociales están en una posición a la defensiva, y los pocos actores políticos que se presentan como opositores al modelo neoliberal llevan tintes socialdemócratas, mientras que la izquierda revolucionaria (léase marxistas y anarquistas) brillamos por nuestra ausencia.

Las coyunturas están en constante cambio, es un gravísimo error de análisis afirmar que no ha cambiado nada, lo cual, quiere decir que es un error pensar que con otras caras en las instituciones vaya a seguir todo igual. Aquí hay que diferenciar entre lo estructural y lo coyuntural. Mientras que lo primero es referido a la base material en las relaciones de producción, lo segundo es referido al conjunto articulado de fuerzas políticas y sociales en un determinado espacio y tiempo. En otras palabras, un cambio de gobierno (no la forma del Estado) no ocasionaría un cambio en las relaciones de producción, pero sí provocaría un cambio en la coyuntura, esto es, que ante una posible victoria de un partido socialdemócrata, la correlación de fuerzas cambie en favor de unos sectores sociales, como sería la de la pequeña burguesía y parte del proletariado. Esto supondría un pequeño desplazamiento de las tendencias neoliberales en favor de una tendencia keynesiana, aunque posteriormente ese supuesto gobierno socialdemócrata termine asimilando el discurso neoliberal.

Así pues, medidas decretadas por dicho gobierno como, por ejemplo, una subida del salario mínimo interprofesional, la paralización de los procesos de privatización, moratorias sobre las ejecuciones hipotecarias, derogación de leyes restrictivas, etc, supondrían un respiro para las capas sociales más desfavorecidas entre la clase trabajadora. No obstante, puesto que la sociedad de clases no desaparece sino que la clase capitalista sigue siendo dominante, las medidas no se aplicarían si no hay un poder social que las ponga en vigencia, es decir, si no existe una movilización popular que obligue a la clase capitalista a aplicarlas. Por ejemplo, a una trabajadora se la puede someter con amenazas de despido para que acepte un sueldo por debajo del salario mínimo decretado si ésta no se organiza en su sindicato, o un banco puede igualmente echar a la gente de las casas pese a las moratorias si no hay un Stop Desahucios que los frene. Dentro de la relación instituciones–pueblo, podemos ver con este ejemplo que existen dos fuerzas separadas: por un lado, la del partido de turno en el poder ejecutivo² y por otro, la de los movimientos populares. Las relaciones entre estas fuerzas pueden variar: desde la dependencia absoluta del partido y su funcionamiento como una extensión de éste para captar votos, tener una base de apoyo ideológico y de legitimación de sus medidas, hasta una fuerza independiente con su propio proyecto político. O incluso puede darse el caso de una ausencia casi total de movimientos populares. Los factores que determinan la fuerza real de los movimientos populares son: su grado de presencia en el escenario político y de organización, capacidad para adaptarse a los cambios, su composición interna y la existencia o no de un discurso político, es decir, si está articulado también a nivel político.

Es sabido entre anarquistas que la vía institucional es un engaño, un callejón sin salida que termina en la conciliación de clases y prepara a su vez el terreno para los totalitarismos de corte fascista cuando desmoviliza el movimiento obrero. Hemos estado repitiendo hasta la saciedad esta premisa, así como el discurso de la abstención activa pero, ¿hemos conseguido poner sobre la mesa unas alternativas políticas concretas como hojas de ruta más allá del «organízate y lucha»?. Por eso, no está de más añadir unas cuántas líneas más que vayan más allá de la mera negación. Consideremos que las dinámicas que emanan desde las instituciones nos afectan y que no podemos permanecer pasivas con los cambios que desde allí se dan y ver por dónde podemos avanzar sin entrar en el juego electoral, apostando por el fortalecimiento de los movimientos sociales y la creación de alternativas a través de la lucha cotidiana. La coyuntura legal y la tendencia del poder ejecutivo influyen, de alguna manera aunque sin ser un factor determinante, en la configuración de los movimientos sociales. Por ejemplo, en una situación donde esté reconocida en las leyes la libertad sindical, podría favorecer el surgimiento de sindicatos independientes, cosa que sería más difícil en otra donde dicha libertad esté restringida. Sin embargo, que la libertad sindical esté recogida en las leyes no hace que comiencen a brotar numerosas centrales sindicales ni que la clase trabajadora vaya en masa a organizarse en el sindicato, esto dependerá de otros factores. Puede darse el caso también que en situaciones más represivas surja un grado de organización popular y conflictividad social mayor que en otra donde se reconozcan más derechos y libertades.

La limitación de la vía institucional radica en que no es capaz de cambiar lo estructural, solo puede aspirar a reformar el capitalismo. Por ello, siempre en última instancia, será el grado de presencia de los movimientos populares, su organización y su politización lo que determinaría cómo se configuraría la correlación de fuerzas. Por tanto, un pueblo fuerte sería capaz de avanzar incluso en coyunturas donde la represión sea más fuerte que en las democracias liberales. Así pues, tomando como referencia el ejemplo del párrafo anterior, aunque estuviesen prohibidos los sindicatos al margen de los oficiales ni estuviese legalizado el derecho de reunión, aquel pueblo fuerte, o un movimiento popular fuertemente organizado, seguiría siendo capaz de organizarse y articularse como fuerza política capaz de dirigir una ofensiva contra las clases dominantes desafiando su orden y poner en marcha los programas políticos de carácter popular y revolucionario.

En resumen, hemos de destacar la separación entre lo institucional y el pueblo. Mientras que desde las instituciones se pueden aplicar medidas para aliviar los efectos de la reestructuración capitalista sobre la clase trabajadora, si el pueblo se constituyese como un actor político independiente, puede llegar a desestabilizar el viejo orden capitalista y llevarnos a una situación revolucionaria mediante la agudización de la lucha de clases. El poder popular desde una perspectiva anarquista es una vía alternativa al asalto institucional y a la conquista del poder político, lo cual quiere decir que en lugar de mirar hacia el Estado, concibe la articulación del pueblo como sujeto político, siendo una fuerza independiente y un actor político fuera del marco institucional. Pero independiente no significa marginalidad ni aislamiento, sino llevar discurso propio que no parta de las abstracciones ideológicas, sino del análisis de coyuntura, de la realidad de las luchas sociales, y de los problemas sociales inmediatos, impulsando la movilización social y defendiendo su autonomía frente a los intentos de ciertos partidos a fagocitarlos.

Por suerte, en estos momentos están saliendo propuestas interesantes como alternativas a la vía institucional y que apuesten por el poder popular frente al electoralismo³. Hay vida más allá de la abstención y de las críticas destructivas, y es la estrategia de acumulación de fuerzas. No olvidemos que la batalla se tiene que librar en el terreno social, que necesitamos crear hojas de ruta y un programa político que apunte a aumentar el grado de autoorganización popular con base en la lucha de clases, el feminismo, el antirracismo y el ecologismo. Porque si no planteamos alternativas a la vía institucional, de nuevo nos encontraremos en la impotencia viendo cómo la gente termina por abandonar las calles y poniendo sus esperanzas en el voto. Ahora más que nunca, toca construir y avanzar, o estaremos contemplando por los siglos de los siglos cómo construyen encima de lo que queremos derribar.

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Notas

1- Cabe señalar que desde la concepción marxista del poder popular sí se orienta a la conquista del poder político, no así entre anarquistas que adoptan la estrategia del poder popular. La orientación del poder popular dependerá de qué tendencia política sea la mayoritaria y la que articule el discurso político y las praxis. ↑

2- Aunque cabría señalar una tercera fuerza que sería el brazo armado del Estado: policía y ejército. Estos cuerpos armados no siempre están subyugados al poder ejecutivo, sino que, dependiendo de su composición y de sus mandos, podrían sublevarse contra el gobierno legítimo dando un Golpe de Estado. No obstante, aquí no vamos a tratar este tema en profundidad ya que no es la intención de este artículo. ↑

3- Equilibrismos, Proces Embat y Construir un Pueblo Fuerte. ↑

Movimientos sociales. Algunos apuntes

En estos últimos años hemos visto/leído el término «movimiento social» en todos lados. De repente, como setas tras la lluvia, nos han surgido movimientos sociales por todas partes. Es cierto que en tiempos recientes la participación ciudadana en protestas políticas ha aumentado, así como el número de protestas en sí. También se han creado nuevas redes de activistas y renovado discursos políticos que animan a la participación de una forma u otra. No obstante, el indiscriminado uso del término «movimiento social» ha emborronado el significado sociológico del mismo, convirtiendo a toda protesta política en movimiento y configurando toda participación política como tal.

Habría que empezar reconociendo que una protesta política no es un movimiento social de por sí. Una protesta, en el mejor de los casos, es una técnica dentro del repertorio de técnicas de normal uso de los movimientos sociales occidentales. La protesta por tal o cual bosque en las montañas, o la protesta por tal o cual ley injusta, no son movimientos sociales ni tienen por qué darse desde movimientos sociales. En la historia de eso que llamamos Occidente, el término «movimiento» ha venido a significar «cambio»: nos vamos de un punto a otro, no se sabe tal vez a qué punto llegaremos, pero nos ponemos en marcha. Frente a una concepción cíclica o estática de la sociedad, como la que se tenía en la antigüedad, la sociedad industrial empezó a concebir que grupos humanos podían poner en «movimiento» el cambio social, es decir, moverse hacia un punto deseado produciendo asimismo un cambio esperado. Aquí nacen los movimientos sociales «modernos» (relativamente modernos, pues el término también es usado para aquellos movimientos sociales centrados en valores post-materiales que surgen desde la década de 1960). Lo que caracteriza, pues, a un movimiento social son tres características comúnmente aceptadas en la sociología actual. Estas características son: prolongación en el tiempo de sus campañas colectivas, enfocadas a instituciones o autoridades oficiales, sentimiento de pertenencia a un grupo caracterizado por una serie de objetivos concretos e ideas/valores compartidos, y finalmente un repertorio más o menos flexible de prácticas de participación política bien conocidas (desde manifestaciones, pasando por recogidas de firmas, hasta apariciones en los medios de comunicación). La esencia, pues, de un movimiento social es su carácter colectivo y demandante, así como su prolongación en el tiempo con la finalidad de «mover» a la sociedad hacia un destino deseado por el movimiento.

Dicho esto, queda claro que una manifestación puntual no tiene por qué suponer la existencia de un movimiento social. Por ejemplo, profesionales de clase media protestando puntualmente por tal o cual medida del gobierno no significa, automáticamente, que conformen un movimiento social. Dichas personas pueden muy bien defender el sistema socio-económico y las estructuras políticas en su conjunto global, protestando al mismo tiempo contra medidas puntuales y específicas que realmente no modifican el sistema vigente. Pero por el contrario bien podrían conformar un movimiento social si se cumple con lo definido más arriba. Un ejemplo de movimiento social de clase media podría ser el movimiento anti-nuclear en Alemania, el cual sostiene a lo largo de varias décadas una campaña en contra de la energía nuclear, realizando para ello apariciones en los medios de comunicación, recogiendo firmas, organizando marchas, etcétera. A la dimensión temporal se le suma también una dimensión emocional o sentimental de corte personal (que se extiende a lo colectivo). Una persona siente, pues, que es ecologista, «verde», o tal o cual etiqueta, encontrando comodidad en la afinidad de descripciones que se manejan dentro del movimiento social. Otro ejemplo típico de movimiento social es el movimiento sufragista en Inglaterra a principios del siglo pasado.

Ahora, el estudio de movimientos sociales no es tarea fácil por el mero hecho de tener una definición más o menos aceptada universalmente. Los movimientos sociales, aunque siguen usando el repertorio de técnicas de participación/influencia «tradicionales», también pueden incorporar nuevas tácticas a medida que la sociedad cambia (sobre todo en el plano tecnológico, aunque la tecnología a menudo no trae nada nuevo sino que re-define lo ya existente). Por otro lado vemos cambios en lo que se demanda desde los movimientos sociales (ya mencioné el cambio en los sesenta de una cultura de demanda materiales, a una cultura de demanda post-materialista). Pero lo que, tal vez, puede fascinar más es la imbricación histórica de movimientos sociales, los cuales pueden beber unos de otros heredando (y transformando) viejas ideas y tácticas de participación/influencia. Habiendo dicho esto, y teniendo en cuenta las tres características clásicas expuestas más arriba, queda por pensar (con actitud crítica) qué ha sido, o qué ha quedado, de los movimientos sociales clásicos como, por ejemplo, el movimiento obrero. Desde el principio de la historia de estos movimientos sociales ha existido, en la mayoría de casos históricos, un fuerte deseo de influir en las instituciones del Estado (desde las cuales se organiza la vida de la ciudadanía de un estado-nación). Para ello, muchos movimientos sociales optaron por una de dos alternativas: o bien influenciar un partido político ya existente en el juego parlamentario, o crear un partido nuevo (los partidos socialistas europeos son un buen ejemplo de esto). Hoy en día también vemos estas dinámicas, siendo el ejemplo en el Estado español muy claro.

En definitiva, esto viene a ser el resumen escueto de cómo algunas personas entendemos el estudio de los movimientos sociales. Sin duda es un campo de estudio apasionante y que necesita todavía recorrer un largo camino, pues mucho ha cambiado desde la sociedad industrial de antaño (incluyendo, por supuesto, la forma en la que las personas se asocian y demandan cosas). Sin embargo, una faceta en el estudio de los movimientos sociales queda todavía por explorar con seriedad: la deriva institucionalista que observamos hoy en día en lugares como el Estado español. ¿Qué consecuencias a medio/largo plazo tiene la institucionalización de movimientos sociales? ¿Qué resultados reales para los estratos más desfavorecidos de la sociedad tiene la parlamentarización de sus demandas? A fin de cuentas nos topamos, otra vez, con la misma cuestión que el anarquismo siempre ha planteado: el poder del Estado.

Entre votantes y abstencionistas

Desde el arranque de la campaña electoral para las europeas, las calles y las redes se van inundando de propaganda electoral. A la par, la abstención empieza a preocupar tanto a partidos políticos de toda índole como personalidades de izquierdas y votantes. Mientras, a los y las anarquistas nos preocupan más el voto y no los datos de abstención que superan incluso al partido más votado, llevando el discurso de siempre a favor de la abstención activa. No obstante, urge también que repensemos la cuestión electoral más allá de repetir las consignas de siempre cada vez que se acerquen las elecciones. ¿Siempre es mejor no votar y dejar de participar en el juego electoral? ¿En qué circunstancias el voto sería una táctica más acertada? ¿Qué es mejor: un gobierno de derechas o uno de izquierdas? Esta última cuestión será tratada al final del artículo.

Bien es sabido que participar en el juego burgués es como «las herramientas del amo no van a desmontar la casa del amo», en ciertas ocasiones puede llegar a favorecer en parte, aunque simbólicamente, a la clase trabajadora o al menos llevar voces anticapitalistas al parlamento, como es el caso de las CUP catalanas, o en el caso de la CNT pidiendo el voto para el Frente Popular en 1936 para derrocar a la derecha y conseguir la libertad de los y las militantes presas. Debemos recordar que no somos ajenas a las políticas que salgan del parlamento. Nos afectan igual que al resto de mortales.  Sin embargo, ante prácticamente el monopolio de los grandes partidos, solo den a elegir entre neoliberalismo cercano a Margaret Thatcher o neoliberalismo con tintes socialdemócratas, sin que llegue a haber una ruptura radical con el sistema capitalista. Mientras, los partidos pequeños no consiguen casi pisar el parlamento, y más si se tratan de partidos a la izquierda de la socialdemocracia.

Entre votar o no, ronda una cuestión fundamental: la lucha de clases llevada a cabo desde las bases sociales, así como la lucha en el terreno político en las calles. Obviamente, el votar o pedir el voto para partidos minoritarios como Podemos, Izquierda Anticapitalista, Los Pueblos Deciden; e incluso IU, no implica necesariamente que solo se tome esa vía y se olvide de la lucha en las calles, aunque son casos que ocurren, en que ciertas personas solo se centran en la cuestión electoral olvidándose de la lucha en las calles. ¡Hasta hay votantes que, ante la impotencia de no poder cambiar nada, echa la culpa a los y las abstencionistas de que la derecha llegue al poder! ¿Quién es el enemigo? ¿El y la abstencionista o la injusta ley electoral y el capitalismo? Cada cual que saque conclusiones, pero las respuestas son claras: el orden burgués y el sistema capitalista. Por otro lado, la abstención de por sí no resulta nada concreto. Puede ser por pasividad, por desconfianza en las instituciones políticas, por negación a participar en el circo electoral, por no tener simpatías hacia ningún partido o porque, en el caso de los y las anarquistas, pensamos que la lucha no se puede delegar en ningún partido político, sino que se realiza en las calles a través de la organización popular y que la lucha política emane del pueblo. Es por ello que reivindicamos una abstención activa, que ponga énfasis en la autoorganización y no en el voto, en el empoderamiento (capacitación) del pueblo y no en las soluciones desde arriba. También, unos índices altos de abstención podrían significar la deslegitimación de las instituciones burguesas.

A quienes arremeten contra quienes optamos por la abstención, conviene recordarles que el derecho a la libre asociación se conquistó asociándonos; el derecho a la huelga, haciendo huelgas; así como la libertad de prensa, la jornada de 8h, los domingos festivos… ¡Incluso el mismo voto femenino! se consiguieron luchando y no votando, y que en el curso de esas luchas, derramaron mucha sangre obrera. Es en la clase trabajadora donde reside el poder y que solo se hará efectivo si se organiza y lucha contra el sistema capitalista desde las bases. Conviene recordar la frase de Voltairine de Cleyre la cual dice «los trabajadores tienen que aprender que su poder no está en la fuerza de su voto, sino en su capacidad de parar la producción».

¿Es entonces compatible el voto y la lucha en la calle? Si existe un peso mucho mayor en las bases sociales y es a través de esas bases donde se impulsan proyectos políticos, las acciones y las decisiones, siempre que la fuerza real resida en esas bases, podríamos decir que sí, como se da en el caso de la FeL Chile. De lo contrario, si no existe esa base social desde donde se articulan los movimientos sociales, es completamente inútil el voto. A partir de esta respuesta, elaboramos la contestación a la pregunta hecha en la introducción. Si bien diríamos que nos importará bien poco que gobierne la derecha o la izquierda, pues ambas posturas siguen manteniendo el sistema capitalista, nos sería más favorable un gobierno de izquierdas que uno liberal-conservador, ya que nos permitiría una mayor libertad a la hora de organizarnos y luchar que si estuviese un gobierno de derechas, que nos dificultaría más poniendo trabas legales a las organizaciones y las acciones. Por contra, un gobierno de izquierdas juega un papel apaciguador y de conciliación de clases en favor de la clase dominante, lo que se traduce en la neutralización de la lucha de clases y en la desmovilización del movimiento obrero dejándolo sin capacidad de respuesta ante las ofensivas neoliberales y/o fascistas, como ocurrió con la República de Weimar, que ante la reacción nazi, no pudieron pararles los pies.

A modo de conclusión. No obligamos a nadie a abstenerse, pero tampoco vamos a tolerar que nos obliguen a votar. Que la lucha social y de clase se gana en las calles, en los tajos, en los institutos y en las universidades y en todas partes donde el sistema capitalista pretenda abrir mercados. Pero quien quiera votar un partido minoritario o votar nulo, que sea libre de hacerlo, sin olvidar, claro está, que la lucha de clases no la ganaremos en las urnas.

La preponderancia del todo.

Para escribir esta pequeña reflexión parto simplemente de la siguiente cuestión: ¿Qué es la sociedad? Y antes de empezar, me gustaría remarcar cuánto me entristece la ligereza con la cual se habla de «sociedad» o de «humanidad» en términos tan generales hoy en día. Creo que estos conceptos son inabarcables en su totalidad, demasiado complejos y heterogéneos para nuestro limitado conocimiento y nuestro eterno desconocimiento. Aquí solamente pretendo esbozar y matizar algunos prejuicios acerca de ella e interpretar la consecuencias de dichos prejuicios.

¿Qué es, pues, una sociedad? Se suele afirmar de forma cotidiana que una sociedad es simple y llanamente el resultado de un conjunto de individuos. Creo ver aquí el primer error. Si una sociedad fuese solamente la suma de individuos sin relación alguna entre ellos, no sería sociedad en ningún caso. Los individuos son necesarios para la creación de una sociedad, naturalmente; son necesarios pero no suficientes. También interviene, de forma igualmente necesaria, las relaciones sociales que entre ellos se forman. Estas pueden no verse, no percibirse, pero forman la estructura misma de cualquier tipo de sociedad.

Como consecuencia, o al menos, como influencia de esta primera mala interpretación, surge en el camino otra. Es el error de confundir la sociedad con la asociación, que es aproximadamente lo contrario de aquélla. Una sociedad no se construye por acuerdo de voluntades. Al contrario; todo acuerdo de voluntades presupone la existencia de una sociedad, de gentes que conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en precisar una u otra forma de esa convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de sociedad como reunión contractual, y por lo tanto, jurídica, es el más insensato ensayo que se ha hecho de poner la carreta delante de los bueyes, por así decirlo. Porque el Derecho es, si se me perdona, la secreción, la separación espontanea de la sociedad, y no puede ser otra cosa. Querer que el Derecho rija las relaciones sociales entre seres que previamente no viven en efectiva sociedad, me parece tener una idea bastante confusa de lo que es la organización social.

Es como intentar hacer encajar por la fuerza piezas de por sí dispares. Muchos pensadores y eruditos han estudiado, escrito y especulado sobre esto, y para ellos es una cuestión muy difícil en la que tú, el individuo, te sientes totalmente perdido en sus filosofías, y ellos han llegado a la conclusión de que tú no cuentas en absoluto. Lo que es importante, dicen ellos, no eres tú, sino «el todo«, toda la gente junta. Este «todo» lo denominan ellos «sociedad», o «el Estado», y los pícaros han decidido actualmente que no importa si tú, el individuo, eres miserable, mientras que la «sociedad» esté en orden.

De alguna u otra manera olvidan explicar cómo puede estar en orden la «sociedad», o «el todo», si los miembros singulares de ella son desgraciados. Esto es todavía más claro cuando se habla del Estado propiamente dicho. Éste es el sacrificio de la libertad y de los intereses de cada uno, tanto de los individuos como de las unidades colectivas más pequeñas, como las provincias y las asociaciones,  a la libertad de el todo, de todo el mundo, a la prosperidad del gran conjunto. Pero este «todo el mundo», ese gran conjunto, ¿qué es, sino? Es la aglomeración de todos los individuos y de todas las colectividades humanas más restringidas que lo componen.

Pero en el preciso momento en que los individuos y las localidades se componen y se coordinan con «el todo», ¿qué ocurre con los intereses  individuales y locales? Deben de ser sacrificados; no queda otra. Y el todo que supuestamente les representa, ¿qué es? No es el conjunto viviente, que deja respirar a cada uno a sus anchas y se vuelve más fecundo cuando más se desarrollan en su seno la libertad y la prosperidad; es al contrario, la inmolación perpetua tanto de cada individuo como de cada asociación local, es la completa negación de la vida y del derecho de todas las partes que componen ese «todo el mundo», por el llamado bien de todo el mundo. Es el Estado sobre el cual se anula la sociedad e individualidad natural.

La contradicción existe y ha existido de todas formas, porque sin la independencia personal se anula el individuo y sin la asociación de individuos la vida es imposible. La asociación lleva consigo un acto deliberado de voluntad libre; cualquier otra cosa es subordinación, en ningún caso asociación. Por lo tanto, el pacto entre seres iguales y libres resuelve la contradicción y asegura la independencia personal y realiza la solidaridad.

Cualquier otro tipo de sociedad que se ampare en el Estado y en el todo (incluyendo al socialismo gubernamental) podrá hablar de libertad, pero esta estará de tal modo condicionada que sería mejor hablar de subordinación forzosa a la soberanía de la sociedad y «del todo». En este punto, quien aprecie su libertad individual tendrá que inclinarse de forma necesaria al anarquismo.

Fuera de él toda promesa de verdadera liberación es un engaño, una falaz mentira.

Radix

Reflexiones sobre la defensa de los servicios públicos

La necesidad de poner por escrito estas reflexiones surge tras la lectura del artículo publicado en Regeneración Libertaria “Lo público y la autogestión: defensa y avance” del Grupo Anarquista Albatros. He de decir que la intención no es enfrascarme en una polémica meramente ideológica de opiniones vacías, sino poder avanzar en un debate fundamental, a mí entender, en el momento de conflicto social actual en el que nos encontramos. Es por ello que busco contraargumentar algunos de los planteamientos vertidos en el artículo. Espero que ambas posturas sirvan para enriquecer un necesario debate dentro del medio libertario, si queremos dar pasos hacia un proceso de cambio social real [1]. A falta de un origen genuino de este escrito, seguiré el hilo del artículo que critico para expresar mis ideas respecto a este tema.

En primer lugar, debo decir que no comparto la separación que se hace entre Estado y Capital. El hecho de que se trate de dos entes aparentemente ajenos y en ocasiones antagonistas (en términos de posicionamientos liberales o proteccionistas), no debe llevarnos a confusión. Ambos responden a los mismos intereses y sus aparentes conflictos no son sino aquellos que expresan la competencia entre distintas facciones burguesas. La burguesía no es eminentemente liberal o proteccionista, ambos planteamientos son estrategias a utilizar en función de las necesidades del capital de expandirse y reproducirse. Por ello puede llevar a confusión, y a la vez ser fruto de la confusión, el establecer lo estatal como ajeno al mercado e incluso opuesto a este. La idea subyacente que se expresa en la afirmación de que los servicios públicos eran algo en lo que los capitalistas no podían meter mano es que el Estado es una institución que de alguna forma nos protege del capitalismo o, en la versión ciudadanista, que lo regula para que no se desmadre. Ambas opciones obvian que el Estado responde a la necesidad de los capitalistas de regular en un territorio determinado las condiciones de explotación de la clase trabajadora y, sobre todo, de defender sus intereses frente a la propia clase trabajadora u otros capitalistas.

Se plantean los servicios públicos como conquistas de la clase trabajadora, sin embargo, aunque es innegable que se establecieron como respuesta a la creciente fuerza del proletariado, no es menos cierto que también supusieron la opción menos mala para la burguesía en un momento de crecimiento económico y maximización del beneficio extraído a los trabajadores. En cualquier caso creo que un análisis de los procesos históricos de lucha ha demostrado que, en parte, esos servicios públicos supusieron el germen, aunque no el único, de la derrota proletaria cuyas consecuencias vivimos hoy día.

Los servicios públicos son actividades controladas por el Estado y aunque pretendamos establecer la necesaria diferencia conceptual entre público y estatal, negar que esos servicios responden al control social del Estado, entendido como gestión más que como vigilancia (lo que no excluye que a través de esa gestión se amplíe el grado de acción y la capacidad de la vigilancia), es tergiversar la realidad. Que esos servicios públicos cubran necesidades de los trabajadores y que por tanto no sean ajenos a sus intereses, no significa que en realidad respondan a los mismos. Entender el concepto de lo público como “aquello que tiene cualidades para no ser una mercancía” o cuya “gestión esté al margen del mercado” es efectivamente un paso para cambiar el concepto de las relaciones sociales, pero no podemos olvidar que los servicios públicos (es decir, estatales) están regidos por criterios mercantilistas en tanto que constituyen parte del salario social que los trabajadores y trabajadoras (aquellas que lo hacen en el ámbito reproductivo también) reciben a cambio de vender su fuerza de trabajo.

Simplificar la cuestión de la organización social diciendo que estos servicios serán necesarios en un escenario posrevolucionario merecería un largo debate sobre la forma y el contenido de la revolución que ahora mismo considero estéril, pero que sí requiere ciertos matices para comprender el proceso revolucionario que queremos, y necesitamos, acometer [2]. Decir que las personas necesitaremos instituciones, organizaciones o estructuras sociales para vivir antes, durante y después (si existe un después) de la revolución social no es decir nada nuevo ni descabellado, pero obviar que también deberán ser esencialmente distintas a estos servicios, y no solo en términos de gestión, es no ser capaz de ver que lo que se trata a través de la revolución social es de transformar por completo las relaciones sociales y el mundo en el que vivimos, no únicamente gestionarlo de otra manera, ni aun tratándose del tan recurrente período de transición entre la sociedad capitalista y la sociedad “posrevolucionaria”. Considero que este planteamiento acerca del período de transición hasta ahora no solo se ha demostrado erróneo, sino que responde a la incapacidad teórica, y práctica, de resolver cómo acometer a cabo dicho proceso revolucionario.

Esto no significa que los conflictos sociales actuales no sean un ámbito de la lucha revolucionaria, ni mucho menos [3], sino que ésta debe articularse con plena coherencia asumiendo entre otras cosas que efectivamente no es fácil “decir” a la gente que transformar la sociedad implica dejar de delegar nuestras vidas, extender la lucha hasta las últimas consecuencias, etc. Esto es algo que sabe muy bien toda persona con una perspectiva revolucionaria que haya intentado salirse de los espacios “guettizados” y luchar codo con codo con sus vecinos y vecinas o en espacios políticamente heterogéneos.

Uno de los principales errores del artículo, o con los que más en desacuerdo me encuentro, es el análisis de la naturaleza de los servicios públicos y su concepción de ellos como derechos. Los servicios públicos no solo no son derechos sino que, además, tampoco rompen con la lógica de mercado del capital. De hecho son una parte imprescindible para su reproducción, pues si no podemos acudir al trabajo (transporte) o mantenernos en condiciones físicas de trabajar (salud) no hay producción capitalista. En mi opinión, la propia noción de derecho debería ser discutida desde una perspectiva revolucionaria, pero eso será materia de un debate distinto.

Es más, creo que es necesario que rompamos los límites de lo que conocemos para poder pensar y expresar una sociedad radicalmente diferente. El artículo acierta al observar que “el reconocimiento de un derecho por parte de una ley no significa la inmediata materialización de este”, sin embargo en el mismo párrafo demuestra esa incapacidad de la crítica social y del medio antagonista para imaginar unas relaciones sociales diferentes cuando equipara el organizar la propia vida con hacer cumplir un derecho público, al margen del error que supone equiparar servicio público con derecho público. La lucha contra el capital por una necesidad básica no es revolucionaria per se, únicamente lo es cuando la defensa de esas necesidades básicas niegan sin ambigüedades, tanto en la propia lucha como en los objetivos que persigue, las relaciones sociales capitalistas.

Llegados a este punto, veo innecesario volver sobre los límites de la autogestión como praxis revolucionaria. Primero porque el propio artículo ya los plantea y segundo porque, a falta de proyectos, experiencias o propuestas autogestionarias concretas que analizar, reflexionar sobre la autogestión en sí resulta abstracto para el tema que nos ocupa. No obstante, sí me gustaría hacer algunos apuntes al hilo de este debate [4]. Es evidente, como bien afirma el artículo, que la autogestión por sí misma no puede transformar la sociedad. En todo caso supone una herramienta de lucha, fundamentalmente contra el Estado; que lo sea también contra el Capital depende del propio proceso revolucionario, algo que también afirma el artículo. La publicación Terra Cremada lo expresaba así:

“Evidentemente, la realidad no es blanca o negra y, como la lucha de clases bebe de las contradicciones que da esta realidad, «la autogestión» en abstracto tampoco la podemos refutar. A pesar de que la autogestión no es la alternativa al capitalismo, sí que nos puede ayudar a caminar para superarlo, ya que la lucha por la gestión colectiva de las productoras puede hacernos ver la coincidencia de intereses como explotadas, puede ayudarnos a romper el aislamiento y el individualismo del «sálvese quien pueda» y, lo que es más importante, el hecho de pasar por la autogestión de nuestro espacio de explotación puede permitirnos darnos cuenta de que esto no soluciona la explotación en sí. No es necesario pasar individualmente por estos procesos para darnos cuenta de esta trampa contrarrevolucionaria, pero seguramente a un nivel colectivo alguna gente apostará por la fórmula autogestionaria hasta que no se dé cuenta que la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad no pasa por cambiar las formas de quién gestiona qué, sino de un cambio profundo de la totalidad de las relaciones sociales.” [5]

No obstante, hablar de autogestión en relación a los servicios públicos tiene sus propios matices. Efectivamente, éstos no son ajenos a los intereses de las personas, al menos no como podría serlo una fábrica de armas o de coches, y por tanto atender a sus propias necesidades es primordial para el proletariado si aspira a poder avanzar en un proceso revolucionario, tanto en términos de autonomía en la lucha como de construcción de nuevas relaciones sociales. Aún así, la vía de la autogestión de los servicios públicos para resolver esta cuestión ofrece como mínimo serias dudas. En primer lugar sobre su viabilidad y, en segundo, sobre su capacidad para desembocar en una ruptura radical con las relaciones sociales capitalistas caracterizadas por el asistencialismo, la pérdida de responsabilidad y de autonomía colectivas, la especialización, etc. El caso del Hospital Dos de Mayo de Barcelona allá por el año 2011 es una muestra significativa de las formas que puede tomar la autogestión de un servicio público:
“¿Qué significa la autogestión de un hospital? Un hospital nada más tiene tres maneras de subvencionarse: por parte del Estado, de forma privada a partir de sus socias o clientes, o a través de los impuestos con una gestión del capital por parte de un grupo privado. Si nos fijamos detenidamente […] lo que se da cuando se habla de autogestión por parte de las trabajadoras es un proceso de privatización donde […] una empresa que no es rentable con un formato clásico pasa a serlo vestida como cooperativa de trabajadoras. El Estado, de esta manera, mata dos pájaros de un tiro: por una parte evita el conflicto laboral a la hora de recortar presupuestos, desplazándolo hacia la movilización de las currelas en la salvaguarda de sus lugares de trabajo y, por otra, consigue que el servicio que anteriormente se estaba ofreciendo continúe, evitando así el malestar de las usuarias. Tiempo al tiempo, pero si no ya lo veremos… el copago será introducido en este tipo de ensayos y no será de la mano del Institut Català de la Salut, sino por parte de las trabajadoras del hospital alegando a la solidaridad con un servicio pretendidamente indispensable.” [6]
El problema básico respecto de la propuesta del artículo es que si seguimos defendiendo períodos de tránsito prerrevolucionarios basados en la gestión cooperativa del mundo actual hasta poder llevar a cabo realmente las relaciones sociales que deseamos construir, seguimos aplazando hasta el infinito la posibilidad de crear esas relaciones. Los procesos de lucha de los que somos herederos, o pretendemos serlo, deberían enseñarnos que el proceso de la revolución social tiene que contener en sí mismo todas las características de esa revolución social. Y ésta no es una cuestión de echar a la burguesía privilegiada y gestionar nosotros mismos el sistema que han construido para defender sus intereses, sobre todo porque la explotación capitalista no es simplemente un problema de gestión, sino de cómo nos relacionamos, tanto entre nosotros como con la naturaleza:

“El capitalismo tampoco es una manera de organizar la economía a pesar de que sus pilares sí surgen de quién, cómo y qué se produce en esta sociedad. Pero la forma que toma este sistema hoy en día ha salido del estrecho marco del mundo laboral extendiéndose al resto de aspectos sociales que hasta entonces habían tenido cierto margen de libertad. Ahora la generación del capital no se limita a la producción, sino que intenta crecer ininterrumpidamente a partir de la mercantilización de los recursos básicos —agua, tierras productivas, etcétera—; de la explotación de la Tierra, plantas y el resto de animales; y de todo lo que produce vínculo social —comunicación, afectos, conocimientos, etc.” [7]

No pienso que la autogestión deba ser ningún norte revolucionario, incluso como herramienta tiene sus propias limitaciones, por lo que centrar la lucha por nuestras condiciones de vida a la cuestión de la autogestión de los servicios puede ser limitar en la práctica, si no condenar, la perspectiva revolucionaria.

Volviendo al asunto principal del artículo, lo público, veo necesario seguir reflexionando sobre algunos de los puntos que considero erróneos. El intercambio y la distribución de productos, las comunicaciones y el resto de servicios públicos no responden a necesidades reales de la población, excepto quizá en el sentido difuso del término población, sino a las necesidades e intereses del capital. Una vez más, el artículo mezcla la evidente necesidad, o deseo, de las personas de comunicarse, comer, aprender o estar sanas con la organización de estas actividades a través de unos servicios que responden a la necesidad del capital de que los trabajadores coman, se desplacen, “aprendan” o funcionen. Esta confusión hace aún más difícil vislumbrar los posibles caminos que realmente puedan conducir al proletariado a la revolución social y la abolición de las clases.

La cuestión de que no podamos, o debamos, desorganizar tales servicios merece profundizar en la idea de desorganizar (desorganizar el sistema público de educación o los servicios sociales es una necesidad prioritaria de cualquier proceso que se pretenda revolucionario); pero lo que quiero recalcar es que, aun compartiendo la visión de que sin una propuesta clara sobre qué proponemos que es mejor que lo ya existente predicar la destrucción de todo es una consigna ideológica, no creo que el planteamiento revolucionario pase por reclamar una mejor organización de lo que hay. En todo caso, ese es un papel que le va mucho más a la izquierda parlamentaria.

Siguiendo con los errores que percibo en el artículo, creo que el análisis de la realidad que nos conforma y de los procesos de lucha que enfrentamos a ella debe cuidarse mucho de distinguir entre las legitimaciones que da el sistema para conseguir la aceptación social y lo que se esconde tras sus discursos. De no hacerlo, corremos el riesgo de creernos las mentiras que tratamos de desmontar y por tanto no ser capaces de saber dónde y cómo debemos atacar y empezar a construir. Las privatizaciones no se basan en el supuesto de que el mercado organiza mejor la producción de recursos, sino en que generan mayores beneficios para la burguesía. De hecho no es ninguna paradoja que el Estado adopte una política de privatizaciones, es una consecuencia lógica de su función como salvaguarda de los intereses nacionales y territoriales de esa misma burguesía. Está claro que las privatizaciones tienen consecuencias sobre nosotros, pero son las mismas consecuencias que tiene el capitalismo en sí. La cuestión del grado de intensidad de esas consecuencias responde más a la relación de fuerzas actual que a la sinvergonzonería. Saber que el problema de fondo no son las privatizaciones es parte de lo que nos diferencia de quienes dicen querer gestionar el Estado de otra manera, pero no es lo único. También el saber que hay otra forma radicalmente distinta de hacer las cosas, no solo de organizarlas. Una de las pruebas de la pauperización de nuestra capacidad crítica es precisamente nuestra incapacidad para pensar relaciones sociales diferentes en el mundo actual en lugar de intentar cuadrar las que imaginaron nuestros predecesores en su momento histórico.

Comparto la necesidad de plantear de forma realista cuál es el contenido de la revolución social lejos de consignas, pero no para trazar un camino a seguir sino para tratar de llevarla a cabo aquí y ahora, participando en las luchas que nos afectan como proletarios y trasladando ahí nuestra perspectiva revolucionaria (perspectiva que urge pensar lejos de las formas actuales capitalistas). La gestión de unos servicios públicos por los propios implicados, entendidos los servicios como estructuras que permitan cubrir las necesidades de las personas, pasa por ser capaces de imaginar otra manera de cubrir dichas necesidades y no por controlar los servicios públicos estatales.

Exigir al Estado que financie los servicios públicos no es resolver la cuestión de cómo queremos desplazarnos, comer, aprender, cuidarnos, etc. sino posponerla. La afirmación de reapropiación de los recursos deja entrever que el problema del capitalismo sería una cuestión de gestión y no de la naturaleza de las relaciones. Reapropiarse del Estado (o de los recursos que concentra) parece sugerir la vieja idea de tomar el poder y disfraza que la financiación refuerza en la práctica la legitimidad del Estado en cuanto que lo “necesita” para proveer esos recursos.

En última instancia, dado que parece que al calor de las movilizaciones en torno al 15M, las diferentes mareas o las asambleas de barrios y pueblos ha vuelto a plantearse el debate en el medio libertario sobre la incidencia social del anarquismo, me gustaría hacer un apunte sobre el supuesto carácter revolucionario de la conflictividad social. Creo que la conflictividad social por sí misma, no posee ningún carácter específicamente revolucionario más allá de la expresión del descontento o de las contradicciones del sistema. Hemos visto una conflictividad social en los suburbios de París, en Grecia o en las ciudades de Reino Unido mucho más violenta y desesperada que la vivida en el estado español y en ningún caso ha derivado en un movimiento proletario que avance de forma efectiva contra el Capital. Digo esto para intentar argumentar que lo importante no es la conflictividad social en sí, sin negar que momentos de ruptura social pueden propiciar una conciencia práctica de lucha, sino dónde conduce ese conflicto y cómo evoluciona. Que las privatizaciones afectan de manera negativa a los proletarios como individuos, al menos a corto plazo, porque pierden la “protección” del Estado frente a la avidez del Mercado es evidente, lo que no encuentro tan irrefutable es que a largo plazo una opción sea mejor que otra para el proletariado ya que ambas políticas responden a los intereses de la burguesía que en esencia no es ni liberal ni proteccionista sino lo que más le convenga en cada momento. También me parece más que discutible el hecho de que defender los servicios públicos, por muy claro que tengamos el objetivo de capacitarnos, nos posibilite para tomar su control y su gestión, incluso aunque eso fuera deseable.

Para pelear por nuestras condiciones de vida no necesitamos defender lo existente, ni siquiera en tiempos de ofensiva capitalista, sino crear aquello por lo que luchamos. Lo contrario solo profundizará en la derrota, la misma que les permite atacarnos despiadadamente.

Moncho Pardal
Madrid 2013

Notas

[1] Durante la elaboración de este artículo, ha sido publicado un ensayo en RL ampliando el debate en torno a la autogestión de lo público en el ámbito concreto de la universidad. No puedo sino aplaudir la expresión y discusión de ideas que nos ayuden a tener más claro cómo avanzar en la lucha contra el actual sistema de dominación y explotación.

[2] Que ahora mismo estemos lejos de una situación siquiera prerrevolucionaria no debería llevarnos a descuidar nuestros posicionamientos ni a rebajar la radicalidad de nuestro discurso, lo que no quiere decir quedarnos en el cómodo mundo de las consignas, sino mojarnos en las luchas sociales con coherencia respecto a nuestras teorías.

[3] De hecho, creo que esta es la idea principal defendida en el artículo, con la que estoy completamente de acuerdo, y la que me lleva a querer profundizar en este debate.

[4] Sobre el debate de la autogestión recomiendo la lectura del artículo “Autogestión de la miseria o miserias de la autogestión”, aparecido en el nº 3 de la publicación catalana Terra Cremada. http://terracremada.pimienta.org/autogesti%C3%B3_cas.html.

[5] “Autogestión de la miseria o miserias de la autogestión”. Terra Cremada nº 3, noviembre 2012.

[6] Ibíd.

[7] Ibíd.

[8] Sobre este tema he encontrado muy enriquecedor el artículo “Apuntes polémicos sobre economía y revolución” publicado en el nº37 de la revista vasca Ekintza Zuzena (2010). http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article519

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